«No sólo es bella, también es rica en ganado, minerales y agua», describe un hombre con fino sombrero de ala grande y apariencia de rudo vaquero ante la conmovedora vista de la Sierra Nevada de Santa Marta desde el aeropuerto de la septentrional ciudad colombiana de Valledupar.
Las estribaciones de la cara sudoriental de la Sierra que emergían en ese momento de la bruma son, en parte, territorio indígena kankuamo, una de las cuatro etnias que la habitan y de cuyas aguas se surte Valledupar, la capital del departamento de Cesar.
La Constitución de Colombia, promulgada en 1991, reconoce la pluralidad étnica y cultural del país, así como a las autoridades indígenas como legítimas gobernantes de los territorios que ocupan, las cuales tienen derecho a recibir aportes del presupuesto nacional.
Esos reconocimientos fortalecieron a las comunidades originarias consolidadas y rescataron a varias otras, cuyas culturas estaban en vías de desaparición, entre ellas la kankuama.
Esta etnia, que desde comienzos de los años 80 decidió recuperar su cultura casi extinguida apoyada por los ancianos y líderes espirituales de etnias vecinas, inició en 1993 las gestiones para que le fuera devuelto el territorio de sus ancestros, a modo de propiedad colectiva.
Pero los altibajos del longevo conflicto armado interno complicaron los propósitos de los kankuamos. Colombia afronta desde hace algo más de 40 años una guerra entre las guerrillas izquierdistas y las Fuerzas Armadas, a la que luego se sumaron los grupos paramilitares de ultraderecha, que este año culminaron una publicitada desmovilización parcial.
[related_articles]A partir de las actividades de la restauración cultural y hasta 1998 fueron asesinados 108 comuneros. Con la llegada a la zona de los paramilitares los ataques a los indígenas crecieron al punto de que sólo en 1999 se registraron 42 asesinatos.
Desde la arremetida de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el sudoriente de la Sierra, que dejó otros 234 indígenas de esta etnia muertos, la tercera parte de las familias kankuamas huyeron fuera de su territorio, principalmente a Valledupar y también a Bogotá, donde tienen una asociación.
Estos hechos llevaron a que esta comunidad fuera declarada por la Organización de las Naciones Unidas como la que se encuentra en mayor riesgo de extinción, debido al enfrentamiento armado colombiano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en julio de 2004 medidas provisionales (imperativas) para preservar la vida de los miembros de esta etnia. Desde entonces, la matanza disminuyó. En 2003 fueron asesinados 71 kankuamos, al año siguiente 25 y en 2005 las muertes se redujeron a seis.
Los kankuamos saben que su territorio es la puerta de entrada a la Sierra Nevada. También advierten que los grandes proyectos económicos que se desarrollan en zonas cercanas a los territorios indígenas, como los relacionados con importantes recursos acuíferos, atrajeron a la insurgencia, la cual se financia, en parte, de la extorsión que impone a los inversionistas.
Como resultado, la contrainsurgencia paramilitar acudió para proteger a las empresas hidroeléctricas y también, aunque más lejanas, de minería.
[pullquote]1[/pullquote]El rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegó en sus albores a mediados de los años 60 al territorio kankuamo y en 1985 lo hicieron las también guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según un estudioso indígena cuya identidad se reserva IPS por su seguridad.
Las FARC ejercieron dominio en la mayor parte del territorio montañoso kankuamo y el ELN en la zona plana, llamada La Mina, a 40 kilómetros de Valledupar. Según cuentan los lugareños, en Pozo Azul, otro poblado de la zona, la guerrilla negociaba secuestrados, es decir que les ponía precio a esas personas en su poder.
Como consecuencia, la policía no estuvo presente por 12 años en Atánquez, a donde regresó sólo en 2003.
Los kankuamos veían hasta hace pocos reunirse en su territorio y de manera clandestina a alcaldes y otras autoridades locales con la guerrilla. Otras veces los insurgentes se encontraban de manera pública con funcionarios del gobierno nacional. También acudían al lugar famosos grupos musicales «a hacerle parranda (fiesta) a los jefes guerrilleros», narró a IPS el estudioso.
