En Bolivia la maternidad no significa un acto de felicidad y vida, sino de angustia, incertidumbre y muchas veces de muerte, tanto para la madre como para su recién nacido, según entidades comprometidas con la salud materna e infantil.
IPS recogió ese diagnóstico de la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro, una agrupación de instituciones sociales y organismos internacionales, dedicada a la materia.
Haití y Bolivia son los países con mayor inseguridad para la maternidad y el nacimiento en América Latina, según el Informe del Estado de la Salud de las Madres 2006, de la organización internacional Save the Children.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2003, realizada por el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), reveló una tasa de 229 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en Bolivia. La próxima encuesta se realizará en el año 2007.
Esa cifra representa una disminución en el número de mujeres que mueren como consecuencia del embarazo, parto y puerperio, pero aún falta mucho para cumplir la meta de reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para el año 2015, establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que adoptó la comunidad internacional en 2000.
En 1989 la mortalidad materna era de 416 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos, y en 1998 bajó a 390 bolivianas muertas.
El Ministerio de Salud estima que para el año 2015, 144 mujeres por cada 100.000 nacimientos correrán el riesgo de perder la vida por causas asociadas a la maternidad, y calcula que la tasa para cumplir la meta debería ser 104 por 100.000.
Desde 1993 se adoptaron varias iniciativas y planes gubernamentales que culminaron en 2002 con la vigencia del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), cuyo éxito está sustentado en la gestión financiera y apoyo directo de los 328 gobiernos municipales distribuidos en todo el país, explicó a IPS la responsable departamental del programa, Ivett Mendoza.
Mientras el gobierno a través de los nueve Servicios Departamentales de Salud paga el salario a médicos y personal de apoyo, la legislación del SUMI deja en manos de los municipios el mantenimiento, equipamiento y pago de insumos para la atención gratuita de las mujeres antes, durante y hasta seis meses después del parto.
Adicionalmente, el gobierno desarrolla programas de capacitación de personal, mejoramiento de las aptitudes de los responsables de atención en los centros de salud, y de transferencia de conocimientos sobre administración dirigidos a los alcaldes, explicó Mendoza.
Sin embargo y a pesar del incremento del presupuesto del SUMI, con un 10 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vigente desde septiembre pasado, los ingresos que perciben los 328 municipios difieren sustancialmente.
Mientras en el municipio de la ciudad amazónica de Cobija, en el norte del país, el ingreso anual por habitante es superior a los 600 dólares, en el municipio de Nazacara, localizado en el altiplano del departamento de La Paz, ese ingreso por cada uno de sus 356 habitantes es sólo de 14 dólares al año.
"Estas diferencias obligan a buscar otras fuentes de recursos para cubrir el servicio gratuito de salud", dijo Mendoza.
Actualmente el gobierno otorga el seguro gratuito de salud a las mujeres desde su nacimiento hasta los 60 años de edad en 27 especialidades médicas, mientras los varones sólo reciben atención gratuita hasta los cinco años de edad.
"El objetivo es alcanzar un seguro universal y ampliar el beneficio a los varones hasta los 21 años", afirmó Mendoza.
"Desde el pasado 8 de marzo, la salud pública llega a mayor cantidad de mujeres, al ampliar su programa gratuito de atención, y ello representa un cambio en la orientación de las políticas públicas para beneficiar a las madres", explicó a IPS la parlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo, Elizabeth Salguero.
La congresista integra la comisión de salud de la Cámara de Diputados, desde donde impulsa el fortalecimiento de los servicios públicos, y en particular el incremento del presupuesto del sector, estimado en unos 220 millones de dólares, equivalente a la tercera parte de la inversión pública nacional.
La ampliación de las beneficiarias del SUMI hasta los 60 años de edad es notable, y muestra los primeros cambios en la orientación de la política estatal en materia de salud, agregó la parlamentaria.
Salguero lidera una agrupación de mujeres legisladoras que promueven la difusión de los derechos femeninos, las mejoras del servicio público de salud, los servicios de planificación familiar y la prevención de los embarazos tempranos en adolescentes.
Durante el gobierno anterior, finalizado en enero, el parlamento aprobó, con acuerdo de todos los partidos políticos, una ley sobre acceso a métodos de planificación familiar, anticonceptivos y servicios de información confidencial para adolescentes, pero el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) lo devolvió al Congreso con una observación de carácter general.
El análisis de la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro identifica el periodo de parto y puerperio como los momentos de mayor riesgo de muerte, tanto para la mujer como para el recién nacido, pero paradójicamente los servicios de atención posterior al parto tienen menos cobertura. En Bolivia, apenas cerca de 13 por ciento de madres acceden al control postnatal, asegura el análisis.
El Ministerio de Salud estima que las principales causas de mortalidad materna en Bolivia son las hemorragias, con 23 por ciento, las infecciones vinculadas al parto, con 14 por ciento, las complicaciones de abortos inseguros, 16 por ciento, y las eclampsias, con 12 por ciento.
Todas estas causas son evitables desde el punto de vista médico, siendo el aborto inseguro la única causal que se escapa de los esfuerzos sanitarios, pues es una consecuencia de la penalización de la interrupción del embarazo en este país.
La tasa de mortalidad de la niñez también ha mejorado, pero las proyecciones gubernamentales no son optimistas para alcanzar el Objetivo del Milenio de reducirla en dos terceras partes. De 1989 a 2003, la mortalidad infantil se redujo casi a la mitad, pasando de 120 fallecidos a 54 por cada 1.000 nacidos vivos. La proyección al año 2015 es de 34 por cada mil nacidos vivos.
"Estos promedios nacionales esconden grandes brechas de exclusión, donde las madres rurales viviendo en condiciones de pobreza, indígenas muchas de ellas y con bajos niveles de escolaridad, presentan los mayores riesgos para la sobrevivencia materna y neonatal. Ellas mueren hasta en un 30 por ciento más que aquellas que viven en el área urbana, con mayores niveles de instrucción", señala el pronunciamiento de las organizaciones sociales.
En Bolivia, la pobreza y el analfabetismo golpean con mayor fuerza a los habitantes rurales. Según los datos del INE, 67,3 por ciento de la población vive en la pobreza, mientras en el área rural el indicador sube hasta 79,51 por ciento. La tasa de analfabetismo alcanza a 13,28 por ciento en toda la nación, mientras el indicador rural asciende a 25,77 por ciento.
En la zona rural el ingreso anual promedio es de 600 dólares por persona, a razón de 1,6 dólares por día, afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. En la empobrecida ciudad de El Alto, casi un suburbio de La Paz, algunas personas sobreviven gastando alrededor de medio dólar por día, según datos de organizaciones privadas de apoyo social.
En el primer informe de diagnóstico temático del actual gobierno, que asumió en enero de este año, se anuncian políticas encaminadas a reducir la mortalidad materna y se reconoce la importancia de la prestación de servicios de salud a las mujeres en período pre y postnatal como un "asunto de derechos humanos y justicia social".
Así mismo, el informe gubernamental defiende las asignaciones presupuestales destinadas a la salud reproductiva y a las políticas para las mujeres, al calificar la salud materna como una "inversión socioeconómica vital" y subrayar la necesidad de otorgar mayor poder a las bolivianas en los ámbitos de decisión y políticas públicas.
