Desde que se inició el gobierno de Vicente Fox en México, en diciembre de 2000, fueron asesinados 15 periodistas en acciones vinculadas al ejercicio profesional y cinco por otras causas, mientras dos permanecen desaparecidos.
Los asesinatos de periodistas, la autocensura impuesta por temor a represalias violentas y la promulgación de leyes de radiodifusión y televisión que "restringen el derecho a la libertad de expresión" trazan una situación preocupante, dijo este martes Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según estudios del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), desde 1970 a la fecha han sido asesinados en México 121 comunicadores. El período con más víctimas (46) correspondió al gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-1994).
En el gobierno de Fox, que culminará en diciembre, los periodistas asesinados suman 15, precisó Cepet en una lista que incluye los nombres de las víctimas, sus cargos y las circunstancias en que fallecieron.
La ola de asesinatos es atribuida a la acción de narcotraficantes que operan con extrema violencia, especialmente en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos.
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Confiamos "en que el Estado tomará las medidas necesarias para proteger y garantizar la libertad de prensa, indispensable para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en el país", expresó Incalcaterra.
En la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el funcionario participó este martes en una conferencia sobre el tema junto a Leonarda Reyes, directora del Cepet, y Carlos Castillo, funcionario de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas.
Según Reyes, el gobierno "no ha sido efectivo en la lucha contra el crimen organizado" y esa ineficacia se ha traducido en el asesinato de comunicadores.
El Cepet mantiene una campaña permanente contra la violencia que sufren periodistas y exige acciones al gobierno.
Presionado por actos delictivos y reclamos, el gobierno de Fox creó en febrero una fiscalía especial. Castillo, su director, señaló que esa instancia necesitaba tiempo para demostrar su eficacia.
No obstante, el fiscal reconoció algunos obstáculos, pues no resulta fácil probar la conexión entre los asesinatos de periodistas y el ejercicio laboral, según apuntó.
La empresarial Sociedad Interamericana de Prensa afirma que la zona más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo es hoy el norte de México. Allí, los narcotraficantes asesinan, secuestran y amenazan sin que el gobierno lo pueda impedir.
En uno de los últimos episodios, dos encapuchados ingresaron en febrero a la sede del diario El Mañana, de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, efectuaron más de 30 disparos y lanzaron una granada, hiriendo de gravedad a un periodista.
Reporteros y medios de comunicación del norte, incluido El Mañana, reconocen que por el miedo y las amenazas han optado por autocensurarse cuando informan sobre el narcotráfico.
La mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen impunes, igual que casi todos los cometidos por bandas de narcotraficantes.
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras advierten que ejercer el periodismo en México es hoy una de las actividades más peligrosas.
Sin embargo, reconocen que el Estado ya no ejerce mayores presiones contra la libertad de prensa y de expresión, materias en las que México reprobaba mientras fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, entre 1929 y 2000.
Aunque hay avances, "es preocupante constatar que se continúa atentando contra la libertad de opinión y expresión al atacar la integridad física de periodistas y comunicadores", insistió Incalcaterra.
En lo que va de 2006, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró tres asesinatos de periodistas, tres agresiones y cinco amenazas.
El representante de esa oficina de la ONU, Incalcaterra, sostuvo que otro hecho preocupante fue la aprobación, en marzo, de nuevas leyes sobre radio y televisión.
Esas disposiciones, votadas por legisladores y promulgadas por el presidente Fox, "limitan y restringen el derecho a la libertad de expresión y opinión", dijo.
Las nuevas leyes fueron aprobadas bajo fuertes presiones de las corporaciones Televisa y TV Azteca, que acaparan junto con otras pocas las frecuencias del espectro electromagnético mexicano.
Según la nueva legislación, quienes ya explotan frecuencias podrán extenderlas a servicios digitales de todo tipo sin más trámite que dar aviso al gobierno. Pero los posibles nuevos competidores deberán participar en subastas para acceder a un espacio electromagnético.
Los medios de comunicación educativos patrocinados por el gobierno, por municipios y universidades públicas, y los independientes,, como las radios comunitarias, fueron marginados en la legislación
En opinión de Incalcaterra, en las leyes aprobadas prevalece "un criterio eminentemente económico en demérito de la libre expresión e información".
Legisladores que se opusieron a esas iniciativas preparan una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
