Sindicatos y organizaciones de usuarios del área sanitaria de Chile dudan de la capacidad fiscalizadora del Instituto de Salud Pública, encargado de certificar los medicamentos, y reclaman una política capaz de enfrentar los desafíos del mercado farmacológico global.
Las sospechas de incapacidad del Instituto no fueron despejadas pese al levantamiento de la suspensión de 25 días que afectaba a la vacuna DPT, para prevenir la difteria, tétano y tos convulsiva y que proviene de India, y de los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó los recursos presentados contra los medicamentos Olivin y Wosulin, del mismo origen.
La justicia determinó que tanto Olivin, utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia, como la insulina Wosulin, de control de la diabetes, cumplen con las exigencias del ordenamiento jurídico vigente, lo cual implica "necesariamente ausencia de riesgo y peligro en el consumo del producto registrado".
Sin embargo, la ley sanitaria chilena no exige estudios clínicos que respalden la eficacia y calidad de los medicamentos. El Instituto de Salud Pública (ISP) sólo registra los fármacos y, en los casos de productos nuevos, recurre a una comisión externa formada por especialistas universitarios.
Los sindicatos de la salud y los usuarios alertaron que "el ISP estudia el dossier de los medicamentos sin un control de calidad, efectividad, ni efectos colaterales", dijo a IPS María Oxman, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de Defensa de los Derechos de los Usuarios de la Salud y Previsión (Anadeus).
Entre las tareas del ISP están controlar los productos cosméticos y farmacéuticos, actuar como laboratorio clínico de referencia para las enfermedades infecciosas y destruir los narcóticos, lo que impide que efectúe "evaluaciones terapéuticas no sólo de la insulina, sino de cientos de medicamentos que se incorporan a la farmacopea chilena", dijo a IPS Ernesto Venado, presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios.
El bajo presupuesto, la falta de personal y equipamiento técnico hacen que el ISP "se afirme en estudios realizados por laboratorios extranjeros reconocidos, por lo tanto, si una droga es aceptada en Estados Unidos quiere decir que es buena también para Chile", comentó Venado.
Oxman agregó que "los tratados comerciales no ofrecen transparencia para los usuarios en torno a los criterios que utiliza la Central Nacional de Abastecimiento para seleccionar los medicamentos que envía al ISP y distribuye en el servicio público de salud".
Como pacientes, afirmó, "tenemos una desprotección absoluta y una inseguridad muy grande de enfermarnos, pues tenemos que recurrir a los remedios más baratos", ante lo cual pidió al Estado "mayor regulación porque los medicamentos no son una mercancía".
En julio pasado, el presidente Ricardo Lagos puso en marcha una reforma del sistema de salud, que estableció mejoras en materia de infraestructura y equipamiento con la denominación de Plan de Garantía Explícitas en Salud, más conocido como Plan Auge.
Así, el estado se comprometió a garantizar los medicamentos para el tratamiento de las 25 enfermedades incluidas en la primera etapa del programa, como la diabetes, la hipertensión arterial, esquizofrenia y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), a las que se sumarán otras 15 en julio próximo.
Estas 40 patologías representan 57 por ciento de la carga de enfermedad en Chile y, en el ítem medicamentos, el Plan Auge gastará 20 por ciento del total del presupuesto del área de salud.
El denominado Acuerdo de Alcance Parcial firmado en noviembre entre Chile e India impuso un arancel de seis por ciento para los productos provenientes de esa nación asiática, que es el tributo promedio para las importaciones en general.
El laboratorio indio Wockhardt, que fabrica el Wosulin comercializado en Chile por Pentafarma, ganó una licitación para abastecer el medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes en todos los hospitales y consultorios del país. En esta operación, el Estado invirtió seis millones de dólares.
Ya en agosto, la Corporación de Protección de la Salud Mental criticó al fármaco Olivin, elaborado por el laboratorio indio Alpes Ceime, por no contar con un argumento clínico que respaldara su reemplazo al medicamento Zyprexa, del laboratorio transnacional de origen estadounidense Eli Lilly, utilizado hasta entonces.
La vacuna DPT, del laboratorio indio Serum Institute, debió cumplir una cuarentena entre el 17 de enero y el 10 de este mes, después de notificarse 180 casos de reacciones adversas en sus seis meses de aplicación a niños entre 18 meses y cuatro años de edad.
La alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), ordenó a los consultorios de esa comuna, ubicada a 519 kilómetros de Santiago, la retención del Wosulin tras detectarse grumos en cinco ampollas.
Van Rysselberghe interpuso una orden de no innovar para frenar la distribución del Wosulin en los consultorios, y un recurso de protección en contra del ministro de Salud, Pedro García, por poner en riesgo la salud de la población.
Mientras, el presidente de Biotecnología de Wockhardt, Dinesh Dua, viajó a Chile para defender su producto y aseguró que se trataba de una pugna económica entre los laboratorios que comercializan insulinas, y que perdieron la licitación del Minsal, como Ely Lilly, que hasta 2005 suministraba insulina al sistema de salud público.
Según Dua, la "campaña de difamación" buscaba perjudicar una licitación que les permitiría, además, ingresar al mercado brasileño, diez veces más grande que el chileno. Desde hace 37 años, Wockhardt elabora insulinas a nivel mundial y entre 2006 y 2007 llegará a 40 países.
"El 13 de este mes y en medio del debate, el gobierno se defendió respaldándose en los estudios del ISP y aprobando la gestión del ministro de Salud".
No obstante, un comunicado emitido por ISP el día 21 reconoció que la insulina de origen indio no fue aprobada por la Comisión de Medicamentos Nuevos, versión que había dado el propio presidente Lagos. El Wosulin no fue analizado por considerarse un producto similar al que se distribuía anteriormente.
Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizada (Confusam), comentó a IPS que Chile "no tiene capacidad de producción de medicamentos ni de biológicos, pero sí un mercado importante y una situación económica benigna lo que abre los apetitos de los productores de medicamentos a nivel mundial".
Según datos de la consultora DataTrends, las importaciones de medicamentos en Chile se incrementaron 46 por ciento en los últimos tres años, sumando 372,2 millones de dólares el año pasado. Los aumentos más relevantes los anotan los fármacos de China, Brasil e India
El presidente del Colegio Químico-farmacéutico de Chile, Iván Saavedra, señaló a IPS que "para (la Organización de) las Naciones Unidas, el medicamento es un bien social elemental para la salud pública y el Estado debe asegurar su calidad, seguridad y eficacia".
Especialmente de un producto biológico como la insulina, "que no tiene la seguridad que ofrecen los productos de síntesis", puntualizó.
Desde el sindicato, que lidera, insiste "en crear una política de medicamentos y modernización del ISP que incorpore normas, equipos y personal adecuado para cumplir su función". Así, dijo Saavedra, "no tendremos problemas para comprarle a China, India o Corea".
Solicitó también una política de farmacia que evite la "concertación de cadenas monopólicas en la distribución y venta para que el medicamento en Chile no sea un elemento más de comercio". (
