Es dudoso que este año haya algún avance significativo en la reforma de las leyes estadounidenses de migración, pues el asunto despierta airadas pasiones entre legisladores y organizaciones especializadas de todo el espectro político, afirman observadores.
"El Congreso (legislativo) no aprobará ninguna reforma integral ni en esta sesión ni en las próximas debido a que los partidarios de mayores restricciones tomaron el control del debate", afirmó categórico el director de política del no gubernamental International Relations Center (IRC, Centro de Relaciones Internacionales), Tom Barry.
Lo seguro es un enfrentamiento entre dos sectores cruciales de los votantes del gobernante Partido Republicano: "los conservadores defensores de la ley y el orden" y los empresarios que dependen de la fuerza laboral inmigrante.
Los primeros quieren restringir severamente la circulación en las fronteras y deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Los segundos pretenden que los extranjeros sin papeles salgan de las sombras, y se les reconozca su creciente importancia económica.
El asunto es complicado debido a los intereses contradictorios de un amplio espectro de grupos y coaliciones. Por lo general, los intereses empresariales de los sectores de la agricultura, la construcción y la hotelería presionan para abrir las fronteras y así beneficiarse con mano de obra barata.
Algunos grupos representantes de los estados fronterizos con México proponen tomar medidas draconianas, y no descartan la construcción de una valla de seguridad para contener el flujo migratorio.
Otros, en cambio, sugieron que la legislación restrinja el ingreso y dé un estatus legal a los recién llegados. Y unos terceros llegan a proponer "un camino hacia la ciudadanía" para más de 10 millones de residentes que ya están en Estados Unidos.
De hecho, la legislación ya refleja la variedad de opiniones sobre la inmigración.
El Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que preside el republicano James Sensenbrenner (hijo), logró que se aprobara un proyecto de ley en enero para instalar un gigantesco muro a lo largo de la frontera mexicana y elevar las penas contra quienes fomenten la inmigración ilegal (incluyendo condenas mínimas obligatorias) y para los inmigrantes ya deportados que reingresen al país.
También se amplía el espectro de extranjeros pasibles de deportación, por ejemplo, los conductores ebrios.
El proyecto obligaría a los empleadores a verificar el número de seguro social de sus empleados en una base de datos nacional, a reembolsar a las autoridades de los distritos fronterizos el costo de apresar inmigrantes indocumentados y a facilitar su detención y deportación.
El gobierno de George W. Bush, que había propuesto el programa "trabajador invitado", apoyó este proyecto que consiguió 239 votos a favor 182 en contra.
Los críticos de este proyecto dicen que pasa por encima de los derechos de los estados y solo conseguirá mayor cantidad de conductores sin licencia, ignorando el quid de la cuestión: los millones de indocumentados que ya integran la fuerza de trabajo.
El año pasado se presentaron dos proyectos, que forman parte de un marco jurídico mayor. El que impulsan el senador republicano John McCain y el demócrata Edward M. Kennedy aboga por el aumento de la seguridad en la frontera a la vez que crea un programa para los trabajadores invitados.
De acuerdo a este proyecto, los extranjeros sin papeles deberán pagar regularmente sus impuestos y mil dólares más para ingresar al programa. A los seis años, tendrán que abonar otros mil dólares para obtener su tarjeta verde, que los califica como residentes legales permanentes. Quienes cuenten con una tarjeta verde podrán finalmente solicitar la ciudadanía.
Otra iniciativa, de los senadores republicanos John Cornyn y John Kyl, propone la lógica de "trabajar y regresar" en contraposición con el enfoque "trabajar y permanecer" de los senadores McCain-Kennedy.
En el centro de los intentos de aprobar alguna norma en el Senado está Arlen Specter, que encabeza el poderoso Comité de Asuntos Judiciales de la cámara alta. Su proyecto de Ley Integral de Reforma Migratoria 2006 prevé que los nuevos inmigrantes trabajen durante seis años sin derecho a solicitar la ciudadanía.
Se crearía un estatus temporal para entre 11 y 20 millones de personas indocumentadas que están actualmente en el país, a condición de que paguen sus impuestos, tengan trabajo y no posean antecedentes penales. El proyecto Specter no establece un tiempo límite de permanencia en esa condición.
Pero se prevé dura resistencia al mismo por parte de los férreos defensores del endurecimiento de la política migratoria, como la aprobada por la cámara baja. Algunos observadores creen que las diferencias entre los dos cuerpos legislativos son irreconciliables.
"Casi no alcanzan las palabras para describir la amenaza que este proyecto representa para nuestra seguridad nacional y económica", afirmó uno de los acérrimos defensores del proyecto de la cámara baja, el representante republicano Tom Tancredo.
A pesar de que la mayoría de los expertos en inmigración y libertades civiles apoyan las propuestas del Senado, mantienen sus reservas sobre cuestiones de privacidad, asilo y derecho al debido proceso para los inmigrantes.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por sus siglas en inglés) señala que según el sistema de verificación de empleos de Specter, todos los trabajadores deberán obtener un permiso de trabajo de una agencia federal y deberán participar en un programa nacional de comprobación de idoneidad para el mismo.
"Aun suponiendo que este programa fuera casi perfecto, millones de trabajadores estadounidenses legales podrían tener problemas para obtener su permiso y quedar atrapados en la burocracia durante todo el tiempo que le lleve a ésta resolver las imperfecciones del sistema", argumenta la ACLU.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos que representa a millones de empleadores, también tiene serias objeciones contra las disposiciones de verificación de empleo.
"El objetivo central de una legislación integral sobre la cuestión de la inmigración debe ser construir y mantener un marco jurídico basado en los valores centrales de la sociedad estadounidense tales como justicia, familia y reconocimiento al trabajo" dijo a IPS una experta en la materia, Karen Musalo.
"Debe ser un sistema que tenga en cuenta las serias consecuencias de los traslados para la mayoría de los inmigrantes y sus familias", agregó Musalo, directora del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Escuela de Leyes Hastings de la Universidad de California.
"La legislación debe amparar y asegurar procesos justos para los grupos vulnerables que buscan protección en Estados Unidos, incluyendo a los refugiados, niños y víctimas del tráfico de personas en general", dijo.
Musalo criticó el proyecto de Specter debido a que impone "duras penas a los trabajadores indocumentados y a otros inmigrantes por infracciones, algunas incluso menores, por las cuales perderían su estatus legal, generándose una subclase de inmigrantes sin protecciones reales y sin disposiciones a su alcance que les permitan obtener un estatus legal y apelar los fallos".
Barry, del IRC, dijo a IPS que "la lucha dentro del Partido Republicano fue ampliamente promovida por los sectores más conservadores, y es probable que la cúpula se pliegue a ella, dejando a los demócratas exponerse ante el público como si no tuvieran una posición clara contra la inmigración ilegal".
En su opinión, el proyecto Kennedy.-McCain es el "más completo" que se ha concebido, si bien "no tiene ninguna posibilidad en el Congreso y no cuenta con la aprobación social, debido a la fuerte tendencia a restringir la inmigración que se ha apoderado del debate político en Estados Unidos".
Una verdad sencilla subyace a esa discusión, explicó George Hunsinger, profesor en el Seminario de Teología de Princeton y coordinador de Curch Folks for a Better America (Gente de Iglesia para un Estados Unidos Mejor).
"Ningún ser humano, ciudadano o no, debe quedar sin protección legal. Nadie que lleve a cabo un trabajo necesario debe ser privado de un salario digno y de condiciones laborales decentes. Una sociedad que explota a los inmigrantes mientras los declara ilegales está atrapada en una maraña de contradicciones", sentenció.
