Organizaciones civiles de Argentina celebraron en 1994, en el marco de una polémica reforma, la incorporación a la Constitución de mecanismos para profundizar la democracia. Pero esas disposiciones son ignoradas o se cumplen de modo deficiente.
Entre las deficiencias más notorias se cuenta la reticencia del gobierno de Néstor Kirchner a rendir cuentas de sus acciones cada mes al parlamento, lo cual motivó la presentación este miércoles de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el jefe del Gabinete ministerial, Alberto Fernández.
La diputado Elisa Carrió, de la agrupación opositora Afirmación para una República Igualitaria (ARI), acusó ante un juez federal a Fernández de "reiteradas ausencias" a informar al Congreso bicameral, por haber faltado otra vez a la cita con ese cuerpo legislativo, prevista originalmente para esta jornada.
Fernández justificó su ausencia en el pedido de Kirchner de que lo acompañara, como así lo hizo, a la reunión del martes y este miércoles en Sao Paulo con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, para analizar acuerdos energéticos y la crisis que afecta a los procesos de integración de América del Sur.
La Constitución establece que el jefe de Gabinete, una figura creada en la reforma de 1994 para disminuir la concentración de poder del presidente, debe concurrir al Congreso legislativo "al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las dos cámaras", para informar sobre la marcha del gobierno.
Esa disposición fue una de las valoradas por la sociedad civil y sectores políticos que, en cambio, criticaron otros aspectos de las modificaciones a la ley fundamental concretadas el año siguiente del acuerdo alcanzado entre el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) y su antecesor, Raúl Alfonsín (1983-1989) que era el líder de la oposición.
En esa reforma fue que se introdujo la reelección presidencial por un periodo consecutivo y cambios en la conformación del Poder Judicial que lo llevaron a estar más sujeto a las decisiones del gobierno y que los críticos entienden fue la apertura de la impunidad a innumerables casos de corrupción en los años 90.
Pero, del lado positivo, también se incorporaron a la Constitución conceptos como el derecho a un ambiente sano y de los consumidores y usuarios, la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres, la potestad ciudadana de pedir el tratamiento de leyes y la creación de la Auditoría y la Defensoría del Pueblo.
El mecanismo de rendición mensual de cuentas del gobierno al parlamento permite mantener un diálogo fluido entre ambos poderes, así como de control ciudadano del gobierno a través de sus representantes. En esa instancia no hay temas excluidos.
Sin embargo, esta norma no se cumple como correspondería. Las reiteradas ausencias de Fernández por "razones de agenda" es fuertemente cuestionada por todos los sectores de oposición, que advirtieron que esas "excusas" "ya son rutina".
"En cualquier estado, el Poder Ejecutivo tiende a acumular poder y para eso existen reglas de juego que buscan controlar y limitarlo, pero en Argentina parece que las reglas no crean obligación", comentó a IPS el abogado Martin Bohmer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Bohmer sostuvo que en este país existe "una cultura política autoritaria", en la que "los hombres fuertes no deliberan ni dan explicaciones cuando tienen la fuerza de los votos". Algo de eso ocurre con el gobierno de Kirchner, explicó el experto, director del Área de Justicia de esa organización no gubernamental.
Desde la llegada al gobierno de Kirchner, en mayo de 2003, Fernández debió haber asistido 18 veces a la cámara baja, pero fue sólo tres, la última de ellas en marzo de 2005. Algo similar ocurrió en el Senado, donde se presentó sólo cuatro veces.
IPS intentó obtener información de la Jefatura de Gabinete y la consulta se derivó a la dirección de enlace parlamentario. Pero los funcionarios de esa oficina no respondieron a los llamados.
El diputado Eduardo Macaluse, de ARI, admitió que en algunas oportunidades, por sus obligaciones como funcionario, el jefe de Gabinete tiene que suspender o cambiar de fecha una visita, pero advirtió que en el caso de Fernández la ausencia es "consuetudinaria".
Macaluse consideró que el gobierno de Kirchner tiene una concepción del poder que "excluye todo tipo de control".
Como ejemplo de la importancia que tienen las visitas de un jefe de Gabinete al Congreso, Macaluse recordó que en la audiencia con los diputados en 2004, Fernández dijo que estaba "superado" el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación en ese último país de dos plantas de celulosa sobre un río compartido.
Esa aseveración se probó luego que al menos no se podía hacer una afirmación tan contundente. En la actualidad, el gobierno argentino evalúa apelar a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para zanjar el diferendo causado por el temor al impacto ambiental del proyecto.
La Constitución también estableció en esa reforma que el Poder Ejecutivo "no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Y añade que sólo "cuando circunstancias excepcionales" lo requieran podrá emitir "decretos de necesidad y urgencia".
Según el texto fundamental, esos decretos presidenciales deben ser entregados al Congreso para que sean sometidos a consideración de una comisión bicameral permanente que, debe emitir rápidamente un dictamen aconsejando su rechazo o aprobación como ley al plenario del cuerpo.
Empero, para que este mecanismo se ponga en marcha, se requiere que el Congreso designe la comisión indicada y elabore un estatuto sobre cómo proceder. Dos pasos que están pendientes desde hace 12 años.
Es así que los presidentes argentinos gobiernan desde entonces a través de decretos en temas que no siempre se plantean como urgentes, según analistas, siguiendo una añeja práctica de los tiempos que ni siquiera tenían la limitación de ratificar sus disposiciones por el Congreso.
Kirchner no fue una excepción. Desde que asumió, emitió 169 decretos.
El senador Rodolfo Terragno, de la opositora Unión Cívica Radical, que cuestiona sistemáticamente la falta de una norma que reglamente los decretos, señaló que hay 89 proyectos presentados para regular estas norman que emanan del Poder Ejecutivo.
Por eso, en lugar de presentar uno nuevo, reflotó un articulado de 2000, cuya autoría es de la actual senadora oficialista Cristina Fernández, esposa del presidente Kirchner.
La iniciativa, vuelta a presentar este año por Terragno sin ningún cambio, prevé que el poder Ejecutivo explique al parlamento las razones de la urgencia y los peligros en caso de que un decreto no se transforme en ley por ese cuerpo.
También se establece que, si el decreto es aprobado, tendrá el rigor de una ley, pero si es rechazado pierde toda legalidad.
Fernández, que preside hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, informó el martes que su proyecto reflotado por Terragno será analizado en los próximos días, una promesa que hicieron todos los oficialismos en los últimos 12 años.
