Las dos cámaras del Congreso de Chile exigen al gobierno que controle las operaciones de las centrales hidroeléctricas, al tiempo que se aprestan a investigar si la firma española Endesa tuvo alguna culpa en las inundaciones registradas semanas atrás en la zona centro y sur del país.
"Los senadores de la octava región del Bío-Bío estamos convencidos de la responsabilidad de Endesa en las inundaciones del 11 y 12 de julio, porque es la cuarta o quinta vez que sucede" en muchos años y más con el gran caudal de aguas registrado, dijo a IPS Mariano Ruiz-Esquide, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, designado para plantear el asunto al Poder Ejecutivo.
Legisladores de todos los sectores pidieron al gobierno de Michelle Bachelet adoptar medidas para controlar los desbordes de ríos y mitigar sus efectos en la población, para que no se repita la dramática situación por la que atravesó en el último temporal una vasta área que va desde la quinta hasta la décima región, que dejó 25 personas muertas y más de 25.000 damnificadas.
Según Ruiz-Esquide, se requiere elaborar una "nueva legislación para el manejo de las empresas hidroeléctricas instaladas en la precordillera (de los Andes)", la cual debería establecer parámetros para operar las cotas de las represas, "ya que las compañías suelen acumular agua hasta el tope para no perder dinero".
La nueva normativa también tendría que especificar con qué antelación las empresas deben informar a las autoridades que harán el desalojo de las aguas de las represas y también cómo se medirán los eventuales daños y responsabilidades que pudieran ocurrir en este tipo de operaciones, se indicó al término de la sesión especial de la víspera en el Senado.
Asimismo, la Cámara de Diputados formó el martes una comisión para investigar si hubo irregularidades en la apertura de las compuertas de la central hidroeléctrica Pangue, instalada por la firma Endesa sobre el río Bío-Bío, en la zona cordillerana de la octava región.
La comisión de la cámara baja indagará, además, los eventuales perjuicios causados por la empresa a personas y agricultores de esa región, ubicada al sur de Santiago.
El territorio sufrió el desborde del río Bío-Bío, una de las cuencas más extensas del país y que abarca 24.000 kilómetros cuadrados, lo cual provocó el anegamiento de numerosas viviendas y siembras, el corte de caminos y derrumbe de puentes. Durante el temporal, el río alcanzó un caudal de 15.000 metros cúbicos por segundo, mientras que lo normal es en torno a 900 metros cúbicos.
Uno de los casos más dramáticos lo vivió un matrimonio de la comuna de Nacimiento, 549 kilómetros al sur de Santiago, ya que la repentina crecida del torrente arrastró a sus dos hijas mellizas de 11 años, las cuales murieron ahogadas.
La familia, que perdió además su casa, cultivos y animales domésticos, culpa directamente de la tragedia a Endesa y a sus centrales Pangue y Ralco.
A pesar de que el gobierno reconoció la responsabilidad que le cabía al permitir la construcción de viviendas en cuencas de ríos y en laderas de cerros, los dardos se centraron de inmediato en Endesa Chile, filial de la firma española del mismo nombre, por la apertura de las compuertas de sus represas.
El presidente del no gubernamental Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, alabó las medidas tomadas por el actual Parlamento, pero cree que este Poder del Estado demoró demasiado tiempo en enfrentar un problema evidente. "El país no tiene regulado el manejo de las represas del país", dijo a IPS el ambientalista.
A su juicio, es necesario que las empresas se hagan cargo de todos los impactos que pueden causar sus centrales antes de empezar la construcción. Para ello, deben instalar defensas fluviales para proteger a los pueblos aledaños a las cuencas y habilitar un acabado sistema de información sobre su operación.
Al igual que Ruiz-Esquide, el activista Baquedano plantea que se deben establecer las responsabilidades de las inundaciones registradas hasta ahora, lo que podría incluir cargos penales considerando que hay personas fallecidas.
Renato Galán, alcalde de Hualqui, comuna ubicada en la octava región y a 532 kilómetros al sur de Santiago, afirmó a IPS que "Endesa está chantajeando al gobierno chileno, porque sabe que el país necesita energía", tratando de explicar de alguna manera la pasiva actitud asumida por las autoridades nacionales hasta ahora.
Galán criticó especialmente al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas (DGA) por "defender la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas", "a costa de un desarrollo sustentable y más equitativo".
Durante la sesión del Senado, que finalizó en la noche de la víspera, algunos legisladores también reprocharon al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, por "defender a Endesa y la represa Pangue".
Hualqui, con 20.000 habitantes, ha sido una de las localidades más perjudicadas con la construcción de las centrales Ralco y Pangue, ya que desde hace siete años vienen soportando el desborde de los ríos.
Ello los llevó a presentar un recurso de protección, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción, y una demanda por daño ambiental, que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en la que tienen cifradas sus esperanzas.
Según explicó Galán, el municipio no aspira a indemnizaciones sino a que la empresa construya defensas fluviales para detener el avance de las aguas hacia las poblaciones. Sin embargo, no descarta llevar el conflicto a algún organismo internacional.
Pero los vecinos no se han quedado atrás. Pobladores de las comunas de Los Ángeles, Santa Bárbara y Hualqui presentaron el 25 de julio tres recursos de protección en contra de la central Pangue, por la apertura de sus compuertas, y contra la DGA, los cuales fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Mientras, en una carta enviada al diario El Mercurio ese mismo día, el gerente de Comunicaciones de Endesa, Renato Fernández, negó alguna responsabilidad de la empresa en los anegamientos, señalando que "las centrales procedieron adecuadamente en la operación de sus equipos, ajustándose estrictamente a los procedimientos establecidos para este tipo de circunstancias".
Fernández atribuyó la tragedia a un "fenómeno climático extraordinario e inusual" registrado en la región, considerando que cayeron 400 milímetros de lluvia en sólo 48 horas.
No obstante, el presidente del Instituto de Ecología Política aseguró que ese organismo advirtió a la empresa, antes de que empezara la construcción de las centrales, "que vendrían importantes cambios climáticos en los próximos años en el país", para los cuales había que estar preparado.
De igual forma, en la sexta región la central Rapel, también de propiedad de Endesa, abrió sus compuertas varias veces durante las noches del temporal, ocasionando graves problemas a los agricultores de la zona de Navidad, 168 kilómetros al sur de Santiago.
El diputado de la Democracia Cristiana Juan Carlos Latorre dijo tener la convicción de la responsabilidad de Endesa, "porque en el caso de la central Rapel, todo el caudal que baja por el río Rapel tiene su origen en la represa". "Aquí no hay otra posibilidad que no sea un manejo abusivo de las compuertas", puntualizó.
Latorre exigió el martes a Endesa compensar a las familias que sufrieron daños.
A las críticas por el manejo de las compuertas también se han sumado organizaciones ambientalistas y ciudadanas de la décimoprimera región de Aysén, donde Endesa, en conjunto con la firma local Colbún, proyecta construir cuatro centrales hidroeléctricas, para lo cual inundará 10.000 hectáreas de territorio virgen. ***** + Endesa Chile (http://www.endesa.cl) + Instituto de Ecología Política (http://www.iepe.org)
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