La primera Conferencia Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil avanzó poco en la definición de políticas específicas y sufrió duras críticas de algunos dirigentes, pero abrió nuevos horizontes al diálogo entre el gobierno y las poblaciones autóctonas.
La conferencia, que reunió en Brasilia a 800 representantes de las más de 220 etnias brasileñas, se inició el 12 de abril con su legitimidad cuestionada por una moción aprobada una semana antes por 550 líderes reunidos en el «Campamento Abril Indígena» en la misma ciudad capital.
Convocada por la Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano encargado de la política para esa población, la conferencia se organizó de forma de responder únicamente a los intereses de ese organismo estatal en tutelar a los indígenas, según la moción.
Pero la participación de miembros de todos los pueblos, incluyendo dirigentes importantes, llevaron a las dos mayores entidades, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab) y a la Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo, a ablandar sus críticas, evitando la confrontación.
Las deliberaciones de la conferencia no son rechazadas de plano, pero pasarán por una evaluación de la VIII Asamblea General de la Coiab, que podrá aprobarlas o no, afirmó a IPS Jecinaldo Cabral, presidente de la organización.
La asamblea tendrá lugar entre este viernes y el martes en la Tierra Indígena Raposa Serra del Sol, demarcada hace un año en el septentrional estado de Roraima, después de tres décadas de lucha. Ese lugar se eligió por "simbolizar la lucha de los pueblos indígenas amazónicos y brasileños", señaló Cabral.
La principal crítica a la "Conferencia de la Funai" es que se realiza en el último año de gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y no en el primero, 2003, como se había prometido y acordado con el movimiento indígena, destacó Cabral. En lugar de un debate para orientar su gestión, este gobierno lo coloca al final, en "una situación lamentable, dividiendo a los pueblos indígenas", acusó.
Pese a su representatividad limitada, la conferencia finaliza este miércoles con algunos "puntos positivos", según Ricardo Verdum, asesor de Políticas Indígenas y Ambientales del no gubernamental Instituto de Estudios Socioeconómicos.
Se ratificó la creación de una Comisión Nacional de Política Indigenista, que discutirá orientaciones con amplia participación de representantes indígenas, y se dispuso establecer en el futuro una especie de parlamento indígena, como foro representativo de todos los pueblos que dialogará con el Congreso Nacional legislativo.
La conferencia afirmó también que se debería fortalecer a la Funai y colocar en su presidencia a un indígena, y no a funcionarios blancos como hasta ahora. La propuesta de ampliarla y elevarla a Ministerio no obtuvo consenso y es una idea para "madurar", observó Verdum, quien acompañó los debates.
El encuentro abrió un "nuevo espacio de discusión, de articulación entre los indígenas", muchos de los cuales están dispersos y desorganizados, comentó. Por ejemplo, empezó a ser discutida una organización de los pueblos indígenas del sur, dijo.
Pero no se logró una decisión que el gobierno consideraba importante, la de avalar un proyecto de ley para regular la minería en tierras indígenas. Los participantes en la conferencia decidieron aplazar el debate por un año, para que sus pueblos puedan analizar la propuesta y sugerir aportes o alteraciones.
Los indígenas fueron inteligentes y practicaron el "principio de la precaución, exigiendo tiempo", opinó Saulo Feitosa, vicepresidente del católico Consejo Indigenista Misionero. Abrir las tierras indígenas a la extracción minera solo interesa a las empresas del sector, que hace décadas presionan por esa liberación, señaló.
La propuesta de regular la actividad está en debate hace dos años, después de que aborígenes "cintas largas" mataron a 29 mineros que extraían diamantes en sus tierras. Pero el interés afecta a muchas áreas, y hay en la institución que controla la minería cerca de 38.000 pedidos para exploración en tierras aborígenes, sostuvo Feitosa.
La conferencia, pese a su cuestionado proceso de preparación, terminó con un "triunfo de los indígenas", mostrando al gobierno que no se puede basar una política para esa población "en principios generales, uniformes", cuando se trata de "relaciones con culturas específicas", evaluó.
Las diferencias entre los líderes indígenas respecto de la conferencia tampoco acabaron en división, pues se trata de pueblos que "rechazan rupturas" que acentuarían su vulnerabilidad como minorías, y al final "son todos parientes", comentó.
De todas formas, cuestiones fundamentales, como la seguridad de la tierra sobre la cual los indígenas quieren tener una gestión autónoma, y la salud, que está en "una situación caótica", quedaron en la misma incertidumbre, acotó Feitosa.
Para los indígenas brasileños la conferencia fue "un ejercicio nuevo", ya que no corresponde a su tradición este tipo de encuentros en que representantes deciden por una delegación de poderes no reconocida por los aborígenes, observó Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal.
El gobierno actual cometió una "nueva equivocación" al buscar que algunos centenares de "delegados" legitimaran una propuesta minera que va en contra de los derechos indígenas, concluyó.
La Funai estima en 450.000 la población indígena nacional, descartando a los habitantes urbanos que se declararon tales en el censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de 2000, y según el cual había en el país 734.000 aborígenes. Brasil tiene 186 millones de habitantes.
