La independiente Comisión Internacional de Juristas (CIJ) demandó la reparación del sistema judicial a Guatemala, donde observó prácticas corruptas como la «compra» de decisiones y la injerencia de grupos de interés político y económico.
El secretario general de la CIJ, Nicholas Howen, estimó que el actual gobierno guatemalteco de Oscar Berger ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su programa.
Sin embargo, esos esfuerzos deben continuar para prevenir la adopción de medidas de hecho como los linchamientos y los ajusticiamientos por parte de la población, dijo la CIJ.
A las autoridades les corresponde investigar y encauzar a los responsables del "considerable y preocupante aumento de ataques físicos" contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos.
Durante 2004 y la primera mitad de este año se verificó un incremento del número de ataques contra jueces, magistrados, abogados y fiscales, en muchos casos con resultado de muerte, precisó a IPS el experto de la CIJ José Zeitune.
La Fundación Myrna Mack dijo que en los primeros seis meses de este año habían sido asesinados en Guatemala seis funcionarios judiciales. Esta entidad humanitaria guatemalteca lleva el nombre de la antropóloga ultimada en este país en septiembre de 1990 por agentes de la dictadura militar de la época.
Un informe divulgado esta semana por la CIJ previene precisamente que, para entender la situación actual de Guatemala y los desafíos que afronta para la consolidación del imperio del derecho y la vigencia de los derechos humanos, es necesario retrotraerse a la guerra civil librada en el país por 36 años.
Los gobiernos autoritarios, las dictaduras militares, los sucesivos golpes de Estado y el conflicto armado interno dejaron entre 1960 y 1996 un saldo de 150.000 personas muertas y la desaparición de otras 45.000, según el informe del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica presentado en abril de 1998 por la Iglesia Católica.
Ese documento atribuyó responsabilidad al ejército guatemalteco en el 90 por ciento de los casos de estas violaciones a los derechos humanos.
Los enfrentamientos armados y la represión gubernamental ocurrieron en una sociedad caracterizada por la exclusión política y económica de amplios sectores y en particular de los pueblos indígenas, que representan 39,2 por ciento de los 12,3 millones de habitantes del país.
Los datos consignados por el informe de la CIJ establecen que 40 por ciento de la población más pobre del país percibe nueve por ciento de los ingresos, mientras que el 20 por ciento más próspero se queda con 64 por ciento de la riqueza.
Otras cifras indican que 56,2 por ciento de la población vivía en 2000 en condiciones de pobreza. De esa franja, 76 por ciento está compuesto por indígenas.
Las acciones bélicas terminaron en diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Álvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la alianza que había congregado a las distintas facciones guerrilleras.
Sin embargo, una década después de esos acuerdos, la independencia y fortaleza del Poder Judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por las violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma, sostuvo Howen.
La judicatura (los jueces de todo el país) y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado, insistió.
En dos visitas que realizó este año a Guatemala, la CIJ comprobó las presiones a que son sometidos los operadores de justicia en Guatemala, en particular a quienes se ocupan de casos de violaciones de derechos humanos o del crimen organizado.
El 25 de abril pasado fue asesinado de 10 disparos en la meridional ciudad de San Pedro Sacátepequez el juez José Orozco, miembro de tribunal Primero de Sentencia Penal de Chiquimula, que había conocido casos denominados "de alto impacto", entre ellos algunos vinculados al narcotráfico. Otros integrantes del mismo tribunal recibieron amenazas y sufrieron atentados
Dos días después, el fiscal José Meléndez Sandoval fue alcanzado por balas que le fueron disparadas cuando salía de su casa de Malacatán, en el occidental departamento de San Marcos. Meléndez Sandoval entendía también en casos del crimen organizado, narcotráfico y corrupción.
La CIJ estimó que el gobierno debe investigar esos ataques y llevar a la justicia a los responsables. Esos episodios socavan gravemente el estado de derecho, dijo Zeitune.
La organización de juristas, con sede en Ginebra, dijo también al gobierno guatemalteco que el Congreso legislativo de ese país debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas para terminar con el favoritismo y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Zeitune refirió que dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se encuentran claramente alineados al ex partido de gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), una agrupación liderada por el ex dictador general Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Los dos magistrados, Ruiz Wong, ministro de Gobernación (Interior) del anterior gobierno, y Manuel Florez, registrador de la propiedad de la misma administración, no se excusaron cuando la Corte examinó el pedido de extradición del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue apoyado por el FRG y se encuentra refugiado en México.
Durante la visita a Guatemala, la CIJ recibió información acerca de actos de corrupción en el Poder Judicial que van desde llamadas telefónicas de políticos a jueces hasta la "compra" de decisiones por parte de grupos de interés económico o del crimen organizado, afirmó.
Otra inquietud de la CIJ se relaciona con la reforma de la justicia militar que discute actualmente el Congreso. El proyecto propone el establecimiento de una jurisdicción castrense basada en la anacrónica institución del fuero personal en lugar del funcional.
Los tribunales militares sólo pueden juzgar al personal de la institución por delitos de estricta naturaleza castrense que afectan bienes jurídicos militares, como en el caso del abandono de tropa, explicó Zeitune.
Pero el brazo de la justicia militar no puede alcanzar a un miembro de la institución que comete un delito, como un robo, por ejemplo, cuando sale de los recintos militares. El establecimiento de esa jurisdicción sería un retroceso inaceptable, dijo Zeitune.
En caso de establecerse el fuero personal, las violaciones de los derechos humanos que todavía no se han enjuiciadas, en particular las cometidas durante las dictaduras, pasarían a la jurisdicción de los tribunales militares.
Ese mecanismo dejaría impunes los abusos cometidos por los regímenes represores. Eso es preocupante para una democracia, insistió Zeitune. (
