Fue a mediados de 2002, el momento más agudo de la gran crisis social y económica de Argentina. Las fuerzas de seguridad reprimieron de modo brutal una protesta callejera de pobres y desocupados. Dos manifestantes murieron, y el entonces presidente Eduardo Duhalde debió adelantar las elecciones.
Tres años y medio después, la justicia condenó a prisión perpetua a los policías que dispararon contra Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pero sus familiares no se sienten reparados. Reclaman además que se investigue a funcionarios de Duhalde (2002-2003) que ordenaron reprimir la protesta.
El veredicto difundido en la noche del lunes por el Tribunal Oral de Lomas de Zamora, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue celebrado por manifestantes de varias agrupaciones del movimiento de desempleados que desde el día del crimen, el 26 de junio de 2002, exigían la condena de sus autores materiales.
Los crímenes fueron cometidos en la localidad de Avellaneda, al sur de la capital federal, cerca del puente Pueyrredón, que estaba cortado por la protesta. El jefe de gabinete de Duhalde, el actual diputado Alfredo Atanasoff, había advertido que el bloqueo de ese puente sería considerado "una declaración de guerra".
Sobre la base de fotografías y vídeos periodísticos, los jueces consideraron probado que el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, ambos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asesinaron a Kosteki, y cuando Santillán intentó asistirlo, dispararon también contra él.
Kosteki murió en la calle, por un primer impacto en el pecho, y fue trasladado por sus compañeros hasta la estación de trenes de Avellaneda adonde se disponían a llamar a una ambulancia. Allí fue Santillán a asistirlo, y recibió las balas de Fanchiotti y Acosta por la espalda, cuando intentó huir.
El tribunal también condenó a los acusados por siete tentativas de homicidio. La represión dejó 30 heridos de bala. Los magistrados hallaron culpables a otros cinco policías por "encubrimiento agravado" y a un sexto por "usurpación de honores", ya que actuó en la represión pese a que ya no integraba la fuerza policial.
Pero todos saben que se trata de una victoria a medias. "Es un primer paso, ahora hay que buscar a los autores intelectuales que están más arriba", dijo a IPS Alberto Santillán, padre de una de las víctimas, decidido a presentarse como querellante en una causa paralela en la que se investiga a 11 ex funcionarios.
En el juicio estaban citados a declarar 14 ex funcionarios como testigos —entre ellos Duhalde y algunos de quienes fueron sus principales colaboradores— pero solo se presentaron tres. Los demás fueron excusados con diversos argumentos por la fiscalía y los magistrados.
El tribunal envió los testimonios de ex funcionarios al juzgado federal que investiga la actuación de ex integrantes del gobierno. Uno de ellos, el entonces director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Carlos Soria, declaró en el juicio que la represión en el puente Pueyrredón quiso ser un "caso testigo".
Sumergido en una profunda crisis, el gobierno de Duhalde necesitaba "reafirmar la autoridad del Estado", confesó Soria. Por eso se ordenó un operativo inusual para prevenir el bloqueo del puente, en el que intervinieron miembros de la Policía Federal, la bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura.
"Se estaba radicalizando la protesta cada vez más, y estaban empezando a integrarse los diferentes reclamos, piqueteros (desempleados), asambleas, ahorristas. Esto constituía un peligro institucional para la democracia", describió Soria durante el juicio oral contra los ex agentes.
En el mismo proceso, también declararon sobrevivientes y detenidos que sufrieron torturas. Edgardo Feraris fue uno de ellos. La policía lo detuvo y lo trasladó a un terreno descampado donde fue interrogado a patadas, amenazado con fusilamiento y sometido a submarino seco.
"Rogaba que si me iban a matar lo hicieran lo antes posible", recordó el testigo. Tras las torturas, fue llevado a una comisaría.
"Los policías que fueron sentenciados seguían directivas, no actuaron por su cuenta", dijo a IPS Marcial Barreiro, herido de bala durante la protesta y uno de los querellantes en esta causa. "No podemos aceptar que, desde el Estado, se resuelva la crisis social a los tiros contra la gente", abundó.
Las muertes de Kosteki y Santillán, integrantes del Movimiento de Desocupados Aníbal Verón, causaron indignación en todo el movimiento de desocupados que utilizan el bloqueo de vías de tránsito como protesta, sobre todo porque en un primer momento, el gobierno intentó responsabilizar a los manifestantes de los hechos de violencia.
Al día siguiente de los asesinatos, cuando aún no se había probado la responsabilidad policial, el entonces ministro de Justicia, el actual diputado Jorge Vanossi, denunció ante la justicia un supuesto "atentado contra la democracia".
El tribunal de Lomas de Zamora ordenó abrir una causa contra Vanossi y otros ex funcionarios por presunto falso testimonio, debido a las contradicciones en las que incurrieron los dirigentes al declarar en el juicio oral contra los ex policías.
La abogada de la familia Kosteki, Claudia Bracamonte, señaló que hasta ahora "no se investigaron las responsabilidades penales de los funcionarios políticos", y confió en que la sentencia contra los ex uniformados contribuyera a avanzar en la causa paralela para dar con los autores intelectuales de lo que consideró "una masacre".
Duhalde había asumido en enero de 2002 tras el colapso económico, social y político de fines de 2001 que forzó la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa. En las protestas callejeras de diciembre de 2001 murieron 29 manifestantes, y con los asesinatos del puente, las víctimas llegaron a 31.
Para mediados de 2002, el empobrecimiento alcanzó su máximo histórico. Casi 58 por ciento de la población quedó por debajo de la línea de pobreza medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Seis días después de los asesinatos de Kosteki y Santillán, Duhalde convocó a elecciones anticipadas.
En lugar de permanecer hasta diciembre de 2003, cuando debía finalizar el período del renunciante De la Rúa, Duhalde decidió adelantar los comicios presidenciales de septiembre a marzo, y el traspaso del mando a mayo.
