Pasados sus primeros seis meses, el gobierno del hondureño Manuel Zelaya registra un promedio de 144 conflictos sociales ligados a problemas agrarios, laborales, ambientales y étnicos que erosionan su estabilidad y la ya frágil institucionalidad del país, advirtieron analistas.
Los conflictos, la mayor cantidad registrada en la última década, van desde amenazas, ocupaciones de predios, plantones, marchas y huelgas, hasta toma de instituciones del Estado y de vías carreteras, estas últimas las más utilizadas por los manifestantes.
Las regiones norte y centro del país se perciben como las más conflictivas, seguidas del sur, occidente y oriente. Al menos, así lo refleja el Observatorio de la Conflictividad Social, que dirige el no gubernamental Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), una especie de memoria histórica en este país centroamericano.
Víctor Meza, director del Cedoh, dijo a IPS que las causas de la conflictividad están relacionadas con los mecanismos de distribución de la riqueza, el exceso de ofertas electorales durante las campañas, el crecimiento de las demandas sociales y un resurgimiento de la movilización social.
"En la medida en que se debilita la capacidad de los partidos políticos para representar a la ciudadanía, crece la capacidad de movilización de la sociedad, y si bien ello es saludable para la democracia, no deja de preocupar la incapacidad estatal para definir políticas públicas que garanticen confianza y estabilidad", manifestó Meza.
A su juicio, en Honduras se están dando todas las condiciones sociales para un estallido social y ello debe ser advertido por la nueva administración de Zelaya, cuya política hasta ahora "ha sido la de dar tumbos, repartos y un creciente autismo ante la crítica social", apuntó.
En Honduras, 47 por ciento de los seis millones de habitantes son indigentes, según cifras oficiales.
El mandatario del Partido Liberal (PL) asumió el cargo el 27 de enero de este año con el más bajo índice de respaldo popular, apenas 23 por ciento del electorado estimado en 3,5 millones de personas. La abstención trepó a 49 por ciento, según cifras oficiales.
Zelaya, de 57 años, carismático y amante de las motocicletas Harley-Davidson, los sombreros y botas tejanas, ganó esgrimiendo la consigna del "Poder Ciudadano", que tiene como eje central mayor cercanía y participación de la ciudadanía, particularmente de los sectores excluidos.
Procedente de un partido de tendencia liberal, Zelaya ha intentado imprimir a su gobierno aires de populismo, influenciado por el estilo de algunos gobiernos latinoamericanos, lo que le ha valido la resistencia de la cúpula de su partido y una que otra escaramuza con la sede diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Las críticas más fuertes van desde la conformación de su gobierno (con aspirantes presidenciales y algunos simpatizantes de la izquierda en los años 80), la ausencia de un plan gubernamental, el repunte de la inseguridad ciudadana, el sectarismo político y el derroche de subsidios, hasta la intención de querer licitar la compra internacional de combustible abriendo la opción a la participación de Venezuela.
En un país donde el elevado costo de los combustibles ya sitió al gobierno del ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006), Zelaya convocará por primera vez a una licitación internacional destinada a obtener mejores precios y más transparencia, a la que se oponen las petroleras estadounidenses y contra la que ha hecho campaña también la propia embajada de Estados Unidos.
Venezuela ha ofrecido buenas condiciones para la compra de combustibles y se presentará a la oferta internacional. Mientras tanto, el gobierno está subsidiando el precio de los carburantes para el transporte público, con el fin de evitar que supere los dos dólares por galón (3,8 litros), una medida que no podrá sostener por mucho tiempo.
Mario Canahuati, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo a IPS que en estos seis meses "no se ve un plan integral en materia económica, y nos preocupa ese derroche de subsidios que se están dando para aplacar las demandas sociales. Si eso no se controla, se va a disparar el déficit fiscal".
Canahuati se refería al recién finalizado conflicto magisterial.
Tras 20 protestas en dos meses, la movilización 13 días atrás de 50.000 maestros hasta la capital que concluyó con un violento enfrentamiento entre militares, policías y docentes y 70 heridos de ambos bandos, el gobierno terminó cediendo a las demandas de mejoras salariales establecidas en el Estatuto del Docente, una ley constitucional vigente desde hace más de una década..
El reclamo de los maestros incluye el pago de aumentos salariales diferidos en los próximos cuatro años por un monto global equivalente a 300 millones de dólares (5.700 millones de lempiras, la moneda nacional) que, a juicio de varios economistas, promoverá demandas de otras organizaciones y el riesgo de mayor déficit fiscal.
En descargo a las críticas, Zelaya ha dicho que "en este país se condonan deudas a millonarios, y exoneran a los quebradores de bancos. ¿Por qué no les vamos a dar algo a grupos tan vulnerables como los maestros?".
"Quienes me critican son gente que obedece al statu quo, gente de medios de comunicación acostumbrados a doblar el brazo a los gobernantes, pero conmigo eso no va. Son sectores de la ultraderecha conservadora", dijo el presidente en una reunión con líderes de la sociedad civil a la que IPS tuvo acceso.
Los reclamos también comprenden a las etnias garífunas y lencas, dos de las siete de este país, que piden tierras, infraestructura vial (carreteras) y de salud.
Zelaya dijo estar "acorralado", pero dispuesto a continuar con su gobierno del "Poder Ciudadano", del cual al menos cuatro integrantes (dos ministros y dos jerarcas de entes estatales) ya han desertado por divergencias con el mandatario y uno ha sido obligado a dimitir por denuncias de corrupción y contrataciones irregulares.
Además, las etnias garífunas y lencas, dos de las siete de este país, reclaman tierras, infraestructura vial (carreteras) y de salud.
Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno el rumbo del nuevo gobierno "sigue siendo incierto, se ve mucha torpeza política en el manejo de los asuntos sociales; hay una especie de 'cazabrujismo' ideológico al querer responsabilizar a la izquierda del descontento social. Eso hasta gracia me causa", relató en una entrevista con IPS.
Mientras el gobernante hondureño responsabiliza de las protestas a la ultraderecha conservadora, la Secretaría de Defensa las atribuye a la izquierda, y la presidencia del PL a sus eternos opositores aglutinados en el Partido Nacional, la segunda fuerza política del país, de tendencia conservadora.
Lo cierto es que el debilitamiento del gobierno se ha producido con una celeridad que impresiona, crece el descontento popular y es preciso abrir espacios de diálogo y debate sin análisis preconcebidos para entender mejor la realidad, subrayó Moreno.
Ramón Romero, del posgrado de economía de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el gobierno carece de una estrategia adecuada de negociación, "no hay inteligencia política para negociar y se avecina una crisis mayor relacionada con los combustibles y los subsidios que se están otorgando, los que cada vez son más insostenibles".
Así la administración del presidente hondureño enfrenta el reto de mantener el crecimiento económico sostenido de cuatro por ciento y equilibrar ese crecimiento con las demandas sociales y la situación de pobreza en que viven casi 8 de cada 10 hondureños, según cifras oficiales.
