El linchamiento y los castigos inhumanos cobran en Bolivia carta de ciudadanía, como respuesta de grupos de personas enardecidas a la lentitud de la policía y la justicia ante la delincuencia.
En una población rural a 16 kilómetros de la central ciudad de Cochabamba, Jorge Bravo Galarza, de 18 años, fue golpeado, atado, rociado con combustible diesel y quemado lentamente hasta morir.
Se lo acusaba de intentar asaltar al conductor de un taxi junto con otras dos personas, que hoy se recuperan de contusiones y quemaduras de diversa gravedad.
Este año, la policía registró cinco casos de linchamiento en Cochabamba. También hubo dramáticos casos de violencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. La justicia intenta, sin mucho éxito, frenar el fenómeno mediante el procesamiento de los responsables.
En Bolivia, el delito de linchamiento se castiga con prisión. Las leyes excluyen la pena de muerte y establecen como sanción máxima la privación de libertad por 30 años.
Quienes cometen linchamiento conocen o presumen la comisión de delitos por parte de sus víctimas, y prefieren, frente a la acción del Poder Judicial, la violencia privada como forma de castigo y prevención.
"Es una práctica que se está volviendo una noticia más y ya no podemos seguir tolerándola", dijo el presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, al conocer el caso.
De todos modos, el mandatario consideró que el sistema judicial "no responde con la expectativa mayoritaria". Antes de asumir la presidencia, Rodríguez encabezaba la Corte Suprema de Justicia.
El presidente boliviano reconoció las debilidades del sistema y explicó que unos 200 de los 328 municipios del país carecen de servicio judicial. "Por eso, no sorprende (…) que cuando hay un problema los ciudadanos usan los palos o las llamas para ajusticiar", declaró.
Las zonas donde suelen registrarse estos hechos carecen de un servicio permanente de vigilancia policial. Sus habitantes se quejan de policías y fiscales, que, aseguran, liberan a los delincuentes sin procurar la aplicación de sanciones.
El linchamiento es un síntoma de una desconfianza estructural de la población en las instituciones, dada la ausencia de sanciones contra los responsables de delitos, dijo a IPS el ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenty.
Llorenty observa una crisis en el trabajo de policías y fiscales, en la administración de justicia y en el sistema penitenciario que ha contribuido a un incremento en los casos de linchamiento en los últimos siete años.
La APDHB ha recibido denuncias sobre ejecuciones ilegales y ha impulsado su esclarecimiento en la justicia, fiel a su principio de condena a la violencia y a la pena de muerte, dijo el activista.
Según la ex defensora del Pueblo de la ciudad de Cochabamba, Rebeca Delgado Burgoa, "la justicia por mano propia se convirtió en una verdadera injusticia que vulnera los más elementales principios de respeto por la dignidad humana".
En los casos denunciados, los agresores aplicaron métodos de tortura como ahorcamiento, golpizas, martillazos en los dedos de la mano, azotes con cinturón, quema o descuartizamiento del cuerpo, informó Delgado Burgoa, quien es abogada.
En febrero de 2002, recordó, pobladores de un barrio periférico de la ciudad central de Santa Cruz sorprendieron a ladrones de billeteras a los cuales golpearon y ahorcaron en presencia de periodistas que grabaron imágenes difundidas repetidamente por la televisión. Se trató de un hecho aberrante, afirmó.
Delgado propuso superar la historia de impunidad mediante el procesamiento e individualización del "asesino colectivo" y su procesamiento en los tribunales, como medio de recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Willy Villca, víctima del salvajismo en un barrio alejado de la ciudad de Cochabamba, yace con el cuerpo quemado, inhabilitado de ejercer su oficio de educador y artesano.
Postrado en una cama, con el rostro desfigurado por el fuego y cubierto por un gorro pasamontañas, los brazos vendados e inmovilizado, relata el martirio al que lo sometió un grupo de personas que prepararon una hoguera para quemarlo porque lo confundieron con un ladrón.
La policía y la fiscalía reconstruyeron esta semana el incidente para abrir un proceso contra los responsables. Hasta ahora, solo dos personas guardan reclusión por su supuesta participación en el intento de asesinato.
El abogado y director de la oficina de Justicia Comunitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, Julio Mallea, niega que estas acciones violentas expresen el sistema tradicional de normas y sanciones aplicadas por culturas nativas.
Mallea explicó a IPS que la justicia comunitaria pertenece a un sistema jurídico de normas orales transmitidas por generaciones, pero ordenado por un procedimiento en el cual predominan los valores morales y religiosos de la cosmovisión andina.
Según las costumbres andinas, el juicio tiene carácter público, garantiza el derecho a la defensa del acusado y es precedido de una ceremonia religiosa en que se invoca a los dioses para una aplicación correcta de la justicia, señaló el abogado.
El objetivo es reinsertar al condenado en la sociedad. La pena mayor consiste en chicotazos (garrotazos), tantos como determine la gravedad de la falta. La reincidencia acarrea la expulsión del condenado de la comunidad. La pena de muerte está excluida.
