La corrupción se manifestó en la marina mercante de Cuba, pese a las precauciones tomadas por el gobierno para evitarla, y la destitución de un ministro es el resultado.
El gobierno reconoció el fin de semana, en un comunicado oficial, un caso de corrupción en la marina mercante, al anunciar el cese del ministro de la Industria Pesquera, Orlando Rodríguez Romay, por «falta de control y vigilancia sobre la actitud y modo de vida» de sus subordinados.
El comunicado confirmó, aunque sin identificarlos, que varios funcionarios de dirección del área empresarial de ese ministerio aceptaron comisiones y obsequios, hechos calificados de inadmisibles de acuerdo con la ética del personal del Estado cubano.
El informe añadió que se adoptaron las «medidas pertinentes» contra los implicados y aseguró que se «trata de hechos aislados» que no involucran a Rodríguez Romay ni a ningún otro funcionario de alto rango del Ministerio de la Industria Pesquera.
La nota oficial carece de referencias a versiones de fuentes diplomáticas y empresariales que relacionan con el caso de corrupción a Raúl Rodríguez Romay, ex director de la Asociación de Navieras de Cuba, perteneciente a ese Ministerio.
El ex directivo es hermano del ministro destituido y estaría detenido desde diciembre.
De acuerdo con esas fuentes, la investigación alcanzó también a otro hermano del ministro cesado, Tony Rodríguez, ex director de la empresa cubana de transporte de petróleo.
Empresarios consultados consideraron ínfima la corrupción en cuestiones de comercio exterior. Las autoridades afirman que la «ética socialista» no debe admitir ni un sólo caso.
Por otro lado, medios oficiales estiman preocupante el aumento de delitos como el robo y el desvío y malversación de recursos públicos, fenómeno agudizado con la crisis económica de los años 90.
El asunto figura en las agendas de reuniones del Partido Comunista de Cuba y también en las discusiones previas al próximo congreso de la Central de Trabajadores Cubanos.
En un documento tomado como base para la preparación de su congreso, la central sindical advirtió la existencia de trabajadores que «derivan hacia la corrupción y el delito, hacia la mentalidad deformada e irresponsable de resolver sus necesidades y satisfacer sus aspiraciones a cualquier precio».
Se refirió, así mismo, a quienes se sirven «de determinadas ocupaciones para el beneficio personal, a costa de los recursos del Estado o mediante el engaño a los consumidores y usuarios».
Una emisora radial informó el año pasado, citando datos brindados en una reunión del Partido Comunista en La Habana, que las malversaciones y desvíos de recursos en la capital superaron en 12 meses los tres millones de pesos (más de 150.000 dólares).
Por su lado, la Oficina Nacional de Auditoría aseguró que 60 por ciento de los organismos inspeccionados en 2000 tenían «deficiencias» en sus sistemas de control.
El «descontrol económico», junto con el bajo poder de compra de los salarios y la escasez, figuran entre los factores más mencionados a la hora de definir el caldo de cultivo propicio para delitos contra bienes estatales.
La legislación vigente castiga con penas de ocho a 20 años de prisión el delito de cohecho, básico en fenómenos de corrupción administrativa. Así mismo, las normas sancionan el tráfico de influencias, la malversación y el desvío de recursos.
Mientras, un Código de Etica aprobado en 1996 obliga a quienes asuman puestos en la administración estatal a no «beneficiarse ni beneficiar a otros por razón de parentesco o amistad, o a cambio de recibir otros favores».
El gobierno aspira a mantenerse a raya la corrupción, y al mismo tiempo, seguir su proceso de apertura al capital extranjero y relacionarse con un mundo donde «los vicios y la corrupción no son excepciones», dijo el vicepresidente Carlos Lage al presentar el Código.
El funcionario «es un servidor del pueblo, no un detentor de poderes a ejercer para beneficio personal», dijo Lage en esa ocasión.
El Código de Etica fue firmado por dirigentes de todos niveles, comenzando por el propio presidente Fidel Castro.
Entre los casos más conocidos de corrupción entre altos dirigentes figura el del ex presidente del Instituto Cubano de Aeronaútica Civil Luis Orlando Domínguez, condenado a prisión en 1987 por llevar un nivel de vida excesivamente alto.
A mediados de 1989, el proceso a un grupo de militares acusados de corrupción y narcotráfico culminó con la pena de muerte para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Amado Padrón.
En 1992, Carlos Aldana, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, fue destituido y enviado a trabajar fuera de la capital de Cuba por uso indebido de su cargo para beneficio personal. (FIN/IPS/pg/mj/ip/01
