Al menos cinco muertos, 16 autobuses incendiados y algunos bancos y supermercados dañados dejaron los ataques atribuidos en Brasil al crimen organizado en la meridional São Paulo y ciudades cercanas en la víspera, repitiendo como un eco la ofensiva de mayo.
Hojas de papel con la frase "contra la opresión carcelaria" fueron encontradas, según la policía, en algunos lugares de los ataques en la madrugada y mañana de este miércoles, indicando que las acciones partieron del Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo encabezado por delincuentes presos en el estado de São Paulo.
Un policía militar y su hermana acribillados en un barrio de la ciudad de São Paulo y dos guardias privados y el hijo de un policía civil muertos en ciudades del litoral fueron las víctimas fatales de la oleada, informaron el secretario estadual de Seguridad Pública, Saulo de Castro, y el comandante de la Policía Militar, Elizeu Eclair.
Comisarías y puestos de varios organismos de seguridad también fueron blanco de disparos en São Paulo, en otras ciudades de la región metropolitana de esa capital estadual y en Guarujá, ciudad playera a 90 kilómetros de distancia.
Los atentados ocurrieron algunas horas después de que fuera apresado, en la noche del martes, un jefe del PCC, Emivaldo Silva Santos. Pero el secretario Castro consideró las acciones como una represalia a la intención del gobierno paulista de transferir a líderes presos del grupo a un recién inaugurado presidio federal, es decir bajo responsabilidad del gobierno central, ubicado en el estado de Paraná, al sur de São Paulo.
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La ola de violencia en São Paulo, iniciada el 12 de mayo, se atribuye a una confrontación entre las autoridades de seguridad, incluido el sistema carcelario, y el PCC, una organización surgida a inicios de los años 90 en las cárceles estaduales, y conformada por reclusos, sus familiares y grupos de delincuentes en libertad.
Su consigna es "libertad, justicia y paz" y el combate a la opresión dentro de las cárceles mediante la unión de los detenidos, según el "estatuto" aprobado por los líderes, en el que se condena a muerte a los miembros que estén libres y no ayuden a los "hermanos" encarcelados.
Desde el 12 de mayo y durante tres días hubo rebeliones en 82 presidios y cerca de 300 atentados que provocaron la muerte de 42 policías militares y civiles, guardias municipales y agentes penitenciarios. El pánico se adueñó de São Paulo, con muchos rumores diseminados por Internet, y cerraron sus puertas buena parte del comercio, los bancos y las escuelas.
Entonces se consideró que la ofensiva obedecía a la sorpresiva transferencia de 765 miembros del PCC a una prisión de alta seguridad y régimen más rígido en el interior del estado.
En las dos últimas semanas, cinco agentes penitenciarios fueron asesinados en la Gran São Paulo, al parecer convertidos en blanco del crimen organizado. A ellos se sumó el martes Douglas de Souza, de 24 años, hijo de un agente, aparentemente abatido por error.
Si las autoridades no ofrecen "condiciones mínimas de vida en las cárceles", es difícil evitar la organización y la acción de esos grupos, dijo a IPS Mariana Montoro, directora del no gubernamental Instituto Sou da Paz (Soy de la Paz), que promueve políticas públicas de seguridad y de desarme.
Cuando muchas personas tienen que sujetarse a comidas frías, a dormir de pie, a no poder estudiar o trabajar cuando quieren, se favorece el surgimiento de líderes que obtienen adhesiones por la fuerza o por el convencimiento de luchar por sus derechos, acotó.
Una situación crítica viven 1.443 reclusos en el Centro de Detención Provisional de Araraquara, a 280 kilómetros de São Paulo, apretujados en una superficie que puede acoger a sólo 160 personas. Gran parte de ellos están durmiendo a la intemperie desde que los mismos presos destruyeron las instalaciones carcelarias en un motín entre el 16 y el 18 de junio.
Es necesaria una "reforma profunda del sistema penitenciario" paulista, lo que exige tocar algunos intereses fuertes como los de las compañías telefónicas, que se resisten a bloquear las llamadas dentro de los presidios, sostuvo Montoso, pues por medio de los teléfonos móviles, los grupos criminales se articulan y ordenan sus acciones.
Además, el Colegio de Abogados debe "rever sus conceptos y procedimientos" para impedir que esos profesionales colaboren con el crimen organizado dentro de las cárceles, añadió la activista.
Pero será difícil superar la crisis en el sistema carcelario paulista, reconoció. El estado de São Paulo tiene hoy cerca de 140.000 presos, poco más de la mitad del total de detenidos en todo Brasil, una cantidad desproporcionada para su población que equivale a poco más de un quinto de la nacional, estimada ahora en 186,6 millones de personas.
La mayor dificultad es que esa población carcelaria viene creciendo de modo alarmante, a un promedio de mil presos por mes, exigiendo prácticamente la construcción de un gran presidio cada mes. Además, se duplicó en los últimos ocho años.
Una solución efectiva exige debates más amplios de políticas de prevención de delitos y no sólo de represión, observó Montoro. Mientras no se logre tal objetivo, es necesario reducir la violencia urbana que agobia a la población, con "más información, más inteligencia y planificación" de los órganos de seguridad pública, opinó.
Una medida indispensable es integrar esos órganos, hoy divididos en cuerpos de policía militar, civil y del sistema penitenciario dentro del gobierno estadual, y por otro lado la Policía Federal, vinculada al Ministerio de Justicia. Falta compartir informaciones y actuar en conjunto, sentenció Montoro.
A su juicio, el pánico de mayo no se reiteró este miércoles porque los atentados fueron menores en cantidad y porque la población está escarmentada.
La información adecuada de los medios de comunicación y de las autoridades es lo que más necesita la sociedad, inclusive para "no subestimar ni sobreestimar el tamaño del crimen organizado", concluyó.
