Las empresas y los gobiernos hallados culpables por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) que sesionó en México no pagarán con penas ni multas, pero los querellantes esperan que «por lo menos» reconozcan sus responsabilidades y actúen en consecuencia.
Entre los fallos sobre casos en 10 países, el no gubernamental TLA responsabilizó a una empresa productora de celulosa de Chile por contaminar su entorno, y censuró a autoridades de aquel país por no impedirlo. También pidió suspender de forma inmediata la construcción de una gigante hidroeléctrica en México, que desplazaría a unos 25.000 campesinos.
"La resoluciones del Tribunal son un triunfo moral de gran relevancia y quisiéramos que los gobiernos respondan con algo de vergüenza", dijo a IPS Bidulfo Rosales, asesor jurídico de un grupo de campesinos del estado de Guerrero, en el sur de México, que presentó el caso de la construcción de la represa La Parota.
El veredicto indicó que ese proyecto hidroeléctrico, que se construirá a un costo de 850 millones de dólares, "debe suspenderse, ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales".
Además, el fallo señaló que autoridades mexicanas, en su afán por llevar a cabo la central, han incurrido en actos deliberados dirigidos dividir a las comunidades campesinas.
En todos casos que el jurado del TLA estudió, desde el 13 de marzo y el lunes, dio la razón a los querellantes.
Los denunciantes fueron ambientalistas, activistas u organizaciones de comunidades afectadas.
En el caso de Chile, el Tribunal pidió que a la "luz del Principio Precautorio, se suspenda inmediata e indefinidamente" la operación de una planta de celulosa "hasta la realización de nuevos estudios de impacto ambiental que propicien una nueva y adecuada autorización ambiental".
Celulosa Arauco y Constitución (Celco), inauguró en febrero de 2004 la planta de fabricación de celulosa Valdivia, junto al río Cruces, 32 kilómetros al sudoeste de un humedal que albergaba la mayor colonia de cisnes de cuello negro de América Latina.
El lugar era el hábitat de 4.000 a 6.000 ejemplares de esas aves migratorias, pero desde octubre de 2004 comenzó la mortandad que ascendió a unas 500 aves, mientras las demás emigraron.
Un informe de la Universidad Austral de Valdivia sostuvo que los vertidos de la planta de celulosa destruyeron el luchecillo, alga que es el principal alimento de los cisnes.
El TLA responsabilizó directamente a Celco "por la utilización inadecuada de los recursos hídricos y por la contaminación de la región, por la pérdida de biodiversidad, por los daños y riesgos a la salud de la población y por los perjuicios a las demás actividades humanas".
Además, censuró "a las autoridades gubernamentales, nacionales y regionales por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones y por sus decisiones contradictorias, siempre en perjuicio de la vida, la salud, la naturaleza y las comunidades tradicionales".
Fallos como los emitidos en este caso eran esperados, reconoció a IPS el portavoz del Tribunal que tiene sede en Costa Rica, Gilberto López.
"Hay razones muy fuertes para estos veredictos", apuntó.
El trabajo del Tribunal debe ser visto no sólo como el de un juzgador, sino como "el de un coadyuvante de soluciones", pidió.
Según López,"los fallos tienen muchas fuerza política, así que sus consecuencias son insospechadas y tendrán un seguimiento siempre con la idea de encontrar soluciones".
De los 13 casos estudiados por los magistrados, las partes demandadas en el de La Parota y en el de Chile fueron las únicas que no respondieron a los exhortos del TLA para presentar su defensa.
Los demás sí contaron alguna reacción de los denunciados, generalmente en forma de cartas, mientras dos se presentaron en las audiencias correspondientes a casos de contaminación de ríos en México.
Los procesos, que sólo tienen carácter moral, duraron alrededor de un año, mientras se presentaron las denuncias, se evaluó su procedencia y finalmente se definieron los fallos.
Los casos discutidos en la capital mexicana correspondieron a Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
De Brasil se procesó el de un proyecto para rellenar con lodos contaminantes parte de una laguna en el meridional estado de Sao Paulo, mientras de Bolivia se discutió sobre los malos servicios prestados durante siete años por una empresa privada de agua en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz, y de México cinco situaciones de contaminación, además de La Parota.
Además de la planta de la chilena Celco, las denuncias en Ecuador fueron contra la construcción de represas en las costas del océano Pacífico, y los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua se refirieron a la contaminación y desvío de ríos por actividades mineras.
Los magistrados que emitieron los fallos fueron Alexandre Camanho de Assis, procurador (fiscal) regional en Brasil, Alfredo Valladares, un arquitecto argentino, Patricia Ávila, politóloga mexicana, y Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia.
También participaron Selma Díaz, una arquitecta y socióloga cubana, Augusto Willemsen, un guatemalteco licenciado en derecho con experiencia en grupos humanitarios, David Barkin, académico mexicano de ciencias sociales, y Oscar González, ex presidente de la no gubernamental Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Según explicó a IPS Javier Bogantes, director del TLA, los magistrados fueron escogidos por su probada trayectoria y por su alto prestigio moral. Para emitir sus fallos fueron asesorados por un comité técnico.
Los juicios se realizaron en el marco del IV Foro Mundial del Agua, que reúne a unos 13.000 delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas desde el jueves 16 hasta este miércoles 22 de marzo.
