El plazo de dos años que se impusieron los capitanes del ejército portugués para la instauración definitiva de un sistema constitucional parlamentario, al derrocar la dictadura corporativista el 25 de abril de 1974, fue cumplido rigurosamente.
El 25 de abril de 1976, bajo el manto protector del Consejo de la Revolución del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), como garantía de que no se regresaría al pasado dictatorial, los diputados del hemiciclo unicameral de São Bento inauguraron el puente hacia la integración definitiva de Portugal a la familia democrática mundial.
El año anterior había sido totalmente desmantelado el arcaico imperio portugués en África, en cumplimiento de la otra gran promesa de la revolución que depuso la dictadura instaurada en 1926, cuyos principales exponentes fueron Antonio de Oliveira Salazar y Marcello Caetano.
La orden de cese de las hostilidades en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, los entonces tres teatros de guerra contra los movimientos de liberación, había sido dada el propio 25 de abril de 1974, pero las necesarias negociaciones para el traspaso del poder se prolongaron por más de un año.
Sin embargo, también se registraron frustraciones. El 1 de diciembre de 1975, Lisboa reconoció la independencia de Timor Oriental, pero una semana más tarde se produjo la invasión de Indonesia, que lo anexó a su territorio con el costo de 210.000 muertos, un tercio de su población en esa época.
Decididos a borrar la imagen de un país colonialista, los capitanes pretendieron devolver Macao, dando inicio a complicadas negociaciones con China para la entrega del territorio. Sin embargo, para Beijing era de interés estratégico la permanencia de los portugueses en el enclave, que no lo aceptó hasta diciembre de 1999.
Pasadas tres décadas de democracia, los balances son polémicos, en especial en lo referente a la acentuada desigualdad social, que contraría el espíritu de la proclama revolucionaria de los militares.
Este hecho quedó patente en el parlamento este martes, cuando el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco e Silva, hizo un llamamiento al "esfuerzo de todos" para elaborar un "plan de acción nacional" destinado a concretar el designio colectivo del combate contra la pobreza y la exclusión social, que afectan a un quinto de sus 10,2 millones de habitantes.
Sus antecesores en el cargo, acudieron al Congreso legislativo para celebrar la efeméride con un clavel rojo, símbolo de la fecha fundadora de la democracia. Quebrando la tradición presidencial, Cavaco e Silva no prendió la flor en la solapa, manteniéndose fiel a su origen de político conservador.
No obstante este claro mensaje simbólico, el jefe del Estado subrayó que la realidad de nuestros días indica que "en varios aspectos, quedamos muy atrás de la concreción de esa visión de construcción de una sociedad con mayor justicia social", anunciada hace tres décadas.
"Estamos lejos de realizar el sueño", dijo y advirtió sobre el riesgo de pobreza persistente de los más vulnerables, en especial los ancianos, porque "no es moralmente legítimo pedir más sacrificios a quien vivió una vida entera con privaciones".
Pese a la aparente contradicción ideológica, la crítica del mandatario conservador fue claramente dirigida a la decisión del primer ministro socialista, José Sócrates, de imponer tributos a las pensiones bajas, una medida calificada como "neoliberal" por los analistas.
Invitado de honor en la tribuna especial en el parlamento, el coronel en la reserva Vasco Lourenço, uno de los más destacados "capitanes de abril", dijo a la prensa que algunos de los designios de la revolución "aún están por cumplirse" y deploró que en términos de justicia social, hasta "se han verificado algunos retrocesos".
Durante los 30 años de vida democrática parlamentaria, algunos dirigentes políticos "cayeron a veces en la lucha por el poder, en la defensa de intereses corporativos o en la corrupción, verdadero cáncer de la democracia", en un ambiente marcado por "los intentos del poder económico para controlar el poder político", lamenta Lourenço.
El teniente coronel en retiro Otelo Saraiva de Carvalho, que con grado de mayor coordinó las operaciones militares que derrocaron la dictadura salazarista, dijo a IPS que continúa pensando que lo mejor para su país hubiese sido lo que propuso durante el período revolucionario: "la democracia directa, donde el pueblo elija a sus representantes sin pasar por las cúpulas partidarias".
Para el general de brigada en la reserva Pedro Pezarat Correia, que con grado de mayor fue uno de los dirigentes más destacados del Consejo de la Revolución, la acción del MFA permitió "la readmisión de nuestro país en la convivencia de la comunidad internacional de las naciones".
El golpe militar "derribó una dictadura colonial retrógrada e implacable, de casi medio siglo, abriendo las puertas de la libertad", por lo que la efeméride de 30 años que ahora se celebra, es el de "la institucionalización del poder democrático representativo", añadió.
El historiador y profesor universitario Antonio Costa Pinto, hizo las veces de "abogado del diablo", el sostener este martes en una entrevista a Jornal de Noticias, de Oporto, que en Portugal, "democracia ya tenemos, pero ésta no es de gran calidad".
El catedrático colocó el ejemplo del el sistema judicial, blanco de severas críticas de la ciudadanía debido a algunas decisiones polémicas, tales como dictaminar a favor del castigo físico a niños minusválidos y autorizar el allanamiento policial de la redacción de un periódico que denuncio control de teléfonos de altas figuras del Estado.
Las personas desconfían de los tribunales, porque "el sistema judicial no es amistoso con la ciudadanía", apunta el historiador, que a renglón seguido subraya que, "al contrario de lo que se pueda pensar, en Portugal existe una muy débil sociedad civil".
En el concierto de la UE, Portugal tiene "una participación política, cívica y sindical más baja que el promedio y al contrario de lo que dicen los empresarios, un índice de conflictos sociales bastante más reducido", sostuvo Costa Pinto, quien coloca como antítesis la gran convocatoria a las protestas contra el polémico contrato del primer empleo en Francia.
Costa Pinto concluye con pesimismo, al deplorar que a pesar de la inversión hecha por la revolución democratizadora del 25 de abril en la escolarización masiva, el objetivo fracasó: "los índices de analfabetismo y de abandono precoz del sistema escolar, son de los factores más preocupantes de la calidad de nuestra democracia". (
