AGRICULTURA: Terminator, la próxima batalla en Curitiba

La industria de la biotecnología presiona para flexibilizar la suspensión de experimentos de campo y producción comercial de semillas desarrolladas con tecnologías genéticas de uso restringido, conocidas como Terminator, dijeron activistas.

La advertencia fue hecha este jueves por cuatro organizaciones internacionales que participan en la tercera Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena para la Seguridad en la Biotecnología (MOP-3), que se lleva a cabo desde el lunes hasta este viernes en la meridional ciudad brasileña de Curitiba.

Estas tecnologías producen variedades genéticamente modificadas de plantas estériles, obligando a los agricultores a comprar nuevas semillas para cada siembra.

¿Las semillas estériles luego de la primera cosecha podrían evitar la contaminación de siembras convencionales, sin afectar la biodiversidad y la bioseguridad? "No hay base científica para afirmarlo, como hace la industria Delta & Pine, en realidad ese sistema es perfecto solo para impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas", afirmó Ricarda Steinbrecher, de la organización EcoNexus, con sede en Gran Bretaña, e integrante de la Federación de Científicos de Alemania.

La polémica seguirá en la octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, que empezará el lunes también en Curitiba, cuando se presente el informe del Grupo de Trabajo sobre el artículo 8j de ese tratado, que se refiere al conocimiento, innovaciones y prácticas de indígenas y comunidades locales, cuya cuarta reunión se celebró en enero en Granada, España.
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El informe invita los gobiernos a "promover la cooperación y las sinergias entre agencias y expertos para realizar investigaciones sobre los impactos potenciales y otros aspectos del uso de las tecnologías genéticas de uso restringido, incluyendo los impactos ecológicos, socioeconómicos y culturales sobre las poblaciones indígenas y comunidades locales, inclusive una evaluación de riesgo caso por caso".

"La inclusión de la evaluación caso a caso es una manera de ablandar la suspensión", denunciaron EcoNexus, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC, con sede en Canadá), el centro de Investigación de Políticas para Alternativas de Desarrollo (Ubinig por sus siglas en bengalí) y la Red del Tercer Mundo, con sede en Malasia.

Según Steinbrecher, esa tecnología no es segura, pues ningún sistema biológico es cien por ciento seguro. Los procesos biológicos son dinámicos, con evolución, adaptación genética y metabólica. "Además, cualquier organismo vivo tiene herramientas para cambiar a partir de un proceso de mutación", observó.

Las tecnologías genéticas de uso restringido (GURT, en siglas inglesas) permiten, por ejemplo, la introducción de una toxina en la célula de una planta que es activada o desactivada por un agente externo, volviéndola estéril. Sin embargo, pueden ocurrir fallas en este proceso en distintas fases, lo cual puede amenazar con contaminar las siembras convencionales, señaló la científica alemana.

"Señalamos los riesgos de las semillas Terminator en la MOP-3 porque las industrias, especialmente la Delta & Pine, empezaron a presentar esa tecnología como un instrumento de bioseguridad, lo que no es verdad. Hablando de forma simplificada, los genes se pueden despegar y provocar mutaciones en otras plantas", explicó la activista uruguaya Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, el primero en advertir sobre estas semillas en 1998.

Producir este tipo de plantas "es un acto inmoral, pues las semillas son vida. No estamos hablando de ciencia, sino de una tradición de miles de años. Esterilizar semillas significa ofrecer la muerte a los agricultores", acotó la activista campesina Farida Akhtar, de Ubinig, un centro de Bangladesh que investiga alternativas de desarrollo.

Benedict Haerlin, de Greenpeace Internacional, coincidió. "Si permanece el 'caso a caso' será una luz verde para las industrias de biotecnología. Creemos que las semillas estériles son esencialmente contrarias a la naturaleza, el amor y todo de lo que depende nuestra vida. Es una cuestión ética y no técnica", afirmó.

Las GURT ponen en riesgo el mantenimiento de zonas libres de transgénicos. "Las GURT amenazan nuestro derecho a saber. Si uno no sabe qué hay en su comunidad y en los cargamentos transportados, no tiene cómo protegerse", acotó.

No hay estudios concluyentes sobre la inocuidad de los transgénicos para el ambiente y la salud humana.

En la Unión Europea, hay 170 regiones libres de transgénicos, 3.400 municipalidades y 200.000 productores, según Haerlin. Las negociaciones en Curitiba tratan de exigencias internacionales mínimas de identificación de transgénicos, mientras en Europa la protección es más rígida.

"Sin embargo, para los países que no tienen una legislación sobre el asunto, principalmente en África, el sudeste asiático y América Latina, el Protocolo de Cartagena es la única esperanza de contar con informaciones mínimas sobre los organismos vivos modificados" (OVM), declaró la activista de Greenpeace.

El Protocolo, en vigor desde septiembre de 2003, está destinado a proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales de los organismos vivos modificados por la moderna biotecnología.

El cuarto día de la MOP-3 empezó con una manifestación de 800 militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y la red internacional Vía Campesina, que protestaron frente a la Expo Trade, sede de la conferencia, contra el período de transición de cuatro años propuesto por Brasil para implantar el etiquetado obligatorio "contiene OVM" en los productos transportados internacionalmente.

Las negociaciones sobre este asunto proseguirán hasta la madrugada de este viernes, previó el delegado brasileño Luiz Alberto Machado, quien copreside el Grupo de Contacto que busca un consenso sobre la identificación de transgénicos.

El texto final es negociado en un grupo denominado Amigos de la Presidencia, constituido por representantes de cuatro países de cada región, África, Asia, América Latina y Europa, y esta última incorporó a Nueva Zelanda.

De las 132 partes del Protocolo, entre países y bloques, 94 están presentes en la MOP-3, superando el mínimo necesario de dos tercios para celebrar deliberaciones. Las ausencias se justificaron por la falta de recursos de algunos países para enviar a sus negociadores.

En los últimos dos años se realizaron 54 reuniones de negociación del Protocolo de Cartagena.

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