Las negociaciones en la Ronda de Doha de mayor apertura comercial ingresan en su etapa decisiva bajo presión de la OMC, que reclama traducir las concesiones en números, por las críticas de la sociedad civil al egoísmo del Norte y por las diferencias que se profundizan entre países en desarrollo.
En ese ambiente sesionarán desde este viernes y hasta el domingo los ministros de unos 60 países y altos funcionarios del resto de los 149 estados miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio), forzados a concluir a fines de este año el ciclo de negociaciones lanzado en diciembre del 2001 en la capital de Qatar.
Las discusiones se encuentran en la fase de concertación de las modalidades, como se denomina a las fórmulas y cifras para la reducción de las medidas comerciales de sostén y protección, que permitirían arribar a la etapa final de la elaboración de las listas de compromisos que asumirían los países.
Aunque la llamada Ronda de Doha abarca una vasta complejidad de temas comerciales, como servicios, subvenciones a la pesca, facilitación del comercio a través de disposiciones aduaneras y medidas antidumping (contra competencia desleal), entre otras, todas las posibilidades de desbloquear el proceso se concentran en la agricultura y en los bienes industriales.
El director general de la OMC, el francés Pascal Lamy, comparó la tarea de los negociadores con la construcción de una catedral gótica, donde las columnas están representadas por dos de los pilares de la negociación de la cuestión agrícola, el apoyo interno y el acceso a los mercados, y por un tercero, la reducción de los aranceles de los productos industriales.
En su alegoría, Lamy dedujo que la obra ha llegado ya al momento culminante de coronar las columnas con números definidos. A la Unión Europea (UE) le correspondería levantar el último tramo del acceso a los mercados agrícolas con una reducción pronunciada de sus elevados aranceles.
El aporte de Estados Unidos en el pilar del apoyo interno consistiría en una disminución de las subvenciones que otorga a sus agricultores. Mientras que la columna de los recortes de aranceles industriales tendría que ser completada por "determinados países en desarrollo que están en condiciones de hacerlo", explicó.
La idea del jefe de la OMC es que los ministros y altos funcionarios olviden durante este fin de semana los discursos retóricos y se concentren en las fórmulas de reducción de las medidas proteccionistas y en los porcentajes de esos recortes para entrar a discutir las concesiones que están dispuestos a intercambiarse.
Pero los deseos de las autoridades de la institución tropiezan con la realidad del sistema comercial actual, como lo describen las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema.
Por ejemplo, Celine Charveriat, de la asociación humanitaria Oxfam, indicó que el enfoque hacia el "desarrollo" que se atribuyó en sus comienzos a la Ronda de Doha, "se ha perdido a causa del egoísmo y la terquedad de Estados Unidos y de la Unión Europea".
Si el acuerdo de la Ronda se derrumba, "no debe dudarse a qué y a quién culpar", insistió Charveriat, jefa de la campaña de Oxfam por un comercio justo.
Estados Unidos y la UE han jugado al borde del abismo por mucho tiempo y, a menos que den un giro completo a último momento, se habrá perdido una única oportunidad en toda una generación de concertar nuevas reglas comerciales que habrían podido conducir hacia el desarrollo, se lamentó la representante de Oxfam en Ginebra.
Por su parte, Carin Smaller, del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP), advirtió de que el proceso de negociaciones se ha convertido en una verdadera preocupación para el mundo en desarrollo que soporta presiones para intercambiar concesiones y equiparar ambiciones entre los temas de aranceles industriales y de agricultura.
Muchos países en desarrollo tienen intereses muy reducidos en la presente Ronda. Si las discusiones se concentran en ese tipo de temas, se quedarán sin argumentos para afrontar las negociaciones, interpretó Smaller.
Los debates de los próximos días se diversificarán entre sesiones formales del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC, el organismo responsable de la Ronda de Doha, y reuniones reducidas y ampliadas de los distintos grupos formados en los últimos años y que reflejan la variedad de intereses de los miembros de la organización.
Una de esas agrupaciones, el Grupo de los 20 (G-20), creado por países en desarrollo con cierta afinidad en cuestiones agropecuarias, debe examinar las diferencias surgidas entre algunos de sus miembros en torno a dos mecanismos del tema de acceso a los mercados en la negociación al respecto.
Algunos países latinoamericanos del G-20, Argentina, Paraguay y Uruguay, han cuestionado el grado de flexibilidad que otro grupo de naciones en desarrollo, el G-33, reclama para los Productos Especiales y para el Mecanismo de Salvaguardas Especiales.
La alternativa de los productos especiales fue ideada para permitir que los países del Sur excluyan de las rebajas arancelarias a determinados productos agrícolas de importación. A su vez, el mecanismo de salvaguarda autorizará a los mismos estados a imponer protecciones arancelarias cuando los precios de compra o las cantidades alcancen límites determinados.
Por ejemplo, India o China podrían recurrir a alguna de esas medidas para protegerse de las importaciones de soja de esos tres países latinoamericanos y también de Brasil.
Fernando L. Nebbia, subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos, de la Secretaría de Agricultura de Argentina, dijo a IPS que en ese caso se tratarían de protecciones arancelarias que superarían inclusive a las anteriores de la Ronda Uruguay, el último proceso de negociaciones comerciales multilaterales que se realizó entre 1986 y 1994.
"Sería un retroceso tremendo", enfatizó el funcionario argentino. Cómo se eligen los productos susceptibles de esa protección, demandó. Esos mecanismos "representan un gran peligro" para los países exportadores del sur de América Latina, insistió.
Argentina saldría perdiendo de esta negociación, aseguró Nebbia, quien comunicó que su país, Paraguay y Uruguay habían expuesto la preocupación en un documento presentado a la OMC.
La divergencia de intereses crea un problema entre los países en desarrollo porque, de los 21 miembros que tiene hoy el G-20, una decena pertenece también al G-33. Ellos son China, Cuba, Filipinas, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Venezuela y Zimbabwe.
Nebbia, sin embargo, desechó la posibilidad de la divergencia pueda ocasionar rupturas en los dos grupos de países en desarrollo "pues no necesariamente tiene que haber acuerdo".
Respecto de la reacción en Brasil, donde algunos sectores de empresarios cuestionan también la flexibilidad requerida por el G-33, Nebbia dijo que sobre ese tema el sector privado brasileño "dice una cosa y el gobierno otra".
