«Mire como vivimos aquí: entre montañas de desperdicios, cloacas, bolsas de plástico llenas de basura tiradas por todas partes. No hay agua corriente. Todo esto es dañino para nuestros niños», se queja el keniata James Isaye.
Isaye vive en Kibera, un área pobre de Nairobi, la capital de Kenia, en la que viven 700.000 personas. Se dice que es el barrio más extenso y populoso de toda África.
Kibera está en las antípodas de los salones de conferencias con aire acondicionado donde se alcanzó, tras prolongadas negociaciones, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS, son sus siglas en inglés).
Muy probablemente, la mayoría de los habitantes de Kibera no tengan la menor idea de qué significa GATS. Sin embargo, ese acuerdo puede ser la única esperanza para que los servicios básicos lleguen a la zona, y por eso tiene sus simpatizantes.
El GATS entró en vigencia hace una década en todos los países de la Organización Mundial de Comercio (OMC), incluida Kenia.
El acuerdo rige el comercio internacional de todos los servicios —con excepción del transporte aéreo y algunas prestaciones estatales— y prevé la liberalización de numerosos sectores: agua, energía, salud, educación, transporte, telefonía, servicios financieros y turismo, entre otros.
Quienes lo respaldan sostienen que ese acuerdo tiene entre sus principales beneficios abaratar y hacer más eficiente la provisión de servicios. Los países industrializados pretenden un mayor acceso a los mercados de servicios del Sur en desarrollo.
Estas palabras seguramente suenan a canto de sirena en los oídos de Isaye, activista de la Organización Nacional de Pobladores de Barrios Pobres de Kenia, dedicado a lograr mejores condiciones de vida para los asentamientos informales.
"Si el gobierno es incompetente, entonces prefiero que empleen a compañías privadas, nacionales o extranjeras, para poner la casa en orden y limpiar toda esta suciedad", dijo a IPS.
El subdirector del Ministerio de Industria y Comercio, Elijah Manyara, advierte, sin embargo, que es preciso reforzar el marco legal de Kenia para obligar a las compañías extranjeras —que ya actúan en el país— a tratar a los consumidores de una manera justa.
"Ya existe una política de libre competencia, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte", dijo a IPS. "Esta política, más la creación de un organismo autónomo que controle el precio de los servicios, podría remediar la situación".
Angela Wauye, de la organización no gubernamental Action Aid-Kenya, advierte que "aquí lo que existe es la ley de la selva, y como consecuencia la gente se ve obligada a aceptar precios exorbitantes sin que haya ninguna ley que la proteja".
"La liberalización (del mercado de servicios) debe hacerse teniendo en mente las necesidades de los sectores en condiciones de indigencia", dijo a IPS. "No tiene sentido que los pobres sigan sin acceso a servicios básicos. Los precios deben estar al alcance de la gente común y corriente", agregó.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Kenia, Laban Onditi, también desearía un régimen impositivo más severo para poner en su lugar a los empresarios extranjeros.
En un esfuerzo por atraer a inversiones, el gobierno determinó eximirlos del pago de impuestos por los próximos 15 años. Onditi piensa que se trata de un exceso de generosidad.
El sector de servicios representa 55 por ciento del producto interno bruto, según estadísticas oficiales. Entre ellos se destacan por su importancia y dinamismo el sector del transporte, el turismo y las telecomunicaciones.
Según la OMC, el sector de servicios "es el más grande y con mayor crecimiento y explica el 60 por ciento de la actividad económica mundial".
El GATS brinda a los países miembros de la OMC la opción de escoger los servicios que ellos desean liberalizar, así como el grado de apertura de estos mercados a la competencia con las corporaciones transnacionales.
En Kenia "no hemos abierto el mercado del agua a las compañías extranjeras, y nadie puede crucificarnos por esto. Este es el tipo de flexibilidad que permite el acuerdo", explica Manyara.
No obstante, los activistas expresaron su temor de que los países industrializados usen la conferencia ministerial de la OMC, que se realizará del 13 al 18 de este mes en Hong Kong, para presionar a los países en desarrollo a abrir y liberar aún más sus mercados de servicios a cambio de concesiones en materia agrícola.
Los países en desarrollo advierten que sus agricultores se encuentran en una desventaja debido a las aranceles a la importación de sus productos por parte de los países industrializados, que también obstaculizan la corriente con los elevados subsidios que dan a sus productores.
