«Llamo porque en la lista de precios de referencia que difundió el gobierno hay cuadernos de 100 hojas rayadas a 3,90 pesos y yo lo pagué a 8,90», se quejó una compradora ante el servicio de Defensa de Usuarios y Consumidores de Argentina. «¿Cuál es la marca que vale 3,90?», insistió. «No sabemos», fue la respuesta oficial.
El caso, presenciado por IPS, pone en duda la efectividad de la estrategia del gobierno de Néstor Kirchner para mantener a raya la inflación. Desde hace seis meses el Ministerio de Economía firma acuerdos con empresarios de diversos sectores para que entreguen listas de productos en los que se comprometen a congelar los precios.
El gobierno intenta así tender un puente de plata hasta conseguir que aumente la inversión, la producción y la oferta de productos. Pero muchos observadores advierten que el problema no es de falta de oferta. Es estructural, dicen. Hay gran concentración empresaria y un Estado desmantelado, incapaz de controlar.
A partir del viernes, junto con el índice de inflación de febrero, se difundieron listas de precios de alimentos y bebidas, artículos de perfumería y limpieza, útiles escolares e indumentaria. Se trata de 351 productos en total con precios de referencia distribuidos en tiendas y supermercados.
En el folleto con las listas figuran los teléfonos de la oficina para efectuar denuncias a Defensa de Usuarios y Consumidores, pero el empleado que atiende no tiene información. "Nosotros no sabemos nada, las listas las hicieron en el Ministerio de Economía y eso está en otro edificio", dice quien atiende el servicio de llamada gratuita.
El teléfono suena entonces en otra dirección.
"Lo llamo porque su empresa firmó un compromiso y ahora no cumple", increpó Kirchner por vía telefónica al director de una de las principales firmas alimentarias del mercado. Según reveló un columnista del diario Clarín, el presidente pidió explicaciones por los precios de salchichas, aceite y harinas.
Sorprendido, el empresario explicó que esos artículos —en determinadas cantidades y calidades— no estaban dentro del acuerdo. Insatisfecho, Kirchner le advirtió que no toleraría trampas ni desvíos y que si no se cumplía el acuerdo, el gobierno aumentaría impuestos a las exportaciones de harinas y aceites.
El seguimiento cotidiano y personal de los precios revela la preocupación oficial por una tasa de inflación que amenaza con deslucir otros logros en materia económica. En 2005, la economía creció 9,1 por ciento y la pobreza y el desempleo bajaron.
Pero el índice general de precios mostró un incremento de 12,3 por ciento y llegó a 15,7 por ciento en alimentos, el rubro más sensible entre familias de menores ingresos.
Este año, el presupuesto 2006 prevé un alza de precios de entre siete y 10 por ciento. Para lograr ese objetivo, el presidente y la ministra de Economía, Felisa Miceli, se involucraron personalmente en acuerdos de precios con empresas. Pero organismos de consumidores y economistas no creen en esa estrategia.
"Los acuerdos de precios están destinados al fracaso", dijo a IPS Pedro Bussetti, de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores. En su opinión, los precios suben por la "fuerte concentración de la producción en pocas empresas" incluso en sectores clave como alimentos, gas, petróleo, acero, hierro y servicios públicos.
Según Bussetti, la inflación no responde a la falta de inversión o a la saturación de la capacidad instalada como sugiere el gobierno, sino a un fenómeno heredado de los años 90 cuando imperaba un modelo neoliberal ortodoxo. "Hoy tenemos entre 200 y 250 empresas que dominan la economía y tienen más poder que el Estado", sostuvo.
El activista señaló que el retroceso de la capacidad de control del Estado sobre las fusiones de empresas y de las estructuras de costos de las industrias también es parte del legado de los 90 que genera impacto. "Los organismos del Estado se manejan con datos aportados por las empresas", dijo.
Esto no era así a mediados de la década de 1980, aseguró Bussetti.
La Ley de Defensa de la Competencia, que rige desde 2001 para evitar monopolios, no se aplica. Preveía la puesta en marcha de un tribunal independiente de expertos que nunca se creó, y en cambio funciona una comisión de funcionarios del Ministerio de Economía.
En este sentido, Bussetti acusó al gobierno de desaprovechar la oportunidad de ganar espacios para el Estado al aprobar las últimas grandes fusiones de empresas en el rubro de la telefonía celular, las cervezas y el pan envasado. Esas uniones fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
"Antes de los 90 había unas 200 fábricas de galletitas en los alrededores de Buenos Aires. Hoy tenemos dos empresas que dominan la producción de todas las marcas del país", dijo en referencia a Arcor y Kraft, las dos firmas que se reparten el mercado.
Respecto de los productos en las listas de referencias, Bussetti remarcó que hay empresas lácteas poderosas como Sancor y La Serenísima que tienen 150 productos en el mercado y para la lista del Ministerio de Economía ofrecieron apenas nueve artículos, incluidos leche, manteca y yogur, entre otros.
En el caso de la compañía Danone la situación es peor porque congeló el precio de dos productos de los 500 que elabora. "Para comprar artículos con precios congelados, el usuario tiene que adquirir una determinada marca en una sola presentación, por ejemplo, de un kilogramo. Y eso no es elegir", se quejó Bussetti.
Por su parte, el Centro de Educación para el Consumidor hizo un recorrido por supermercados y denunció que casi 40 por ciento de los productos de la lista no estaban en las góndolas recorridas, y los principales faltantes se registraron en el rubro alimentos. A esas trampas se refería Kirchner.
El centro observó que los productos del acuerdo efectivamente están más bajos, pero son apenas uno por ciento del universo de los presentes en los supermercados y, si además escasean, la estrategia no tiene sentido.
En diálogo con IPS, el economista Martín Hourest, de la Central de Trabajadores Argentinos, explicó que las causas de la inflación actual no deben buscarse en cuestiones fiscales ni monetarias. Tampoco se pueden justificar como un problema de mayor demanda o de capacidad instalada a tope.
Para Hourest hay mercados cuya producción se transa internacionalmente y eso es lo que define hoy su estructura de precios internos. Por ejemplo, la carne vacuna, los lácteos, las harinas, los aceites o el petróleo. Pero además, hay una puja de rentabilidad dentro de las cadenas de producción y comercialización.
Los supermercados presionan por reducciones en los precios de sus proveedores y no siempre trasladan esos menores costos al consumidor. En cambio, en los comercios minoristas de menor envergadura, el problema es inverso. "El proveedor de leche me la vende al mismo precio que yo la tengo que vender", se quejó a IPS la dueña de una tienda de alimentos de barrio.
Hourest consideró que los acuerdos pueden resultar efectivos, no tanto para bajar los precios sino "las expectativas" inflacionarias. "Creo, incluso, que el gobierno no apunta a lograr que los precios bajen, porque si lo hiciera apelaría a otras herramientas que no utilizó para controlar de verdad", remarcó.
"Lo que el gobierno procura es conseguir bajar las expectativas de subas mostrando, sobre todo a la clase media y alta que son las que más consumen, la preocupación de toda la administración, incluido el presidente, en mantener los precios bajo un aparente control", dijo el economista.
