El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no parece dispuesto a ceder a la presión de ambientalistas que reclaman la revisión de su financiamiento al gasoducto de Camisea, en la Amazonia de Perú.
Un estudio elevado al BID por la consultora independiente E-Tech International asegura que el gasoducto está mal construido y que puede sufrir roturas como las cuatro que ocurridas en los últimos 15 meses.
Según el informe, el gasoducto fue mal construido, dirigido por personal sin calificación y que 40 por ciento de los caos son viejos y están corroídos.
Un funcionario del BID dijo a IPS que no percibieron fuertes evidencias en el estudio de E-Tech International que obliguen a la institución a realizar una inmediata revisión del proyecto, como reclaman organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
"Creo que no tenemos información que respalde las acusaciones, luego de cinco años en que hemos participado del proyecto", dijo Robert Montgomery, jefe de la Unidad Ambiental y Social del Departamento del Sector Privado del BID.
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Las afirmaciones del estudio de E-Tech International son "muy fuertes y deben ser apoyadas por hechos, no por opiniones o rumores", agregó.
Montgomery sostuvo que algunos pasajes del informe, en especial el que asegura que 40 por ciento de las cañerías eran usadas, son tan graves que el consorcio constructor debería exigir a los autores una retractación.
"Es una acusación bastante seria", indicó. "El proyecto está operativo hace apenas un año y medio. Nada de eso se dijo en el pasado. El BID y sus ingenieros y consultores independientes nunca escucharon nada sobre eso ni supieron de nada que lo respalde."
Pero ambientalistas confiaban en que el estudio de E-Tech obligaría al BID a cambiar su actitud respecto del gasoducto. La institución, en cambio, continuó esta semana con su diálogo habituales con el consorcio a cargo del proyecto, que incluye a la petrolera estadounidense Hunt Oil, de Texas.
Varias organizaciones, entre ellas Amazon Watch y el Fondo Mundial para la Naturaleza, acusaron al BID de ejercer controles demasiado elásticos, lo que abrió paso a roturas de cañerías que ponen en peligro un territorio ambiental y socialmente delicado, e incluso sus fuentes de agua dulce.
El BID, establecido en 1959 y presidido por el colombiano Luis Alberto Moreno desde octubre de 2005, es la principal fuente multilateral de financiamiento para el desarrollo institucional y económico de América Latina y el Caribe.
El tendido del gasoducto de Camisea nace en el yacimiento enclavado en el corazón de la selva amazónica y se dirige a la costa peruana del océano Pacífico, con un costo de 1.600 millones de dólares.
El proyecto es uno de los más emblemáticos del BID, y fue promocionado como modelo al iniciarse en 2001.
La iniciativa tiene dos fases: la construcción del gasoducto de 714 kilómetros y una cañería de 540 kilómetros a través de la cordillera de los Andes para líquidos y combustible diesel, desde campo de extracción de Las Malvinas.
Camisea es operado por el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), que incluye a las firmas Pluspetrol y Techint, de Argentina, la texana Hunt Oil, la estatal argelina Sonatrach y la surcoreana SK Corporation.
Pero ambientalistas temen que el proyecto perjudique el área de Camisea, célebre en todo el mundo por su biodiversidad. Allí viven un millar de indígenas con escaso contacto con el resto de la población, así como 7.000 aborígenes de la comunidad manchiguenga.
La ansiedad entre peruanos y organizaciones internacionales preocupadas por el proyecto se agravó con el nuevo informe.
El estudio de E-Tech indica que el consorcio, en su apresuramiento por cumplir con la fecha de entrega de la obra estipulada en el contrato con el Estado peruano y eludir el pago de multas por 90 millones de dólares, vulneró normas y estándares internacionales para el tendido de la tubería.
"Con un proyecto de tal escala en un área tan delicada como la Amazonia peruana, se requiere un equipo de primer nivel", dijo Bill Powers, uno de los autores del informe. "Desafortunadamente, las obras fueron apresuradas y no contaron con una supervisión calificada."
Powers sostuvo que los cuatro derrames sufridos en 15 meses de actividades eran predecibles, y advirtió el martes que, sin una completa revisión de las obras para asegurar la completa funcionalidad de los tramos dañados, habrá más roturas.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso legislativo peruano, Walter Alejos Calderón, anunció que citaría al ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez, para que explique por qué el consorcio utilizó tuberías sobrantes y en mal estado.
Magnolia López, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, dijo que el estudio de E-Tech International deja en evidencia que el BID debe cambiar su forma de hacer negocios en América Latina.
"Es importante un cambio en las políticas sobre hidrocarburos. Se requiere una revisión más exhaustiva y controles de los proyectos. Camisea debería marcar el comienzo de un gran cambio, y el BID debería entenderlo", afirmó López.
(*) Con aportes de Ángel Páez, desde Lima.
