En Argentina, Brasil, Uruguay y en menor medida en Chile gobiernan fuerzas políticas afines al sindicalismo, pero las relaciones entre ambos actores arrojan hasta ahora balances contradictorios y a menudo críticos, según expertos y líderes laborales de estos cuatro países.
.jpg "Crédito: Cacho Ernesto (Indymedia Rosario, Argentina)")
Expresiones de la discriminación, el desempleo crónico y de la precariedad o informalidad laboral, como los piqueteros de Argentina (trabajadores desocupados) o los comités de morosos en el pago de viviendas populares y los mapuches en Chile, concurren actualmente a las noticias sobre movilizaciones y la agitación con mayor asiduidad que las centrales sindicales.
En Brasil, el éxodo rural aumentó en términos relativos la sindicalización en el campo, pero el Movimiento de los Sin Tierra (MST) se mantiene como actor combativo, con alta participación en los conflictos, lo cual no ocurre con la Central Única de Trabajadores (CUT). Las dos agrupaciones están identificadas con el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
El índice de sindicalización se estima en Brasil en 18 por ciento de la fuerza de trabajo, según datos de 2004, con una recuperación de 15,9 por ciento respecto de 1988, lo cual podría atribuirse al influjo de la llegada por primera vez al gobierno del PT, en enero de 2003, con el ex líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.
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En Argentina, donde las investigadoras Adriana Marshall y Laura Perelman se lamentan de la falta de información y carencia de datos confiables y comparables históricamente sobre la afiliación sindical, se pudo estimar que ésta osciló entre 42 y 47 por ciento de la fuerza laboral en el convulsionado período que va desde 1988 a 2003.
Mientras Argentina mantiene, con todo, esa alta sindicalización atribuible a las redes de asistencia social gestadas con apoyo oficial desde las organizaciones laborales, en Chile, pionero en América Latina en la implantación del neoliberalismo bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), esa tasa es apenas de 13 por ciento.
En Uruguay, según la central sindical única PIT-CNT, se rompió en 2003 la tendencia a la baja de la sindicalización, común a toda América Latina y al mundo en desarrollo, y la tasa se ubica ahora en 24 por ciento de la población económicamente activa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha requerido más antecedentes para conocer el fenómeno del crecimiento.
El PIT-CNT tiene una identificación fuerte con el Frente Amplio, la alianza política de la izquierda que en octubre de 2004 ganó por primera vez las elecciones para instalar desde marzo de 2005 el gobierno que encabeza Tabaré Vázquez.
Helios Sarthou, catedrático en Derecho Laboral de la estatal Universidad de la República, apuntó en declaraciones a IPS la existencia de "un complejo de culpa en la izquierda", que lleva a Vázquez a buscar una política conciliatoria en las relaciones laborales.
Esto abrió el camino para que el sector patronal conformara "un impresionante lobby", que le reporta "una mayor influencia en el gobierno y la obtención de más logros que el sindicalismo", según Sarthou, que, a su entender, los empresarios han alcanzado más ventajas que en los precedentes gobiernos de derecha.
El experto, ex senador frenteamplista pero que hoy se manifiesta crítico del gobierno, admitió que a este cuadro concurre el PIT-CNT, que optó por disminuir la combatividad, en una posición de expectativa.
Esa misa situación se da en Chile por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente al nuevo gobierno de Michelle Bachelet, de la centroizquierdista Concertación por la Democracia en el poder desde 1990.
El socialista Arturo Martínez fue un crítico permanente de la gestión laboral de su coideario Ricardo Lagos, a cargo de la presidencia de Chile de 2000 al 11 de marzo pasado. Para el dirigente sindical, bajo el anterior gobierno persistió un panorama laboral con "empresarios que se acostumbraron a pisotear los derechos laborales y a no cumplir la ley".
Los cuatro mandatarios que se han sucedido en Chile desde la restauración democrática en 1990 están sustentados por una coalición de cuatro partidos de centroizquierda. Uno de ellos, el Socialista, al cual pertenece también Bachelet, dirige la CUT en alianza con los comunistas, que no forman parte del gobierno y se definen como oposición de izquierda.
La alianza socialista-comunista en la CUT es el último resabio de la Unidad Popular que gobernó con Salvador Allende desde 1970 hasta el golpe de Estado de 1973, pero su mirada apunta, según ha dicho Martínez, a reformas laborales que respondan al moderno escenario de la globalización con sus secuelas de precarización del trabajo.
De los casi cuatro millones de empleados dependientes, sólo 13 por ciento está sindicalizado en Chile, y 58 por ciento de ellos no tendrán fondos suficientes para jubilarse en el privatizado sistema de pensiones, mientras 57 por ciento de los trabajadores informales no tiene cobertura previsional, se señaló en febrero, en el 53 aniversario de la CUT.
José Andrés Herrera, subdirector del Programa de Economía del Trabajo, un centro de estudios independiente, señaló a IPS que Chile tiene una mínima sindicalización que responde a tendencias del modelo económico, como la externalización (contratación al margen de la empresa) de servicios y la tecnificación que sustituye mano de obra.
En este país de 15,6 millones de habitantes han proliferado las microempresas, con menos de ocho trabajadores, número que la ley exige para crear un sindicato, agregó Herrera.
El mensaje de permanente desprestigio de la dictadura de Pinochet contra las formas de organización con connotación política afectó también la convocatoria de los sindicatos y estimuló a los chilenos a organizarse más bien en torno a su identidad como consumidores.
A esto, concluyó Herrera, hay que añadir como un factor fundamental las prácticas antisindicales de muchos patrones, que prefieren pagar multas y desatar conflictos antes de permitir la existencia de organizaciones de trabajadores en sus empresas.
El papel de los sindicatos en los países del Cono Sur de América ha apuntado en sus relaciones con los gobiernos a mejorar los salarios, deprimidos por las sucesivas crisis en la región desde la década del 80.
Joao Carlos Gonçalves, secretario general de Fuerza Sindical, la segunda matriz obrera brasileña tras la CUT, destacó a IPS el logro de las correcciones salariales por sobre la inflación, pero advirtió que, en la medida de que el modelo económico de estabilidad fiscal no ha variado, se mantiene un alto desempleo, sobre todo entre los jóvenes.
En el gobierno de Lula mejoraron las condiciones de negociación tripartita con los sindicatos y la patronal, al tiempo que se redujo la conflictividad entre los desempleados con la creación de los Centros de Solidaridad, entidades oficiales que ayudan a la obtención de subsidios.
El de Brasil es el único gobierno del Cono Sur americano que tiene un presidente con pasado sindicalista y, junto con Uruguay, con un ministro sindicalista, el titular del Trabajo, Luiz Marinho, ex presidente de la CUT.
En Argentina, donde el gobernante Partido Justicialista tiene una larga tradición de presencia sindical y admite distintas corrientes de pensamiento en su interior, el presidente Néstor Kirchner no ha dado un trato preferente a la histórica Confederación General del Trabajo, que sigue convocando a los poderosos gremios industriales.
Kirchner, de tendencia centroizquierdista, distribuye su interlocución laboral también hacia la Central de Trabajadores Argentinos, más nueva y también más actualizada y progresista, que convoca a maestros, empleados estatales, jubilados, desempleados, obreros de fábricas recuperadas y meretrices, entre otras expresiones del variopinto mundo del trabajo.
* Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Mario Osava (Basil) y Raúl Pierri (Uruguay).
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