Cada candidato a la Presidencia de México promete que si triunfa en los comicios del domingo 2 de julio convocará a un pacto de conciliación. Pero será una tarea ardua, con un Poder Legislativo atomizado y actores convalecientes de una guerra política ríspida.
El gobierno dividido, como se llama en ciencia política el escenario de un Poder Ejecutivo sin mayorías legislativas, se mantiene en México desde 1997.
Según las encuestas previas a las elecciones de este domingo, en las que además se renovarán diputados y senadores, la misma dinámica se mantendrá con el mandatario que asuma en diciembre para un período de seis años.
De acuerdo con los sondeos, la Presidencia la dirimirán Andrés López Obrador, del opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Felipe Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Ambos postulantes y sus respectivos seguidores han intercambiado acusaciones de grueso calibre en la campaña.
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Si bien los pronósticos indican que los otros candidatos —Roberto Madrazo del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia Mercado, de Alternativa, y Roberto Campa, de Nueva Alianza— no contarán con suficiente apoyo, en el Congreso (cámara baja), de 500 escaños, y en el Senado, de 128, estas colectividades tendrán representación.
Los sondeos que miden las preferencias de los votantes indican que el PAN, el PRD y el PRI se dividirán los escaños del Legislativo casi en tercios, con un resto para los llamados partidos pequeños.
Hay la necesidad urgente "de construir un pacto que detenga la agresión y la confrontación irracional de partidos y candidatos, que está conduciendo a la polarización", advirtió un grupo de 160 líderes de organizaciones de la sociedad civil, cuyas reuniones y discusiones fueron auspiciadas por la representación local de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ese ámbito, en el que se reunieron activistas, empresarios, sindicalistas y algunos políticos, expresó su alarma por la división causada por las campañas electorales.
"Es necesario frenar la dinámica de la confrontación polarizada porque se están sentando las bases de una conflictividad prolongada que no permitirá el entendimiento para discutir un Proyecto de Diálogo Nacional", señaló el grupo en un comunicado difundido la semana pasada.
Sin acuerdos y acercamientos, la democracia entrará en "peligro", por lo que se debe llamar a la concordia y a un diálogo que defina una nueva relación entre el Estado y la sociedad, y cambios en cuestiones de justicia, seguridad, estabilidad social, derechos humanos y desarrollo económico.
Tales pronunciamientos surgieron luego de la denominada Consulta Nacional sobres los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizada por la ONU.
En ese ejercicio realizado en mayo, la mayoría de los entrevistados señalaron que esos objetivos —adoptados por la comunidad internacional en 2000 para reducir drásticamente la desigualdad y la pobreza en todo el mundo— promueven el consenso y podrían ser punto de partida para un acuerdo nacional que defina cambios de gran envergadura en este país.
Durante la gestión de Vicente Fox, la ausencia de acuerdos legislativos impidió la aprobación de reformas de estructuras económicas, muchas heredadas de los años de gobiernos del PRI (1929-2000).
El Poder Legislativo estuvo dominado por la mayoría absoluta del PRI hasta 1997, año en que se renovó la Cámara de Diputados.
De triunfar este domingo, López Obrador asegura, sin mayores detalles, que llamará a un "pacto de concordia nacional" en el que los partidos y la sociedad definan acuerdos de gobernabilidad. Calderón, en cambio, promete negociar un plan de gobierno de coalición.
En la campaña electoral, que deberá culminar legalmente este miércoles, sobresalieron las acusaciones.
Los partidos transmitieron desde enero hasta el 23 de junio, 20.769 cuñas publicitarias por televisión y 108.867 por radiodifusoras sólo de la capital, Guadalajara (centro del país) y Monterrey (norte), según estimaciones de la empresa de seguimiento de medios Verificación y Monitoreo.
Gran parte de esa publicidad incluía mensajes que denostaban a los contrarios.
Del postulante del PRD, sus adversarios afirman que es "un populista", un "peligro para México" y que se parece al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras Calderón, del PAN, es acusado de ser un "fascista de derecha" y un títere de los grandes capitales.
Con el candidato del PRD se alinearon muchos sindicatos y parte de los grupos sociales más pobres y menos educados del país, mientras el segundo recibió el apoyo de los empresarios y de los sectores adinerados y con mayor escolaridad.
"La polarización marcó la campaña y dejó heridas que si no cicatrizan podrían llevar al país a una crisis de gobernabilidad", dijo a IPS Horacio Medrano, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los candidatos ofrecen para después del domingo "una operación cicatriz, pero se ve difícil con tanto insulto y diatriba que han intercambiado", estimó el experto.
En diferentes foros de los últimos años, los partidos políticos han señalado que México requiere profundas reformas en materia de energía, trabajo, recaudación impositiva, justicia y competencia electoral, terreno en el que se propone reducir las campañas (duran seis meses) y su costo, gran parte del cual corre por cuenta del Estado.
Sin embargo, bajo la gestión de Fox, iniciada en diciembre de 2000, fue imposible concertar esas reformas.
La campaña en curso cuesta al Estado unos 1.200 millones de dólares, de los cuales 40 por ciento va a los partidos en competencia y el resto se destina a financiar la organización de los comicios y el funcionamiento de los órganos electorales.
Los partidos políticos utilizan fondos del Estado y donaciones privadas para solventar sus campañas. Los dineros del sector privado no pueden superar el monto estatal.
El costo de las elecciones mexicanas es uno de los más altos del mundo, reconoce Luis Carlos Ugalde, presidente del estatal e independiente Instituto Federal Electoral.
