Al decidir este jueves facilitar la legalización de inmigrantes indocumentados, el Consejo de Ministros de Portugal dio un paso significativo hacia la protección de más de medio millón de trabajadores extranjeros, al tiempo que se separó de la tendencia general europea de cerrar fronteras.
La fecha de la aprobación de la nueva ley de inmigración fue escogida con una buena dosis de simbolismo, al hacerla coincidir con la cumbre en Brasilia del primer ministro de Portugal, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva.
Con este "gesto de buena voluntad", como califican la medida algunos analistas, o de "necesidad de optimizar las relaciones con la nación hermana", según opinan otros, Sócrates colocó punto final a un viejo litigio entre Brasil y Portugal.
Debido a los vínculos históricos, culturales y lingüísticos, Portugal se ha convertido en país receptor de unos 160.000 inmigrantes de Brasil, un tercio de los cuales están indocumentados. Esta es la mayor colectividad extranjera residente en esta nación de 10,2 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea (UE) desde 1986.
La nueva ley prevé otorgar visa de residencia temporaria a los extranjeros que pretendan buscar trabajo en Portugal, siempre que cuenten con las calificaciones concordantes con la llamada "bolsa de empleo", que anualmente es publicada por un dictamen de la Comisión Permanente de la Concertación Social, organismo conformado por representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos.
Este sistema, que el Poder Ejecutivo ha llamado "oportunidades globales de la contingencia de trabajo", exige que los extranjeros ingresen al país con una promesa de contrato de trabajo, o en su defecto que respondan a la oferta de la "bolsa de empleo", la cual será divulgada a través de Internet por el Instituto de Empleo y Formación Profesional.
La ley establece también un nuevo sistema de visas para la inmigración temporaria y concesión de autorizaciones de residencia a investigadores y cuadros calificados extranjeros.
La iniciativa, que no tuvo que ser debatido en el parlamento debido al total apoyo que tiene, prevé que sea concedida la residencia a inmigrantes indocumentados que ya están "efectivamente integrados en el mercado regular de trabajo", y a aquellos que desarrollen actividades empresariales.
Esta política se separa de la tendencia generalizada de la UE, de levantar muros legales y policiales cada vez más altos para contener a los inmigrantes.
La legislación también determina duras sanciones judiciales para castigar el tráfico de personas y la inmigración ilegal, establece multas a los empresarios que contraten a indocumentados, y criminaliza a los llamados "casamientos de conveniencia".
Cuando la solicitud de inmigración sea denegada, la nueva ley otorga el derecho al ciudadano extranjero afectado a recibir información —"en un idioma que pueda entender"— sobre los argumentos que motivaron el rechazo, la cual también "deberá ser comunicada a la misión diplomática de su país de origen".
La política de puertas abiertas a los trabajadores extranjeros, promovida por Lisboa desde el inicio del gobierno de mayoría absoluta parlamentaria del Partido Socialista (PS), ha sido aceptada en general por las asociaciones de inmigrantes, que ven así cumplidas —en parte— sus viejas reivindicaciones.
Pero no todas ellas, según dijo a IPS Eduardo Tavares de Lima, presidente de la Asamblea General de la Casa do Brasil, quien elogia las decisiones del gobierno, pero lamenta que no haya sido atendida la petición de legalización de todos los inmigrantes que se encuentran en Portugal.
En cambio, "son otorgados poquísimos visados de trabajo, y todos los extranjeros que llegaron después del 31 de diciembre de 2002, o en el caso específico de los brasileños, después del 11 de julio de 2003 —cuando el presidente Lula visitó Portugal—, continúan en situación irregular", dijo Tavares.
Una gestión de Lula en ese viaje consiguió extender el plazo para la regularización de inmigrantes brasileños.
Tavares de Lima destacó la situación precaria de "miles de inmigrantes, en especial de los países africanos de habla portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe), que llegaron hace más de un cuarto de siglo y que han sido de vital importancia en la construcción del Portugal moderno".
Sócrates, en cambio, al concluir la reunión con Lula da Silva, aseveró que la nueva legislación "facilitará la integración, y será más rápido y simple conseguir autorización de residencia".
El gobernante lusitano añadió que la decisión de su gobierno es "un paso muy significativo para el reconocimiento de la importancia de la comunidad brasileña" residente en Portugal.
Entre las facetas más positivas de la nueva legislación, según las asociaciones de inmigrantes y organizaciones defensoras de sus derechos, se destaca la posibilidad de que los inmigrantes inscritos en el primer ciclo de educación básica podrán obtener una autorización de residencia, la cual será extensiva también a sus padres, en caso de que se encuentren indocumentados.
Asimismo, la ley incluyó el ajuste propuesto por las colectividades de inmigrantes respecto de acelerar los procesos de reunificación familiar, para los cuales se redujo el plazo de toma decisión de nueve a tres meses.
"Existían situaciones dramáticas de todos los miembros de una familia que vino a Portugal, pero los padres debieron dejar a los hijos mayores", comentó a los periodistas Timóteo Macedo, presidente de la Asociación Solidaridad Inmigrante.
Sin embargo, Macedo considera que hay aspectos por mejorar, como el hecho de que "la nueva ley mantiene cuotas para inmigrantes y que las visas están sujetas a las necesidades portuguesas de mano de obra". Según el líder asociativo, "no es preciso hacer un estudio, sino basta que se legalicen todos los extranjeros que viven en Portugal: si están acá, es porque tienen trabajo", puntualizó.
Otra antigua reivindicación de las asociaciones de inmigrantes que se vio estampada en el documento es la relativa al lugar de renovación de las visas. La nueva ley autoriza a las municipalidades a realizar este trámite. Antes era competencia exclusiva del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF).
Esta medida, alivia la burocracia de las siempre repletas sedes del SEF, el cual tiene a su cargo supervisar los permisos de residencia de 460.293 inmigrantes legales en Portugal, además de realizar controles policiales a unos 200.000 indocumentados, que se calcula residen en el país.
A modo de balance, el secretario de Estado (viceministro) de Interior, José Magalhães, garantizó en declaraciones a la prensa que la nueva ley cuenta con "varios mecanismos que permiten la legalización de la mayor parte de los extranjeros que se encuentran trabajando ilegalmente" en Portugal.
