La anunciada concreción de la muy postergada reforma rural en China es la prueba real del compromiso del gobierno con los pobres del campo, según las autoridades. Pero aún resta un reconocimiento legal del derecho de propiedad de la tierra.
"La cuestión central de los agricultores chinos es la tierra, y la reforma de China se inició con aldeas rurales", dijo el primer ministro Wen Jiabao, en la reunión anual del Congreso Nacional del Pueblo (parlamento).
Esas palabras constituyeron el reconocimiento por parte del gobierno del abandono a las que fueron sometidas las vastas, deprimidas y populosas áreas rurales de China durante más de 20 años de rápido crecimiento económico.
Ahora, el espectro de la tensión rural volvió a atemorizar a los líderes del Partido Comunista.
Durante la sesión del parlamento, a comienzos de este mes, los líderes chinos anunciaron planes de "significación histórica" para reducir el sufrimiento de la población rural, como clave para eliminar la tensión social.
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También prometieron estimular el gasto rural, eliminar los impuestos que afectan a esa área, financiar allí el debilitado sistema de la salud e imponer la gratuidad de la educación primaria para los niños y niñas del campo.
Pero la reforma de los derechos sobre la tierra, que habría constituido una medida significativa para mejorar las condiciones de vida de la población rural, fue eliminada de la agenda legislativa.
"Los agricultores continuarán siendo intimidados por gobiernos locales y empresas a menos que se les dé poder para ser amos de sus propios dominios. También se convertirán en una fuerza aun más desestabilizadora", afirmó el economista Xu Sitao, asesor de la Red Corporativa de la Unidad de Inteligencia Económica en Hong Kong.
Hoy, los cultivadores sólo pueden arrendar tierra por 25 o 30 años, sin utilizarla como garantía para pedir préstamos e invertir en mejoras agrícolas que aumenten la productividad.
"La próxima etapa de la reforma rural debe permitir a los agricultores ampliar sus arrendamientos de tierras como un paso intermedio hacia la privatización total o ampliar el uso de la tierra a algunas actividades no agrícolas y más lucrativas", dijo Xu.
Los conflictos por los derechos de la tierra están en la raíz de muchas tensiones sociales en China en los últimos años. Haciendas agrícolas fueron confiscadas arbitrariamente por operadores inmobiliarios, que a menudo trabajan en coordinación con gobiernos locales, y arrasadas para proyectos industriales o residenciales.
Solo una fracción de los pagos por la tierra efectuados por promotores inmobiliarios llegan al bolsillo de los agricultores afectados. La mayor parte del dinero va a los gobiernos locales, que tienen la autoridad de reconvertir tierra agrícola, dándole otros usos.
Estafados por la enajenación de sus predios, a los que consideran su bien más esencial, los pobladores rurales han recurrido a la protesta.
Los disturbios crecieron hasta volverse cada vez más violentos y extendidos en los últimos años, pese a que el gobierno central ha exigido a las autoridades provinciales y locales terminar con los abusos.
Los incidentes violentos registrados por el Ministerio de Seguridad Pública pasaron de 58.000 en 2003 a 74.000 en 2004 y 87.000 en 2005.
La apropiación de tierras será severamente sancionada, manifestó Wen Jiabao al Congreso Nacional del Pueblo. "Debemos respetar el deseo de los agricultores y evitar las órdenes coercitivas", dijo a los legisladores.
Pero el primer ministro no dijo si esos derechos serían ampliados o reformados de algún modo.
Pero el parlamento no consideró la aprobación de una ley sobre los derechos sobre la tierra, que se verá demorada al menos por otro año. La norma habría consolidado una enmienda de 2004 a la Constitución, que establece una vaga protección al derecho de propiedad.
De todos modos, el proyecto en discusión no aborda la cuestión de la propiedad de la tierra trabajada por los agricultores, admitió Yang Jingyu, experto del Comité Legal del Congreso Nacional del Pueblo.
En el Comité "recibimos muchas opiniones al respecto y hay consenso en que necesitamos realizar un estudio más exhaustivo", dijo Yang al periódico Xinjingbao de Beijing.
La falta de un reconocimiento legal del derecho de propiedad sobre la tierra no sólo aumenta la inestabilidad rural, sino que también constituye uno de los principales obstáculos al crecimiento agrícola.
La disparidad entre ingresos urbanos y rurales en China es enorme: el ingreso anual por habitante asciende en las ciudades a 1.304 dólares el año pasado, pero en el campo fue de apenas 400 dólares.
Dos tercios de los 1.300 millones de habitantes de China viven fuera de los principales centros urbanos, y casi la mitad se ganan la vida allí.
Las zonas rurales fueron las que menos se beneficiaron del auge económico de los últimos años, en parte a causa de la productividad extremadamente baja del trabajo agrícola.
Aunque la producción agrícola representó 47 por ciento del empleo total del país en 2004, apenas constituyó 15,2 por ciento del producto interno bruto.
La naturaleza limitada de los derechos sobre la tierra significa que los agricultores carecen de capacidad de diversificarse hacia la industria y otras actividades más lucrativas.
