Gul Zarina, madre de tres hijos, quiere divorciarse de su esposo. Sentada ante el Departamento de Asuntos de la Mujer en la capital de la oriental provincia afgana de Ghazni, alega maltratos y violencia doméstica.
«Mi suegro me encerró en un cuarto oscuro sin alimentos ni agua durante tres días cuando opté por separarme de mi esposo. No me conceden el divorcio por miedo a que yo pueda reclamar un lote de tierra», dijo desesperada.
En los últimos cuatro años, su suegro la obligó cuatro veces a divorciarse de alguno de sus hijos para casarse con algún otro. «Me acerqué al Departamento de Asuntos de la Mujer en busca de ayuda», relató.
Funcionarios de la provincia aseguraron recibir un promedio de tres pedidos de ayuda cada día. Según Shukria Wali, presidenta del Departamento de Asuntos de la Mujer en la ciudad de Ghazni, intentan resolver disputas matrimoniales de un modo amigable.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Erturk, había advertido el año pasado en Kabul que los funcionarios no deben admitir el regreso a sus hogares de niñas y mujeres que escapan de la violencia familiar, a menos que puedan garantizar su seguridad.
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«La violencia contra las mujeres es dramática en Afganistán en su intensidad e influencia en la vida pública y privada», observó, mientras urgía a vincular el apoyo de los donantes internacionales a los derechos humanos y, en particular, a la protección de las población femenina.
«La violencia debe terminar», dijo. «Si el gobierno quiere ganar legitimidad y credibilidad, debe actuar ahora en defensa de las mujeres y salvar sus vidas.»
La represión a las mujeres de Afganistán tuvo su punto culminante tras la imposición del régimen islamista de Talibán en 1996, cuando a las niñas mayores de ocho años se les prohibió ir a la escuela y el trabajo femenino.
Luego que Estados Unidos y sus aliados derrocaron a Talibán en 2001, se esperaba que mejorara la situación de las mujeres. Pero la violación, el asesinato, los matrimonios forzados, la violencia intrafamiliar y el rapto continúan siendo comunes.
En noviembre de 2005, la poeta y estudiante de la Universidad de Herat Nadia Anjuman, de 25 años, conocida en círculos literarios de Afganistán y en el vecino Irán, fue asesinada a golpes por su esposo. El hombre fue arrestado.
La ONU condenó el crimen. «La muerte de Nadia Anjuman es trágica, una gran pérdida para Afganistán», observó el portavoz de la ONU Adrian Edwards.
La mayoría de las investigaciones oficiales sobre hechos de violencia contra las mujeres carecen de sistematicidad y rigor, y pocas derivan en procesamientos, según advirtió el año pasado la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Estos actos son ampliamente aceptados por la comunidad e inadecuadamente abordada por el gobierno o los jueces, según la institución con sede en Londres.
«Los códigos sociales, invocados en el nombre de la tradición y la religión son usados como justificativo para negarle a las mujeres el goce de sus derechos fundamentales», dijo Amnistía.
Los matrimonios forzados han aumentado y algunas mujeres se han suicidado como vía de escape. La presidenta del Departamento de Asuntos de la Mujer de Ghazni admitió a la agencia Pajhwok que el fenómeno de la «inmolación femenina no tiene precedentes en la provincia».
A mediados de enero, una joven de 18 años se prendió fuego en el distrito de Omri. El presidente de la división criminal del distrito, Wakil Kamyab, dijo sospechar que tras el incidente se esconde la violencia y contiendas familiares.
Abdul Razaq Azizi, a cargo del Departamento de Derechos Humanos distrital, dijo a Pajhwok que intenta verificar las razones, pero no se ordenó ninguna investigación oficial sobre el incidente.
«Las jóvenes se están quemando vivas porque no tienen otra opción en la vida para escapar de la violencia», observó el delegado especial de la comisión de la ONU, comentando los casos de inmolación en el pueblo de Herat ocurridos el año pasado.
«Están cometiendo suicidio para escapar de una vida llena de violencia, no sólo de sus esposos o padres, sino a veces incluso de sus suegras. Así que ser mujer no las libra tampoco de ejercer la violencia», agregó.
De acuerdo con las convenciones internacionales de derechos humanos, el gobierno afgano debe garantizar el respeto de los derechos femeninos, incluidos los derechos a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como impedir la discriminación, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.
«Enfatizamos que las autoridades afganas tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres de la violencia. Y no solo los agentes del Estado sino también los individuos y las organizaciones. La reforma del sistema de justicia penal es parte integral de la protección de todas las mujeres afganas y es responsabilidad del estado brindar garantías legales», urgió Amnistía en el informe 2005.
(*) Publicado por IPS en convenio con la agencia de noticias afgana Pajhwok Afghan News
