La 59 Asamblea Mundial de la Salud afrontará los debates más embarazosos de su próxima sesión, del 22 al 27 de mayo, cuando se ocupe de dos sistemas en entredicho, el de patentes de medicinas y tratamientos y el de la incorporación de miembros observadores que impide el ingreso de Taiwán a las deliberaciones.
El máximo organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) examinará otros asuntos técnicos, como la erradicación de la poliomielitis, la destrucción de las reservas del virus de la viruela, el avance de la gripe aviar o las migraciones internacionales de personal sanitario.
Denis Aitken, asesor del director general de la OMS, reconoció la dificultad de la discusión sobre las relaciones entre los derechos de propiedad intelectual y la salud, una cuestión actualizada en los últimos meses por un informe encargado por la misma institución y por una propuesta de Brasil y Kenia.
El organismo independiente encargado del informe, la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, recomendó por ejemplo que los gobiernos evitaran toda estipulación, en tratados bilaterales de comercio, que pudiera reducir el acceso a las medicinas por parte de los países en desarrollo.
La conclusiones de la Comisión, que fue encabezada por la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, mostraron las diferencias de sus miembros, expuestas en dictámenes anexos firmados por expertos que adherían a posiciones de la industria farmacéutica transnacional o a las divergentes de los países en desarrollo.
La 59 asamblea de ministros de los 192 Estados miembros de la OMS discutirá las recomendaciones de la Comisión y también el proyecto de Brasil y Kenia para crear un grupo de trabajo que estudie el establecimiento de un marco mundial de respaldo a la investigación y desarrollo de medicinas orientadas a las necesidades del interés público.
La idea de Brasilia y Nairobi se vincula con el cuestionamiento de sectores científicos y humanitarios al actual régimen de investigación y desarrollo, respaldado por la industria transnacional y los países desarrollados, que dedica 90 por ciento de las inversiones a atender las necesidades médicas de 10 por ciento de la población mundial, en los países ricos.
La iniciativa de Brasil y Kenia demanda que el grupo de trabajo proponga a la OMS la adopción de sistemas de protección a la propiedad intelectual que incrementen el acceso a las innovaciones sanitarias y favorezcan la obtención y distribución de productos en los países en desarrollo.
"Uno debería esperar que la OMS fuera responsable de un mejoramiento en la salud del mundo, que fuese la organización líder en ese terreno", comentó Rowan Gillies, presidente del consejo internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF). "Pero eso no es lo que ocurre actualmente", lamentó.
Por ese motivo, MSF y un grupo de otras organizaciones humanitarias internacionales han lanzado la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, que identifican por su sigla en inglés DNDI.
Bernard Pécoul, ex presidente de MSF que ahora comanda la DNDI, dijo a IPS que el grupo se proponía incentivar esfuerzos para la investigación y el desarrollo de medicamentos de las denominadas enfermedades olvidadas, como la tripanosomiasis, la leishmaniosis, la enfermedad del sueño y la malaria.
En la primera etapa, la DNDI está integrada por la Fundación Oswaldo Cruz, de Brasil, el Consejo Indio de Investigación Médica, el Ministerio de Salud de Malasia, el Instituto de Investigación Médica, de Kenia, el Instituto Pasteur, de Francia, MSF y, en papel de observador, el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales de la OMS.
La iniciativa guarda semejanza con el movimiento que encabezó también Brasil, acompañado por Sudáfrica a fines de la década de 1990, a favor de la primacía de la salud sobre el comercio.
En esa época, MSF y otras organizaciones humanitarias independientes como Oxfam y Focus on the Global South, se sumaron a la movilización que obtuvo el éxito con la declaración de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ese documento, adoptado en noviembre de 2001 en Doha, la capital de Qatar, el principio de la prioridad del acceso a los medicamentos para las poblaciones de los países en desarrollo en desmedro del interés meramente comercial.
Guilherme Patriota, representante de Brasil, estimó que "sería interesante que pudiera darse un proceso parecido".
"Es lo que estamos intentando hacer. Depende del resultado de la asamblea, pero la idea es esa", confió a IPS Pedro Saldanha, otro funcionario de la misión brasileña en Ginebra.
Los gobiernos, y en este caso especial la OMS, deben definir las prioridades en materia de investigación, reclamó Pécoul. La OMS no tiene una actividad fundamental destinada a establecer la prioridad en el rubro de la investigación, con excepción de la gripe aviar, insistió el presidente de la DNDI.
De los 105.000 millones de dólares que se destinan por año a la investigación médica, 90 por ciento se ocupa de las enfermedades que afectan a sólo 10 por ciento de la población mundial, observó Pécoul.
Existe ausencia de liderazgo y también de inversiones, en términos de financiamiento por parte de los gobiernos, subrayó el experto.
Gillies reprochó que no existieran pruebas de diagnóstico apropiadas para la tuberculosis, en especial para las personas contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida. "Es una situación increíble porque la tuberculosis es la enfermedad que más decesos causa entre los infectados de sida", dijo el presidente de MSF.
Mientras tanto, la industria farmacéutica transnacional acrecienta sus negocios en las naciones industrializadas. El mercado mundial de productos farmacéuticos aumentó en siete por ciento durante 2005 con relación al año anterior, hasta alcanzar un monto de 602.000 millones de dólares.
El destino de esos fármacos es significativo. Unos 265.000 millones de dólares fueron al mercado de los países de América del Norte, casi 170.000 millones, a los de Europa, 60.300 millones a Japón, 46.400 millones a los países de África, Asia y Pacífico, 24.000 millones a América Latina, y el resto a China y las demás naciones del mundo.
El sector privado farmacéutico ha promovido cambios en los tratados internacionales, inclusive a través de los acuerdos comerciales bilaterales, que causan un aumento permanente de los niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual, opinó Patriota.
En esas condiciones, los gobiernos de los países en desarrollo se encuentran con las manos atadas y ya no pueden siquiera intentar el control de precios en el acceso a los medicamentos, describió el diplomático brasileño.
El segundo punto conflictivo de la Asamblea Mundial de la Salud, la solicitud de Taiwán de participar como observador de las sesiones, concluirá probablemente sin cambios políticos con relación a los años anteriores, cuando la petición taiwanesa fue rechazada, estimó Aitken.
Una resolución adoptada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1971 determinó que el foro mundial sólo reconocía a Taiwán el carácter de una provincia china.
Desde entonces nunca han prosperado las peticiones de Taiwán a la OMS para incorporarse como observador a la asamblea. Sólo 25 países, de los cuales 24 son miembros de la OMS, reconocen en el plano internacional la existencia de Taiwán como un estado independiente.
Los restantes miembros de la OMS reconocen únicamente a China. Por tanto, la relación de fuerzas ha sido claramente favorable a Beijing que sostiene la posición de que "hay una sola China", explicó Aitken.
Chao-chin Juang, secretario de la oficina de Taipei en Bélgica, observó a IPS que la constitución de la OMC consagra el principio de que el goce de los más altos niveles de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano.
En consecuencia, los 23 millones de taiwaneses deben gozar de iguales derechos y de un acceso regular a la OMS, argumentó el funcionario durante una visita esta semana a Ginebra.
En forma paralela, la Federación Internacional de Perodistas (FIP) expresó su preocupación ante la OMS por el rechazo de las solicitudes de acreditación de reporteros taiwaneses para cubrir las sesiones de la asamblea.
Es una discriminación política, dijo Christopher Warren, presidente de la FIP.
La organización profesional entiende que los periodistas son individuos independientes y no deben ser considerados como representantes de sus países de origen.
