La desaparición tras 18 meses de vida de Diario Siete, considerado una alternativa progresista dentro de la monopolizada prensa escrita chilena, no sorprendió demasiado, ya que se suma a larga lista de publicaciones que dejaron de circular desde la recuperación democrática hace 16 años.
Según la gerencia de la empresa, Diario Siete sufrió cuantiosas pérdidas en 2005 y este año planeaba inyectarle nuevos recursos. Pero la huelga iniciada el 18 de mayo por 40 trabajadores le dio el golpe mortal, según el presidente del directorio, Genaro Arriagada.
Los periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos y personal administrativo reclamaban mejoras de las condiciones laborales, reajuste salarial, pago de horas extra y bono de alimentación.
Así, el cese de labores, sumado a la ya precaria situación económica que afrontaba la publicación, dio como resultado la desaparición de un diario que denunciaba una tirada nacional de 10.000 ejemplares.
Entre las razones de las dificultades económicas del medio, esgrimidas por los propios trabajadores en huelga, aparece la injusta distribución de la publicidad de las instituciones públicas y las empresas del Estado.
Diario Siete había tenido su origen en 2002 con formato de revista y con el nombre de Siete+7. Rápidamente se posicionó entre los lectores gracias a sus completos reportajes de investigación, que escudriñaban tanto la realidad nacional como internacional.
La propiedad de la revista estuvo en manos de un grupo de personas ligadas a la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde el fin de la dictadura en 1990. El propio Arriagada fue ministro Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle (1994- 2000).
El éxito de la revista llamó la atención del Consorcio Periodístico S.A (Copesa), que pronto decidió comprar la mitad de las acciones para crear el Diario Siete. Copesa es propietario de los diarios La Tercera y La Cuarta, así como de la revista Qué Pasa, el vespertino La Hora, radio Zero y el canal de televisión abierta ABT.
El medio periodístico, que tenía formato tabloide y un promedio de 30 páginas, mostró una tendencia editorial de corte progresista y enfocó su cobertura noticiosa a temas políticos y de derechos humanos, con énfasis en el mundo de los trabajadores.
"Lamento la desaparición de Diario Siete, ya que, a pesar de no tener muchas páginas ni secciones, trataba de mostrar las noticias desde otro ángulo, de darle distintas miradas a los hechos", comentó a IPS la periodista Madeleine Cáceres.
Con la jefatura periodística de Mónica González, la publicación se declaraba independiente y libre de presiones políticas, económicas o religiosas, aunque en la práctica se consideraba proclive a los gobiernos de la Concertación.
Copesa y la empresa El Mercurio, propietaria de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda, se dividen, en una suerte de monopolio editorial de tendencia derechista, el mercado de la prensa del país.
Según un estudio realizado por el Observatorio de Medios Fucatel, la publicidad estatal, que representa cuatro por ciento de esta inversión en el país, se concentra en la televisión (49 por ciento), la prensa (33 por ciento) y la vía pública (15 por ciento).
Entre los medios escritos, el mayor beneficiado es la empresa El Mercurio, con 48 por ciento, seguido de Copesa, con 29 por ciento, el diario Publimetro, de circulación gratuita y con 12 por ciento, y el estatal diario La Nación, con nueve por ciento.
"Este estudio demostró la completa irracionalidad del Estado a la hora de asignar su inversión en publicidad. No se utilizan criterios técnicos. El porcentaje que se lleva El Mercurio, por ejemplo, no se condice con su circulación y venta", dijo a IPS el presidente de Fucatel, Marcelo Contreras.
Por esta razón, parlamentarios de la coalición oficialista, sensibilizados por la huelga de los trabajadores del ya extinto Diario Siete, se comprometieron a crear una comisión investigadora en el Congreso para revisar el tema.
Pero los huelguistas no recibieron la misma acogida de parte del gobierno, según señalaron. Michelle Bachelet no respondió la carta que le enviaron ni accedió a recibirlos, pese a que durante la campaña que la llegó a la presidencia este año criticó el modo de repartir la torta publicitaria de las empresas estatales durante su visita al Colegio de Periodistas.
Contreras sostuvo que en Chile todavía no se ha realizado un debate serio acerca de la pluralidad informativa y en especial sobre el papel que le cabe al Estado en esta materia. A su juicio, los gobiernos deberían garantizar la diversidad a través de la entrega de subsidios y créditos blandos a los nuevos medios, además de reorientar la distribución de la publicidad.
"Actualmente se da por sentado que el Estado no debe intervenir, pero ni la televisión ni la prensa escrita expresan la diversidad del país, dejando afuera a los trabajadores, las etnias indígenas y las minorías sexuales", arguyó Contreras.
Igual opinión tiene el periodista Francisco Martorell, director de la Revista El Periodista, uno de los pocos medios alternativos que ha podido mantenerse en el mercado.
"Una repartición equitativa de la torta publicitaria del Estado podría ayudar, pero no es suficiente. Por ejemplo, se podría subvencionar a los medios durante sus primeros años de vida, que son los más complicados, como se hace en países como Francia e Italia", señaló.
Martorell advirtió que incluso durante la dictadura de Augusto Pinochet, iniciada en 1973, se ayudó económicamente a los dos consorcios más importantes del país, prestándoles 160 millones de dólares, créditos que fueron virtualmente condonados en vísperas de la instalación del primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin (1990-1994).
Sin embargo, este periodista no avala las críticas que a menudo caen sobre las apuestas fracasadas, en cuanto a que no fueron lo suficientemente atractivas para cautivar a los lectores, ya que en la mayoría de los casos se trata de un problema de contratación de avisos.
No obstante, a Diario Siete se le reprochó darle muy poca cabida a las noticias deportivas y del espectáculo, habitual fuente de entretenimiento de los consumidores de diarios.
El público también tiene un papel en la defensa del pluralismo informativo, "comprometiéndose con las publicaciones independientes, adquiriéndolas, difundiéndolas y mencionándolas en las encuestas", apuntó Martorell, quien también opina que los empresarios siguen actuando basados en ideologías.
Paradójicamente, desde el regreso a la democracia han desaparecido emblemáticos medios de comunicación contrarios a la dictadura, como las revistas Apsi y Cauce y los diarios Fortín Mapocho y La Época. Igual suerte corrieron el cotidiano El Metropolitano y las revistas Página Abierta y Los Tiempos, nacidos después de 1990.
El año pasado también dejó de circular Plan B, un semanario creado por un grupo de periodistas jóvenes, y Rocinante, considerada la "mejor revista cultural" por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.
