El renovado avance de la justicia sobre los represores de la última dictadura en Argentina (1976-1983), alentado por el gobierno de Néstor Kirchner, desató una inesperada ola de amenazas, intimidaciones y hasta la desaparición de un testigo clave.
Avisos de bomba que obligan a evacuar cotidianamente escuelas y universidades, cartas y llamados intimidatorios a jueces, fiscales y periodistas, amenazas y golpizas a testigos y familiares de víctimas se tornaron habituales en las últimas semanas a raíz de la reapertura de juicios contra represores.
Pasaron casi dos decenios desde las sublevaciones militares que, bajo amenaza de golpe de Estado, exigieron al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) sustraer de la acción judicial a más de un millar de represores.
La extorsión fue efectiva. En 1988, se sancionó la Ley de Obediencia Debida, que los liberó de proceso.
En 2005, esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La democracia ya no está amenazada como entonces. No hay riesgo de un golpe institucional de las fuerzas armadas. Los activos están subordinados al poder civil y casi no quedan efectivos que hayan participado en la represión clandestina. Sin embargo, el sistema democrático es intimidado desde las sombras, al parecer por quienes se beneficiaron de aquella impunidad y ahora, con la derogación de las leyes de amnistía, vuelven al banquillo de los acusados.
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"El pasado no está derrotado ni vencido", advirtió el presidente Kirchner esta semana, angustiado por los 10 días de desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente de cinco centros clandestinos de detención y testigo principal para la condena al ex jefe policial Miguel Etchecolatz este mismo mes.
"Cada vez que tienen una oportunidad aprovechan para demostrar que están presentes", lamentó el mandatario, y exhortó: "Estemos atentos, argentinos. Se está buscando amedrentar la búsqueda de la verdad. No podemos dejar que ese pasado vuelva a repetirse."
Tras la nulidad de las leyes de impunidad, sectores vinculados con las fuerzas armadas —esposas de militares, retirados y familiares de víctimas de la guerrilla de los años 70— reivindicaron en diversos actos lo que aún hoy consideran una "guerra", sin admitir los graves delitos cometidos en la represión.
Una de las más activas, Cecilia Pando, esposa del oficial Rafael Mercado y principal portavoz de la nueva Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, pidió incluso "una amnistía amplia y generosa" para los militares que se ensañaron con los opositores durante el régimen.
En los dos últimos meses hubo dos juicios en los que se ventilaron crímenes horrendos. Secuestros, torturas, violaciones, apropiación de niños y saqueos fueron relatados por sobrevivientes, familiares y testigos.
En el caso de Etchecolatz, el tribunal, por primera vez, calificó esos delitos como parte de un "genocidio".
Pero casi al mismo ritmo en que se dicta justicia, se multiplican las amenazas de bomba, se denuncian golpizas, intimidaciones y amenazas de muerte.
Las autoridades debieron evacuar tres veces en las últimas semanas la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, donde dicta clases la ex detenida Adriana Calvo, otra testigo del juicio a Etchecolatz.
El jueves sucedió un hecho similar en la Universidad Nacional de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Fue la tercera evacuación en una semana, según revelaron autoridades de esa casa de estudios.
"Es evidente que desde la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida han recrudecido de manera alarmante las amenazas públicas de los nostálgicos del terrorismo de Estado", sostuvo el periodista, escritor y diputado Miguel Bonasso, del Bloque Convergencia, aliado del gobierno.
En la sede del Servicio de Paz y Justicia, organización de derechos humanos que lidera el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, ingresaron desconocidos. También en la casa del hermano de José Poblete, un desaparecido cuyo destino se dirimió este año en el primer proceso contra un represor, en ese caso el policía Julio Simón.
También aparecieron volantes sin firma en torno a la no gubernamental Casa de los Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe con el texto "Jorge López, desaparecido 30.001 ¿quién será el 30.002?", aludiendo así al numero de desaparecidos del régimen que reivindican los organismos humanitarios.
Si se confirma que la ausencia de López es una respuesta a su valiente testimonio y se busca de ese modo amedrentar a testigos de un millar de causas que acaban de comenzar, sería el hecho más grave de esta ofensiva.
El ministro del Interior Anibal Fernández aseguró que "hay sectores muy claros y definidos que buscan obstaculizar el avance de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad", pero no los identificó.
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, pidió a los jueces el listado de testigos que serán llamados a declarar en los juicios venideros, a fin de garantizar su protección.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, no descartó que haya policías de su distrito involucrados en la desaparición de López y, por si acaso, ordenó la jubilación anticipada de unos 60.
Las organizaciones de derechos humanos creen firmemente que se trata de sectores relacionados con militares y policías, en actividad o retirados, que fueron parte de la represión ilegal y ahora intimidan desde las sombras, muchas veces amparados por estructuras de seguridad de la que todavía forman parte.
La justicia de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, investiga cuatro amenazas anónimas a testigos y familiares de víctimas realizadas en vísperas de la condena a Etchecolatz.
También hubo periodistas, como Mónica Gutiérrez, que denunció haber recibido un sobre que contenía una intimidación. El columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, y el editor del periódico Perfil, Jorge Fontevecchia, también aseguraron haber recibido amenazas.
El miércoles, el juez del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozansky, encargado de leer el martes los fundamentos de la sentencia contra Etchecolatz, recibió una carta anónima cuyo remitente indicaba "III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo Barcelona-España".
La misiva se refería a Kirchner "y su banda de experimentados delincuentes" e increpaba a los destinatarios. "Sabemos que usted, directa o indirectamente, está recibiendo presiones del gobierno nacional para actuar en función de intereses de quienes no buscan justicia sino venganza", añadía.
El mismo texto, firmado por "un grupo de argentinos dispuestos a luchar por la verdadera justicia", llegó a otros jueces y fiscales que llevan adelante procesos contra represores en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Mendoza, La Rioja, Salta y Tucumán.
La Corte Suprema de Justicia manifestó el viernes "profunda preocupación" por las amenazas a jueces y fiscales, y sin mencionar a López reclamó la "debida protección de testigos".
"La plena vigencia del estado de derecho y la consecuente independencia del Poder Judicial no toleran este tipo de actitudes antidemocráticas que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones" advirtió el cuerpo.
El fiscal federal Jorge Auat, que interviene en la investigación por el fusilamiento de 22 presos políticos en 1976 en Chaco —conocido como "la masacre de Margarita Belén"—, explicó que la carta amenazante, que él también recibió, "parte del supuesto de que el avance de estas causas se debe a un impulso político". (FIN/IPS/mv/mj/ip hd ar/06)
