Las cooperativas en Venezuela, que proliferan a un ritmo de crecimiento de más de 100 por día, se han convertido en mecanismos de distribución de los ingresos del Estado procedentes de las exportaciones del preciado petróleo..
"Pero lo cierto es que no son cooperativas de verdad-verdad", admitió a IPS el superintendente nacional de cooperativas, Carlos Molina, máximo funcionario del sector. "Son, en realidad, una de las herramientas que emplea el Estado para su política de inclusión y para lograr equidad en la distribución de recursos", agregó.
El nuevo cooperativismo de Venezuela es muy diferente al estilo moderno, nacido en Rochdale, Inglaterra, donde 28 tejedores ahorraron semanalmente unos peniques durante un año, hasta reunir lo suficiente para abrir una cooperativa de autoconsumo, en diciembre de 1844.
En Venezuela, al amparo de una ley de cooperativas decretada por el gobierno del presidente Hugo Chávez en 2001, tras la delegación del parlamento de su facultad de legislar, cinco o más personas pueden constituir una asociación cooperativa tras cumplir con trámites sencillos y rápidos.
Las cooperativas en Venezuela se establecieron en 1959, y 40 años después, cuando Chávez llegó al poder, existían 870 en áreas de crédito, transporte y otros servicios, aunque sólo la mitad funcionaba con algún éxito, según sus propios responsables.
En el año 2001 surgieron más de 1.000, y más de 2.000 el año siguiente, pero desde que el gobierno aprobó financiamientos millonarios para esas asociaciones en 2003, el crecimiento ha sido exponencial. Se crearon 18.000 en 2003, 36.000 en 2004, 41.000 en 2005 y más de 20.000 en lo que va de 2006.
En este país de 26 millones de habitantes y una población activa de alrededor de 12 millones, según el gubernamental Instituto de Estadísticas "hasta este julio tenemos 132.000 cooperativas, con aproximadamente 1,3 millones de asociados", dijo Molina.
El pasado abril fue un mes récord, al registrarse 5.761 cooperativas nuevas.
Sesenta y dos por ciento de las cooperativas se dedican a servicios, 32 por ciento a la producción de bienes y el resto son de protección social (como funerarias), consumo, crédito o vivienda, según los registros de la superintendencia a cargo.
"Todavía es muy temprano para hablar de un tercer sector de la economía (distinto al estatal y al capitalista privado) porque está pendiente un censo que puede indicarnos cuál es el aporte real de las cooperativas al producto bruto venezolano", comentó Molina.
Pero, como referencia indicó que ya en 2004, cinco por ciento de los empleos del país estaban en el sector cooperativo, y sólo las 6.500 de la Misión Vuelvan Caras —un plan del gobierno para financiar actividades de participantes de sus programas educativos— recibieron el año pasado 500 millones de dólares..
A los actuales precios récord del petróleo, 500 millones de dólares corresponden a tres días de exportaciones del crudo de Venezuela.
"Aunque funcionen como correa de transmisión de los recursos y políticas del Estado, estas 'cooperativas express' surgen con fuertes carencias de formación y principios, lo cual las hace derivar hacia fórmulas mercantilistas, que evaden trámites o impuestos", advirtió a IPS Luis Márquez, ex presidente de una federación de cooperativas en el oeste del país.
María Materán, de la cooperativa Agroturística Tomoporo, a orillas del petrolífero lago de Maracaibo (oeste), comentó a IPS que "es verdad que hay personas que establecen cooperativas sólo para beneficiarse de un crédito público, y en algunos casos, el jefe se queda con la parte más gorda de los beneficios, pero eso es lo que debemos comenzar a erradicar desde los Consejos Cooperativos".
Estos organismos, cuyo cometido es planificar y coordinar el desarrollo del cooperativismo, ya comenzaron a instalarse en cada estado (provincia) del país, cuentan con representantes del gobierno y de las cooperativas. En tanto, el Consejo Nacional es dirigido por la ministra de Economía Popular, Oly Millán.
En sus actos es común ver a los cooperativistas luciendo franelas y boinas rojas (color de los seguidores de Chávez) y expresando su adhesión política al mandatario. "La ley no discrimina, y las cooperativas son entidades de derecho privado, pero en los actos públicos participan mayoritariamente las que apoyan al presidente", admitió Molina.
"Es útil que el gobierno favorezca su proceso, con recursos, normas y actitudes que estimulan al cooperativismo, pero es justo exigir de los responsables una conducta madura y responsable para beneficiar a todos los pobladores sin discriminaciones", advirtió a IPS el uruguayo Miguel Cardozo, ex presidente del capítulo americano de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
La ACI "sigue manteniendo como un principio necesario la autonomía de las cooperativas", dijo.
El surgimiento de cooperativas en plazos tan cortos "debe llevar a la reflexión, porque existe el riesgo de que los modelos se agoten rápidamente si hay financiamiento pero no hay educación", agregó Cardozo.
Juan Ángel Ciolli, de la cooperativa de tarjetas de crédito Cabal, con sede en Argentina, dijo a IPS que "veo en Venezuela un gran avance, porque en verdad no tenía una tradición en la materia y sus experiencias estaban poco desarrolladas. Ahora deberá llegar un proceso de decantación y quedarán las mejores".
"La experiencia argentina, donde tenemos casi 30 por ciento de la población vinculada al movimiento cooperativista —hay más de 1.000 en el área de servicios públicos— y el trabajo mutualista es muy fuerte, indica que lo que hacemos nosotros solos no alcanza, necesitamos del Estado", comentó por su parte Carlos Mansilla, de la Confederación de Cooperativas de ese país.
Mansilla dijo que "algún día las cooperativas de Venezuela se articularán en una confederación fuerte que será nuestro interlocutor en el marco del Mercosur", el Mercado Común del Sur conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Molina abogó porque en el futuro cercano los consejos funcionen "como un terreno común de encuentro entre las cooperativas y el Estado", al tiempo que anunció que la superintendencia a su cargo se propone realizar un censo, avanzar en un programa de educación y "dar soporte a nuevas relaciones de propiedad y de producción en Venezuela, basadas en la cooperación y la solidaridad".