Los lugareños estaban acostumbrados a convivir con la guerrilla, pero con la llegada de los paramilitares la situación cambió.
El territorio indígena se convirtió en escenario de enfrentamientos armados entre rebeldes y contrainsurgentes, varios kankuamos se enrolaron en las filas de ambos bandos, la comunidad se resquebrajó y se generaron rivalidades en su interior.
La masacre de kankuamos coincidió con dos hechos. Uno fue el reconocimiento legal en 2003 de un territorio indígena de 24.600 hectáreas en las estribaciones de la Sierra y un trecho en la parte llana, aledaña a Valledupar. Los indígenas han demarcado un área adicional de 14.000 hectáreas para ampliación, en la cual están comprendidos algunos de sus sitios sagrados.
El otro asunto fue que a fines de 2002 la estrategia paramilitar terminó de cerrar una especie de cordón en torno de la Sierra, el cual fue ascendiendo y arrinconando en las partes altas a la guerrilla.
Según el director de una entidad que trabaja en la región, la estrategia fue complementada por la acción del ejército en la parte baja de la Sierra Nevada.
El avance paramilitar se expresó en incursiones armadas y muertes para sembrar el terror, así como en restricciones al paso de medicinas y alimentos, que no se producen en el área, como aceite y arroz.
La lógica del control de suministros se explica en el folleto titulado «Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta», publicado en febrero por el observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.
[pullquote]2[/pullquote]Según el observatorio, «Las Fuerzas Militares han obligado el repliegue de las estructuras guerrilleras a las zonas más altas de la Sierra y provocado la escasez de sus suministros; de esta manera se espera que ante la escasez de alimentos y munición, la guerrilla se vea en la necesidad de acceder a las zonas planas donde presentan más vulnerabilidad».
En Chemesquemena, poblado kankuamo de una sola calle bordeada de casas de colores pastel, techo de zinc y cuidadosos jardines, la tienda comunitaria volvió a abrir hace un año, luego de permanecer dos años cerrada porque los paramilitares no dejaban pasar mercancía por más de 400 dólares a la semana, para así evitar que la guerrilla tuviera acceso al suministro.
Los kankuamos acostumbran a permanecer dos o tres días por semana en la granja familiar, eje de la economía local. Pero «el control de alimentos ha hecho bajar la producción agrícola», según el indígena Daniel.
Desde Atánquez y hacia arriba de la Sierra, los indígenas tienen que pedir permiso a los militares para circular. En Patillal, el último poblado antes de la escarpada montaña, y fuera del resguardo «hay control de alimentos, tanto para familias como para las tiendas» de expendio, dijo a IPS un tendero kankuamo.
Hoy, según el observatorio, los paramilitares influyen regionalmente en las elecciones y ejercen control sobre las administraciones locales, en una estrategia que busca servirse de la estructura estatal para beneficio propio.
El gobernador del departamento de Cesar, Hernando Molina, llegó a ese cargo tras presentarse en los comicios de 2003 como único candidato luego de que sus dos competidores fueran obligados a renunciar bajo amenazas de muerte.
«Las autodefensas (AUC) ejercen un fuerte control sobre el comercio de alimentos en la capital del Cesar, imponiendo restricciones a vendedores y compradores (…) y regulando el acceso de víveres hacia las partes altas de la Sierra Nevada, como una manera de desabastecer a las estructuras de la insurgencia y a sus supuestos apoyos», agrega el documento del observatorio.
También se sostiene en ese documento que la guerrilla permanece en la región, pero estaría concentrada en las partes más altas de la Sierra. La parte baja, según dijo a IPS un líder indígena de la zona hoy desplazado a Bogotá, «los paramilitares se han apoderado de tierras del resguardo» de la comunidad.
En la Sierra Nevada, con una población estimada de 211.000 personas, se encuentran, además de los kankuamos, los pueblos kággaba, wiwa e ijka.
