Una deforestación anual equivalente a 10 veces la superficie de la capital y una quema de bosques que genera más gases invernadero que los medios de transporte argentinos son males ambientales radiografiados por la Fundación Vida Silvestre Argentina en un informe presentado este martes.
"La situación ambiental del país es preocupante", aseguró a IPS Marcelo Acerbi, director de conservación y desarrollo sustentable de la Fundación. "Ninguna provincia queda exenta de tener algún problema importante", completó.
Desmonte, contaminación, sobrepesca, desertificación son algunos de los problemas más frecuentes señalados en "La situación ambiental argentina 2005", que llevó casi un año de realización.
"La deforestación anual equivale a diez veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires", grafica el informe. Y agrega: "En 2002 se calculó que quedaban en el país alrededor de 33 millones de hectáreas de bosque, pero por año se pierden 250.000".
"La quema de los bosques chaqueños produce emisiones de dióxido de carbono superiores a las de todos los medios de transporte del país", alerta el estudio de la Fundación, que tiene casi tres décadas de existencia.
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La publicación reúne más de 80 artículos que reflejan diferentes visiones de más de 140 autores especialistas entre los que se cuentan investigadores, científicos, líderes sociales, funcionarios y empresarios.
El trabajo incluye, además, la presentación de los resultados de la Encuesta Ambiental Nacional, destinada a conocer la percepción que la población tiene sobre el estado del ambiente.
Según el sondeo, realizado por una consultora de opinión pública, casi la mitad de los consultados, 46 por ciento, creen que la situación empeoró durante los últimos cinco años.
La contaminación aparece como el problema que más preocupa a los argentinos. Según los datos, esto es así en 15 de las 23 provincias. Inundaciones, tala de bosques e incendios forestales son otras de las principales preocupaciones constatadas.
Si bien se trata en general de problemas de origen urbano-industrial, también existen casos puntuales vinculados con emprendimientos mineros en ecorregiones como la estepa patagónica, la puna, los altos Andes y las yungas, con un severo impacto sobre las fuentes de agua potable de las poblaciones cercanas.
La encuesta indaga también sobre la adjudicación de responsabilidades. Una amplia mayoría, más de 70 por ciento de los encuestados, entiende que el gobierno es el responsable de la situación. Más específicamente, los gobiernos provinciales, señalados en 46,8 por ciento de los casos, y el gobierno nacional, según 26,9 por ciento de los consultados.
Por otro lado, "el conflicto suscitado con la República Oriental del Uruguay por las papeleras (fábricas de celulosa) pone en evidencia la dimensión transnacional de estos impactos y, en consecuencia, la necesidad de coordinar nuevos y mejores mecanismos de planificación conjunta entre naciones vecinas, con el fin de prevenir tales problemas", sostiene la publicación en sus consideraciones.
"La protección de un ambiente sano debe estar en el centro de nuestras políticas de Estado", afirmó a principios de este mes en la nororiental ciudad entrerriana de Gualeguaychú el presidente argentino Néstor Kirchner, en un acto realizado en el marco de la disputa con Uruguay por la autorización dada por el gobierno de ese país a la instalación de dos fábricas de celulosa a orillas de un río compartido.
Acerbi, de la Fundación Vida Silvestre, sostuvo al respecto que "eso inmediatamente tiene que reflejarse en acciones. Hasta ahora lo que escuchamos son palabras".
"Nosotros vemos esfuerzos aislados. En un país federal como el nuestro, el gobierno puede impulsar claramente y trabajar con las provincias para que administren su territorio no de forma tan anárquica", agregó.
En cuanto a la legislación ambiental vigente, el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo en la presentación del libro que "no tenemos una carencia normativa, tenemos sí una carencia seria en la aplicación y en el ejercicio del poder de policía".
"Tiene que haber un convencimiento claro de que hablar de ambiente no significa perder oportunidades de crecimiento", indicó a IPS Daniel Tomasini, coordinador del área ambiente y desarrollo sostenible de la oficina en Argentina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De momento, el PNUD tiene en ejecución en este país 25 proyectos ambientales, concentrados en biodiversidad, desertificación, contaminación y cambio climático, que significan una inversión de seis millones de dólares anuales.
"Estamos cada vez más convencidos (de) que tenemos que enfocarnos también en el sector del consumo para crear consumidores responsables", apuntó Acerbi.
"Muchas veces el sector productivo tiene que encarecer su producción para desarrollar esta responsabilidad ambiental, y después no hay quien la compre, no hay quien la consuma", evaluó.
Las recomendaciones incluidas en el capítulo final del trabajo incluyen la creación de un Ministerio dedicado exclusivamente al ambiente, y el diseño de un ordenamiento territorial específico.
"El problema es que todas las acciones en materia ambiental positivas van por la escalera, y los conflictos ambientales van por el ascensor", concluyó Tomasini.
La publicación, de casi 600 páginas, constituye la tercera edición de la serie, y fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, las embajadas de Gran Bretaña y de Suiza, el Banco Mundial y un grupo de empresas.
