El proyecto minero Pascua Lama, en el norte de Chile, amenaza uno de los valles agrícolas más ricos en la región de Coquimbo, que es a su vez la más afectada por la desertificación en este país, donde la sustentabilidad ambiental en las propuestas de inversión es tema recurrente del debate público.
Garantizar la sostenibilidad del ambiente es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio aprobados en la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2000, que también compromete a los gobiernos a reducir la pobreza extrema y el hambre y ampliar sustantivamente la cobertura en salud y educación, entre otras grandes metas a cumplir para 2015.
La celebración este lunes del Día Mundial del Medio Ambiente sirvió para que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recordara que los gobiernos se comprometieron a garantizar la sostenibilidad ambiental para 2015, en un planeta donde las tierras áridas cubren más de 40 por ciento de su superficie.
Alrededor de 2.000 millones de personas viven en tierras degradadas, dependiendo de la fragilidad del hábitat, donde la competencia por recursos escasos, exacerbada a menudo por inversiones transnacionales, desatan conflictos con las comunidades, como ocurre con Pascua Lama, un gran proyecto aurífero a ambos lados de la frontera de Chile y Argentina.
Del lado chileno se encuentra 75 por ciento del yacimiento, que la firma transnacional canadiense Barrick Gold se propone explotar durante 17 años para extraer anualmente 615.000 onzas de oro, 30 millones de onzas de plata y 5.000 toneladas de concentrado de cobre, para lo cual tendría que intervenir tres glaciares en la cordillera de Los Andes.
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Estos glaciares, situados a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar, alimentan de agua al valle del Huasco, 660 kilómetros al norte de Santiago, donde viven 70.000 personas, en su mayoría pequeños agricultores que producen principalmente vides y aceitunas.
La instancia regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) aprobó en febrero el proyecto Pascua Lama, condicionado a que no se destruyan los glaciares, según un plan de manejo que debe presentar Barrick Gold al menos tres meses antes del inicio de las obras para la explotación del yacimiento, previsto originalmente para este año.
Esa aprobación fue resuelta por el gobierno de Ricardo Lagos, quien el 11 de marzo entregó el cargo a Michelle Bachelet, la cual afirmó en repetidas oportunidades, tanto como candidata como luego ya en la presidencia, que no permitirá la destrucción de los glaciares.
Los expertos Diego Luna, César Padilla y Julián Alcayaga plantearon, en una completa investigación, que el Tratado de Integración y Complementariedad Minera firmado en 1997 por los entonces presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, fue hecho "a la medida" de la empresa transnacional.
En el trabajo publicado bajo el título "El exilio del cóndor. Hegemonía transnacional en la frontera", Luna, Padilla y Alcayaga pusieron en tela de juicio la constitucionalidad de ese tratado, dado que Chile estaría cediendo soberanía a favor de la firma canadiense además de transgredir normativas de protección ambiental.
Barrick Gold, una compañía transnacional ligada a la familia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, realizó un intenso tráfico de influencias en los gobiernos y parlamentos de Chile y Argentina mientras ambos países negociaban el tratado minero en el marco de acuerdos de integración que firmaron en 1991.
Las campañas de oposición al proyecto Pascua Lama ponen énfasis en el historial de Barrick Gold, adquirida en 1983 por el traficante de armas saudita Adnan Khashoggi, vinculada con el venezolano Gustavo Cisneros y con George Bush, presidente de Estados Unidos de 1989 a 1993 y padre del actual mandatario de ese país, según una investigación del periodista Greg Palast.
En el caso de Chile, la acción de Barrick Gold encontró el camino libre gracias a una legislación heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que facilitó progresivamente el aumento de la inversión privada en desmedro de la presencia estatal en el sector minero.
Chile, el mayor productor mundial de cobre, posee más de un tercio de las reservas de este metal. El Estado controlaba 87 por ciento de la producción local hasta 1989, pero su participación bajó a 50 por ciento en 1994 y en la actualidad el sector privado está a cargo de más de 70 por ciento de la explotación, dijo Alcayaga a IPS.
La investigación sobre el tratado minero chileno-argentino advierte que en la práctica soslaya el tema ambiental, lo cual es preocupante en esta actividad, conocida por sus impactos contaminantes y el agotamiento que provoca de recursos como el agua en áreas donde ésta es muy escasa, como ocurre en el norte de Chile.
"Las partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile y a la declaración de impacto ambiental en la Argentina, según corresponda", señala el tratado que los parlamentos de los dos países ratificaron en 2000.
La normativa ambiental chilena es considerada demasiado laxa, con una fiscalización criticada internacionalmente por su debilidad, lo cual se espera que será corregido a través de la creación de un ministerio y de una superintendencia del ambiente, según plantea el programa de gobierno de Bachelet.
En el primer estudio de impacto ambiental que Barrick Gold presentó una vez aprobado el tratado binacional a las autoridades chilenas ocultó la existencia de los glaciares. Fueron los agricultores del valle del Huasco quienes denunciaron esta irregularidad a la Conama.
En "El exilio del cóndor" se incluyó un detallado estudio jurídico para concluir que el tratado minero entre Santiago y Buenos Aires, tanto en su fondo como en su forma, contiene disposiciones que contravienen la Constitución chilena.
"La Constitución establece una prohibición absoluta a la concesión minera sobre todo tipo de yacimientos situados en zonas fronterizas consideradas de importancia para la seguridad nacional", señalan los investigadores.
Con base en una ley complementaria de esa disposición, Alcayaga, Luna y Padilla subrayaron que "ningún no chileno o sociedad no chilena, pueden adquirir derechos mineros en una franja de 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera chilena, lo que incluye a argentinos, canadienses, estadounidenses o australianos".
Los mecanismos de aprobación de las concesiones, así como las autorizaciones para las llamadas servidumbres (construcción de carreteras y de otras obras de infraestructura), son también objeto de reparos constitucionales, lo mismo que el propio sistema de tramitación del tratado.
En el parlamento se ratificó el tratado como una ley simple, que requiere de simple mayoría, en lugar de hacerlo como ley orgánica constitucional, cuya aprobación requiere del voto favorable de los dos tercios de los senadores y diputados.
Se habría infringido igualmente el principio de territorialidad, en tanto el tratado permite que los tribunales chilenos aprueben servidumbres para explotaciones ubicadas en Argentina, según el análisis de los expertos legales.
En virtud del tratado, Barrick Gold pudo modificar sus planes originales, que incluían instalar las fases finales de la producción aurífera en Chile, y las trasladó al lado argentino, dejando en el primer país las labores de extracción y chancado (procesamiento primario) de 75 por ciento de la explotación, con toda su carga contaminante, que amenaza también al río Huasco y al valle agrícola.
