Las compañías mineras en Perú obtienen ganancias cada vez más millonarias dado el auge de los precios internacionales de los metales, pero no aportan lo necesario para aliviar la pobreza de quienes viven en las zonas donde explotan los yacimientos.
El presidente Alan García, quien asumió el poder el 28 de julio, prometió durante su campaña electoral renegociar los contratos con el sector minero. Pero ahora está dispuesto a aceptar "aportes voluntarios" para inversión social, cuyos montos no están definidos.
En la noroccidental región peruana de Cajamarca se ubica la mina aurífera más importante de América Latina, operada por la empresa Yanacocha, en sociedad con la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura. Pero paradójicamente la boyante mina descansa en una zona donde 74,2 por ciento de la población es pobre.
Quinto productor mundial de oro, segundo de plata, tercero de cobre y zinc, y cuarto de plomo, "Perú es un mendigo sentado en un banco de oro", reza un popular refrán. Porque también es uno de los países con mayor pobreza en la región.
Cincuenta y uno por ciento de los 27 millones de peruanos es pobre y 24 por ciento vive en la pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística, INEI.
En los últimos dos años los precios del cobre aumentaron 111 por ciento, del oro 42,5 por ciento y de la plata 65,5 por ciento, pero esta escalada no catapultó el bienestar de las comunidades que rodean los yacimientos, que denuncian la contaminación de sus ríos y lagunas por la producción minera y que exigen al Estado obligar a las compañías a responder por los daños ambientales.
En la meridional ciudad de Cusco, donde opera la anglo-australiana BHP Billinton Tintaya, tercera productora de cobre de Perú después de Antamina y de la estadounidense Southern Perú, 59,2 por ciento de los casi 1,2 millones de habitantes es pobre, reveló el INEI.
En la occidental región de Ancash, pese a la explotación de oro de la canadiense Barrick Gold, 55,3 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 23,4 por ciento es extremamente pobre.
Según la agencia de noticias económicas Bloomberg, en los últimos dos años los precios de cobre aumentaron 111 por ciento, de oro 42,5 por ciento, de plata 65,5 por ciento, de zinc 150 por ciento, de plomo 36,5 por ciento y de estaño 15 por ciento.
Para empezar a resolver estas inequidades, el presidente Alan García se comprometió a renegociar los contratos con el sector minero y a aplicar un impuesto a las sobreganacias de las compañías.
Pero el tema quedó entrampado en la tibieza de las negociaciones recién iniciadas. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, confirmó a Tierramérica que sólo se aceptaría un "aporte voluntario" de las mineras, porque hay contratos de "estabilidad jurídica" firmados durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que en algunos casos siguen vigentes.
Esos contratos congelaban el pago de impuestos. Y, según los empresarios, la obligatoriedad del pago de las regalías -establecidas recién en 2004- debía ser exonerada por considerarlas un tipo de impuesto.
Sin embargo, ese año el Tribunal Constitucional estableció que la regalía es una contraprestación por explotar recursos no renovables. Y, por lo tanto, debía ser pagada.
Se calcula que solamente en 2005 el Estado dejó de percibir regalías por casi 158 millones de dólares porque las empresas se amparan en los contratos de estabilidad, informaron a Tierramérica el ex candidato presidencial por el Partido Socialista Javier Diez Canseco y expertos del consorcio de organizaciones no gubernamentales Propuesta Ciudadana.
El Ministerio de Energía y Minas señala que 25 de las 27 grandes compañías mineras con contrato de estabilidad jurídica no pagan regalías. Entre ellas, Yanacocha, BHP Billiton Tintaya (que ya realiza un aporte voluntario con base en sus utilidades) Barrick Gold, Cerro Verde y Antamina.
Hay otras 40 empresas que sí pagan, aunque son las más pequeñas, salvo Buenaventura, Shougang y Southern Perú, cuyos contratos de estabilidad vencieron en 2005.
Según las autoridades, desde 1996 hasta 2002 las firmas mineras pagaron aproximadamente 682 millones de dólares de impuesto a la renta.
Entre 2002 y 2006 Yanacocha incrementó 225 por ciento sus utilidades netas, según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores. En el primer semestre de este año pasó de 210 millones de dólares a 681,5 millones.
Datos extraoficiales indican que dicha empresa habría ofrecido al gobierno un aporte voluntario de apenas 20 millones de dólares anuales.
Al sumar las utilidades netas obtenidas por cinco grandes mineras extranjeras en lo que va de 2006, se totaliza 2.759 millones de dólares. Pero el premier Jorge del Castillo señaló que "no se puede arriesgar la estabilidad jurídica y debe llegarse a un punto medio de negociación con las empresas".
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos del Solar, informó a Tierramérica que los empresarios entregarán estos días una propuesta del aporte voluntario que será anunciada públicamente el 24 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros en su primer discurso en el Palacio Legislativo.
"Somos conscientes de la gran presión social existente, pero el sector empresarial también hizo muchas obras y no puede solucionar todo", señaló Del Solar.
Para el representante de la Sociedad de Minería y gerente general de la norteamericana Hunt Oil del Perú, una de las operadoras del millonario proyecto gasífero de Camisea, el gobierno debe administrar mejor los recursos que obtiene para atenuar el descontento de la población.
El funcionario aludía a los cerca de 300 millones de dólares que en 2005 quedaron congelados en cuentas corrientes a nombre de los gobiernos regionales y locales, según el Ministerio de Economía.
Las mineras y el gobierno central alegan que este dinero no fue invertido porque las autoridades regionales y locales no pudieron sustentar proyectos para ejecutar obras. Estas, a su vez, señalan que el Sistema Nacional de Inversión Pública no atiende con celeridad sus propuestas.
Entre 2001 y 2005, los aportes por canon y regalías se quintuplicaron por el repunte internacional del precio de los metales. El Ministerio de Economía estima que este año las regiones recibirán cerca de mil millones de dólares por esos mismos conceptos.
Entre cifras de bonanza y negociaciones, aumentan los conflictos entre las mineras y las comunidades. A comienzos de mes murió un campesino en la localidad de Combayo tras un enfrentamiento con la policía y el personal de seguridad de Yanacocha. Su muerte sigue investigándose. Los campesinos se declararon en pie de lucha.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 19 de agosto por la red latinoamericana de Tierramérica.
