Las investigaciones en Brasil sobre una red de compras fraudulentas de ambulancias para distribuir en los municipios involucran ya a cerca de un quinto de los diputados, casi todos ellos en campaña en busca de su reelección en octubre.
Como resultado de los casos de corrupción que se arrastran desde hace años en este país, surgió ahora un movimiento que trata de impedir a los legisladores acusados, sobre los cuales haya pruebas suficientes para su condena, que sigan integrando o aspiren a volver al Congreso Nacional, cuya credibilidad ha caído en forma proporcional a los escándalos desatados.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), instalada en junio para investigar la llamada "mafia de las ambulancias", ya tiene una lista de 87 diputados y tres senadores acusados, con pruebas documentales o testimoniales sobre 75 de ellos.
La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, investigaba desde el año pasado los fraudes que consistían en adquirir ambulancias con sobreprecio a través de varias empresas, especialmente la firma Planam, que aparentemente compartían las ganancias con los parlamentarios y las alcaldías.
Un mecanismo singular existente en Brasil, que permite a los parlamentarios proponer enmiendas al presupuesto nacional para destinar recursos a proyectos y servicios locales, fue usado para desviar fondos públicos. Los negocios ascendieron a 110 millones de reales (50 millones de dólares). Cuatro por ciento de este dinero fue utilizado para propinas.
El escándalo estalló en mayo, cuando la Policía Federal empezó a detener a supuestos involucrados en su denominada "Operación sanguijuelas". Al mes siguiente un grupo de parlamentarios de oposición logró instalar la CPI, pese a resistencias naturales del oficialismo y de varios partidos que tienen muchos miembros acusados.
La disposición de los dueños de la empresa Planam, especialmente Luiz Antonio Vedoin, en colaborar con las investigaciones policiales para obtener beneficios judiciales, desnudó la red.
Así, el diputado Miro Teixeira, del Partido Democrático Laborista (PDT), inició una acción para evitar que parlamentarios acusados y contra los cuales existan pruebas de corrupción, aunque aún no se haya llegado a sentencia, puedan postularse a la reelección o que, si triunfan en las elecciones, no puedan asumir la banca legislativa.
En una misiva a la Justicia Electoral, Teixeira pregunta sobre los procedimientos de esa posible impugnación y argumenta que un artículo de la Constitución dispone que la investidura puede ser cancelada ante "pruebas de abuso económico, corrupción o fraude".
Es difícil que su iniciativa tenga éxito, porque prevalecería el principio de que la prohibición de postularse o llegar a un escaño parlamentario sólo debe aplicarse después de que haya una condena firme, que no admita un ulterior recurso judicial, admitió a IPS el diputado Fernando Gabeira, del Partido Verde y uno de los mas activos miembros de la "CPI de las sanguijuelas".
Pero existe la alternativa de abrir, en el nuevo parlamento que asumirá el próximo año, un proceso de inhabilitación del diputado o senador reelegido y que pese sobre él acusaciones de corrupción.
"Esperamos que el proceso será más viable en un Congreso legislativo renovado" y más sensible a la indignación popular, apuntó Gabeira.
Además de los "sanguijuelas", el gran escándalo del año pasado, como fue el soborno de diputados y partidos por parte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para asegurar su apoyo políticas del Poder Ejecutivo, culminó con 19 diputados enjuiciados por la Comisión de Ética de la cámara baja.
Pero 11de ellos fueron absueltos por el plenario de la Cámara de Diputados, pese a los fuertes indicios de que recibieron dinero ilegal, cuatro renunciaron para evitar una posible pérdida de derechos políticos por ocho años y sólo tres fueron inhabilitados en votación plenaria. Falta juzgar aún a un último legislador acusado.
Casi todos, a excepción de los tres condenados, volverán a competir por un lugar en el parlamento en las elecciones de octubre.
También Antonio Palocci intentará ser elegido diputado, pese a que debió renunciar a su cargo de ministro de Hacienda en marzo, ante las evidencias de que intentó presionar un testigo de casos de corrupción cuando él era alcalde de Ribeirao Preto, una ciudad del meridional estado de Sao Paulo, en los años 90 y comienzos de esta década.
Otros acusados de corrupción tratarán de volver a la Cámara de Diputados, incluso el ex presidente de ese cuerpo legislativo Severino Cavalcanti, quien renunció el año pasado al quedar comprobado que practicó extorsión contra un empresario para habilitarlo a seguir explotando un restaurante en la sede misma del Congreso.
Una posible elección de tales acusados o sospechosos les ofrece además la ventaja de disfrutar de la inmunidad parlamentaria, que prácticamente impide que respondan a la Justicia por sus delitos.
Aún así, Gabeira se manifestó "optimista", al identificar un amplio movimiento nacional que desea "modernizar el país" y que rechaza la corrupción, no sólo por una cuestión moral sino porque también la percibe "como un obstáculo al desarrollo, como una traba económica".
"Estoy indeciso, pero tendiendo a anular mi voto", acompañando una oleada de personas que no votará a candidato alguno "en protesta contra la corrupción y por el total descrédito en que han caído los políticos", comentó a IPS Alberto Guimaraes, un abogado que trabaja como taxista en Río de Janeiro, ocupación que le permite oír muchas opiniones.
Guimaraes reconoce que todos tienen derecho a una amplia defensa y son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio en última instancia, pero la población puede actuar preventivamente, rechazando los acusados de corrupción con pruebas consistentes, incluso porque "es importante renovar" la composición del Congreso Nacional, concluyó. ***** + Cámara de Diputados, en portugués (http://www.camara.gov.br)
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