Al culminar la gestión del presidente Evo Morales, en 2011, la pobreza extrema de Bolivia habrá disminuido en 7,5 por ciento, según las metas del plan de desarrollo que acaba de dar a conocer el nuevo mandatario de Bolivia, y que despierta reservas entre especialistas.
Según el "Plan Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien", anunciado este mes, la pobreza extrema de este país es de 34,5 por ciento y su propósito es disminuirla a 27,1 por ciento en 2011, con lo cual estaría acercándose a la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que vivían en la indigencia en 1990 para el año 2015, establecida en el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El gobierno de Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo, que asumió el mando de la nación en enero, tiene por finalidad reducir el desempleo de 8,4 a cuatro por ciento, mediante la generación de 90.000 puestos de trabajo por año. Esto se basa en proyecciones de una economía creciendo a un ritmo anual de 7,6 por ciento y una inversión de 12.700 millones de dólares.
Según el tercer informe sobre el progreso de los ODM elaborado en 2005 por la gubernamental Unidad de Políticas Sociales y Económicas (Udape), con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la meta boliviana sobre pobreza extrema se alcanzaría si para 2015 ésta disminuye a 24 por ciento de la población.
Según el informe de ODM, Bolivia tendría en la actualidad un porcentaje mayor de personas viviendo en pobreza extrema si se tiene en cuenta que su proyección para 2007 es de 36,4 por ciento. No obstante, la meta que se propone el plan de Morales está dentro de la curva proyectada para llegar al 2015 con 24 por ciento de pobreza extrema.
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza afecta a 67,3 por ciento de la población.
Cualquiera sea la cifra que se adopte, la meta de reducción de pobreza extrema es muy ambiciosa y será difícil de alcanzar porque el gobierno actual continuará aplicando el mismo modelo económico que concentró la riqueza en pocas manos, advirtió a IPS el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez.
El experto explicó que el último eslabón de la cadena de la pobreza está localizado en las zonas rurales del occidente del país donde se concentran los pequeños agricultores, quienes producen en reducidas extensiones de tierra y venden los alimentos a precios inferiores a su valor real.
Su limitada capacidad de producción y la "subvención" que otorgan a los consumidores de las ciudades al ofrecer productos a un precio menor ponen de manifiesto la pobreza generada por el actual sistema económico —indicó Gómez— y ello demanda agresivas medidas de cambio, puntualizó.
El plan de desarrollo para los próximos cinco años propone una reactivación del empleo mediante una inversión de 6.861 millones de dólares del Estado en los sectores sociales, más una inyección de 5.839 millones de dólares de inversionistas particulares, entre nacionales y extranjeros.
Según el economista y coordinador de políticas públicas del Cedla, la inversión privada no tiene mayores expectativas de generar actividad económica en zonas deprimidas del occidente boliviano, y por el contrario se afinca en sectores de alta rentabilidad.
En el área productiva del plan se proyecta la generación de excedente y ahorro para la transformación de los recursos naturales, la generación de empleo y la inversión pública en infraestructura.
En opinión del ex director de la Udape, Juan Carlos Requena, la lucha contra la pobreza requiere un crecimiento a un ritmo de siete por ciento anual del producto interno bruto (PIB), pero con contribuciones de nuevos productos, además del gas natural y los minerales, según expresó a IPS.
Entre los años 2002 y 2005, el PIB registró un crecimiento de entre 2,43 y cuatro por ciento, a pesar de la turbulencia política marcada por el cambio de tres presidentes desde el año 2003, e históricamente el año con el mejor resultado fue 1992, con cinco por ciento.
El l de mayo, Morales nacionalizó la industria petrolera con la finalidad de recuperar para el Estado el negocio de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos, que genera alrededor de 700 millones de dólares por año y representa la base financiera de su estrategia de desarrollo.
Los ejemplos de Chile y de China, que ingresaron en periodos de crecimiento continuo de 15 años para alcanzar resultados satisfactorios, muestran la necesidad de aplicar políticas sostenidas, con orientación al sector social y apoyo a los sectores productivos con uso intensivo de mano de obra, expresó Requena.
El plan de desarrollo se sustenta en la explotación de los hidrocarburos, la minería, la industrialización del gas y el proyecto siderúrgico del Mutún, para la explotación y el procesamiento de hierro en la oriental región fronteriza de Puerto Suárez, que proporcionará ingresos de 100 millones de dólares por concepto de regalías y otras obligaciones impositivas y tributarias, según el gobierno.
"Las empresas extranjeras estarán sometidas al poder del Estado soberano y a los criterios de rendimiento para que sean consumidoras de insumos producidos en el mercado boliviano", expresó el ministro de planificación Carlos Villegas, durante la presentación del plan de desarrollo.
Pero Gómez cuestiona la falta de un plan que cambie el escenario económico, en el que el negocio bancario de la intermediación del dinero ha logrado dominio frente a los deprimidos sectores de producción manufacturera.
Así mismo, el especialista cuestiona la asignación de recursos a los artesanos, pequeños y medianos empresarios y productores indígenas a través del Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Productivo, porque —opina Gómez— ésta no representará una solución para las familias con ingresos disminuidos.
En este caso, la agilidad y capacidad de pocos desplazará nuevamente a los más necesitados, que carecen de conocimientos para obtener y administrar créditos, explicó.
En materia laboral, el investigador lamenta la falta de un agresivo cambio que genere puestos de trabajo para los más pobres, y propone una transformación del agro del occidente boliviano para hallar nuevas vocaciones productivas y responder a las expectativas de 42 por ciento de los 9,2 millones de habitantes de esa zona.
Los planes gubernamentales se encaminan a la distribución de hasta cuatro millones de hectáreas de tierras estatales a campesinos sin tierra, pero el fraccionamiento de las propiedades es cuestionado por los expertos que prefieren la propiedad comunitaria para obtener mejores resultados en la producción agrícola.
Gómez sugiere que el Estado asuma el reto de invertir en programas de biodiversidad de largo plazo pero de alta rentabilidad futura, para crear nuevas fuentes de ingresos para un Estado que se debilitó tras la venta de sus principales empresas de telecomunicaciones, fundiciones de metales, ferrocarriles, transporte aéreo y generación de electricidad.
En opinión de Requena, la participación del sector privado está condicionada al mensaje que emita el gobierno respecto de las inversiones privadas y dejó una interrogación abierta tras la nacionalización de los hidrocarburos, sector que tiene como principales actores a transnacionales como la brasileña Petrobras, la española Repsol y otras compañías británicas y estadounidenses.
