Siete años atrás, Melania decidió dejar su Perú natal para probar suerte en Chile como empleada doméstica, motivada por la pésima situación económica que atravesaba su país. Poco después la siguió su pareja y más tarde sus dos hermanas.
Melania, de 36 años, es una de las millones de mujeres que abandonan el país donde nacieron en busca de trabajo, a pesar de que la estadía en el nuevo territorio puede ser tanto o más difícil que la vida a la que renunciaron.
"Yo era la primera persona de mi familia que viajaba a otro país y temía extrañar mucho a mis padres y hermanas", dijo a IPS Melania, quien se casó y tuvo un hijo en Chile.
Trabajó cuatro años como empleada puertas adentro, con un día libre a la semana. Su sueldo le alcanzaba para enviar remesas a su familia, lo que incentivó a sus dos hermanas, quienes también llegaron a la capital chilena para trabajar en casas particulares cocinando, limpiando y planchando.
Aunque tuvo suerte de no sufrir en carne propia discriminación ni abuso laboral, sabe de ellos cuando se reúne con sus compatriotas residentes en Chile, quienes relatan largas jornadas de trabajo, ausencia de contratos laborales y nulo acceso a beneficios sociales.
[related_articles]
Esta realidad es descrita ampliamente en el estudio "Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras realidades", publicado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
La investigación se propuso analizar la situación de los derechos humanos de las mujeres emigrantes de la región, identificando sus principales problemas, los instrumentos jurídicos internacionales para su promoción y protección y los desafíos pendientes.
Las cifras revelan que de los 180 millones de inmigrantes internacionales, cerca de la mitad son mujeres, muchas de las cuales viajan solas, en general en busca de mejores mercados laborales.
La tendencia de la feminización de las migraciones se da en todo el mundo, pero América Latina fue la primera región del mundo en alcanzar la paridad en la cantidad de hombres y mujeres que emigran.
La emigración femenina latinoamericana se da hacia tres destinos principalmente: países fronterizos más desarrollados, Estados Unidos y potencias de otros continentes, como España y Japón.
En el año 2000 los países de América del Sur que registraban un mayor grado de absorción de flujos migratorios eran Argentina (35,1 por ciento) y Venezuela (25,4 por ciento). Se destaca el traslado de mujeres colombianas a Venezuela y Ecuador, de nicaragüenses a Costa Rica y de peruanas a Chile.
Según el censo de 2002, 195.320 extranjeros residen en Chile, de los cuales 50.448 son argentinos, 39.084 peruanos, 11.649 bolivianos y 9.762 españoles, aunque se estima que la población peruana podría alcanzar las 100.000 personas.
La emigración de mujeres peruanas a Chile pasó de 50 por ciento del total en 1992 a 60,8 por ciento en 2002, debido principalmente a la demanda de mano de obra para el servicio doméstico.
En América Latina, la mayoría de las emigrantes toman su decisión de manera autónoma, pero hay muchas que cruzan las fronteras obligadas por conflictos armados, condiciones de pobreza, deterioro ambiental y desastres naturales que afectan su bienestar y el de sus familias, señala el documento.
El desplazamiento femenino también es propiciado por situaciones de violencia doméstica, abuso sexual o costumbres propias de una cultura que coarta las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal de las mujeres, indica el trabajo del Celade, publicado el 22 de febrero.
Muchas son madres solteras, que actúan como la principal proveedora económica de su familia a través del envío de remesas, lo que sirve para aliviar la pobreza en sus países y comunidades de origen.
Aunque una cantidad importante de ellas encuentran trabajo en los países de acogida, en general se trata de labores de servicio doméstico, cuidados personales, venta callejera, atención de bares y restaurantes, aun cuando posean títulos de profesoras, enfermeras o secretarias, como sucede con las mujeres peruanas.
Según la investigación, las inmigrantes son vulnerables al racismo, xenofobia, violencia física, psicológica y sexual, abuso laboral, trabajo forzado, explotación sexual y trata de personas.
Habitualmente la decisión de emigrar está supeditada a un arreglo familiar, ya que las mujeres que son madres deben dejar sus hijos al cuidado de alguien de confianza mientras están lejos, tarea que habitualmente recae en abuelas, tías o hermanas mayores.
"La separación de las familias, la responsabilidad económica de la mujer migrante respecto a su familia en el país de origen y la delegación del cuidado de los hijos han generado un nuevo tipo de hogar familiar de carácter transnacional", plantea el estudio, realidad que debe ser atendida con urgencia por los países de origen y recepción.
Pero no todas las mujeres que deciden abandonar sus hogares son víctimas, ya que algunas logran encontrar buenos trabajos y crear fuertes lazos afectivos en los países de acogida, mejorando su calidad de vida. Generalmente se trata de mujeres jóvenes, solteras y con formación profesional.
De igual forma, el estudio advierte que hoy en día existen numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen la condición particular de las personas migrantes en su calidad de sujetos de derecho.
Uno de los más importantes es la Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, y que entró en vigor en 2003.
A noviembre de 2005 se habían adherido a ella 49 países y 34 la habían ratificado, pero no la suscribió ninguna nación desarrollada ni las de América Latina con importante actividad migratoria como Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.
El último paso relevante fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2003. En ese marco se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
"La mayoría de los países de la región no cuenta con políticas públicas destinadas a los inmigrantes, ya que se tienden a resolver los problemas relativos a estos grupos a medida que se van presentando", dijo a IPS Carlos Zanzi, profesional de la no gubernamental Fundación Ideas, dedicada a estudios sobre exclusión política y social.
La Fundación, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, está promoviendo un diálogo regional sobre los emigrantes, con el propósito de generar políticas, normativas, disposiciones e instrumentos que protejan sus derechos.
En Chile, la presidenta electa, Michelle Bachelet, quien asumirá su cargo el 11 de este mes, se comprometió a impulsar una nueva ley de extranjería, a promover la incorporación de la temática migratoria en convenios de integración y acuerdos multilaterales y a incluir la cuestión de la inmigración dentro del currículum educativo.
