COLOMBIA: Paz en la encrucijada habanera

Representantes del gobierno de Colombia y del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país iniciarán este viernes conversaciones formales en La Habana con un primer reto elemental: escucharse mutuamente.

El ELN, segunda guerrilla izquierdista de esa nación sudamericana después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estará representado en este diálogo por Antonio García, número dos en el Comando Central de esta organización y a quien se atribuyen las posiciones más duras.

La delegación del gobierno del derechista Álvaro Uribe estará encabezada por el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, conocido por sus salidas explosivas. Las reuniones se prolongarán hasta el jueves 22, observadas de cerca por diplomáticos de Suiza, Noruega y España, países acompañantes de este diálogo exploratorio.

El gobierno cubano ha evitado hasta ahora emitir comentarios sobre la reunión, que será inaugurada en un acto público en un lugar aún no identificado de La Habana. La prensa estatal también ha omitido informar sobre el acontecimiento.

En escuetas declaraciones a algunos periodistas extranjeros, una fuente cercana a la reunión aclaró que ésta se llevaría a cabo sin agenda definida y se aspiraba a que dejara como resultado el "compromiso" de continuar el proceso.
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Pero diplomáticos consideran inevitable que los enfoques opuestos de las partes en conflicto lleguen hasta la mesa de conversaciones.

Esas fuentes prevén que, aun con agenda indefinida, Bogotá insistirá en el cese del fuego y hostilidades, en tanto el ELN hará hincapié en los problemas socioeconómicos causantes del conflicto.

"El propósito central de la mesa será la definición del cese de hostilidades, como compromiso del ELN para facilitar el inicio de un proceso de diálogo y reciprocidad del gobierno para suspender operaciones militares contra ese grupo", anunció Restrepo en noviembre.

En tanto, el ELN dijo en una declaración de principios este mes que seguir "negando la existencia del conflicto y su carácter histórico, económico, social y armado es ponerle palos a la rueda de la solución política y condenar de entrada al fracaso del diálogo".

A su juicio, este diálogo "debe abordar la realidad del país: los problemas de la injusticia social y la pobreza, el terrorismo de Estado, la falta de democracia y la pérdida de la soberanía nacional que son, entre otros, las causas del conflicto".

El ELN promueve una política nacionalista frente a recursos naturales como los hidrocarburos y el carbón, y sus análisis sobre estos asuntos fueron avalados en su momento por figuras como el asesinado candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán.

"También se debe abordar, en esta fase exploratoria, la construcción de escenarios más amplios donde además de la guerrilla y el gobierno, se vincule activamente la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que el conflicto es más que la expresión armada", prosiguió la declaración del ELN, que en cada acercamiento al gobierno propone la realización de una convención nacional que recoja el pulso social.

Este grupo insurgente y las FARC fueron fundadas en 1964, pero con orígenes distintos. Mientras las FARC, de orientación comunista, tienen una fuerte raigambre campesina y sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de los años 40, el ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales.

El ELN reconoce que obtiene su ingresos del secuestro, en cambio se mantiene alejado del mercado ilegal de droga, al contrario de las FARC.

Además, en la longeva guerra colombiana actúan escuadrones de la muerte estrechamente ligados al narcotráfico, que desde finales de los años 90 se presentan como ejércitos locales agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ahora en trance de desmovilización de buena parte de sus efectivos.

Segn la Organización de las Naciones Unidas, las AUC han sido responsables de 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana.

Con motivo de la cita habanera, el ELN invitó a la organización internacional Llamamiento de Ginebra a dialogar con García sobre el problema de las minas antipersonal.

"Es una oportunidad para avanzar en el alivio a la crisis humanitaria generada por las minas antipersonal en Colombia", comentó, al agradecer la propuesta en Bogotá, Mehmet Balci, delegado de esa institución que promueve la abolición internacional de este armamento por su impacto en la población civil.

Como parte de los preparativos de la cita, el portavoz del ELN, Francisco Galán, sostuvo contactos con los cinco integrantes de la comisión de garantes: el economista e industrial Moritz Akerman, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas, Álvaro Jiménez, el catedrático Alejo Vargas, el ex alto comisionado de Paz, Daniel García Peña, historiador y director de la no gubernamental Planeta Paz, y Gustavo Ruiz, representante de la sociedad civil.

Esta comisión civil fue impulsora de la Casa de Paz, una iniciativa que facilitó un proceso de consultas del grupo guerrillero con sectores sociales, a la vez que sirvió de punto de encuentro entre Galán y Restrepo.

El gobierno colombiano permitió a Galán abandonar la cárcel por tres meses (el plazo se cumplió el lunes) y trasladarse a la Casa de Paz para encabezar esos contactos con la sociedad y el representante gubernamental.

De acuerdo con Akerman, coordinador de la Casa de Paz, esas consultas fueron variadas, con muy disímiles sectores sociales y políticos, y permitieron al ELN pulsar el pedido general de la sociedad de este encuentro formal entre la guerrilla y el gobierno.

El proceso culminó en la propuesta de una Mesa de Acercamiento en el exterior con garantes internacionales. El grupo de garantes colombianos aspira a que los acercamientos convengan las condiciones y formas de verificación de un cese de hostilidades, establezcan la agenda y la ruta de un proceso de negociación serio y con un horizonte definitivo de paz.

"Es un hecho que el llamado 'capital social' que el ELN pudiese tener, sólo podrá expresarse si marcha, efectivamente, al proceso de negociación y al tránsito de la guerra hacia la democracia. En juego está la vida de los colombianos, la profundización de nuestra democracia y la creación de condiciones favorables para superar la pobreza y la exclusión", indicó Akerman.

En enero de 2002, representantes del ELN, del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana y de la sociedad civil, as como de la comunidad internacional, participaron también en La Habana en una Cumbre de Paz.

Esa reunión se realizó en el Palacio de Convenciones y fue seguida de cerca por el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien lideró una lucha armada inspiradora de más de un movimiento insurgente de América Latina desde los años 60, entre ellos el propio ELN.

En esa ocasión, el gobierno de Pastrana habría propuesto un proceso de paz que incluía en primer lugar un cese de hostilidades por parte del grupo insurgente y, a continuación, la convocatoria de una Convención Nacional.

Pero en diciembre de 2002, el ELN "suspendió las conversaciones de manera unilateral" recordó el comisionado Restrepo en un comunicado emitido en noviembre.

El acercamiento con el ELN se materializa mientras el presidente Uribe prepara su campaña para ser reelecto en los comicios del año próximo.

El miércoles, Uribe accedió a despejar militarmente una franja de 180 kilómetros cuadrados en uno de los dos municipios del sudoccidente del país cuya desmilitarización exigían las FARC, para facilitar el canje de unos 500 guerrilleros presos por 34 uniformados, tres contratistas estadounidenses y 27 políticos rehenes de la guerrilla, incluyendo a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

La propuesta fue efectuada por una comisión integrada por Francia, Suiza y España, pero las FARC habían acusado la semana pasada a Uribe de utilizar a dicha comisión con fines electorales.

Para otros críticos de Uribe, tanto los acercamientos con el ELN como la concesión de un despeje limitado para el canje de rehenes se relacionan con las encuestas de intención de voto.

Además, Uribe necesita legitimar fuera de fronteras la Ley de Justicia y Paz, aprobada este año y negociada con los jefes de las AUC para su desmovilización.

El gobierno se empeña en mostrar que la ley es para todos los grupos irregulares, pero los críticos señalan que se trata de una norma a la medida de las AUC, cuyos principales líderes están requeridos como narcotraficantes por la justicia de Estados Unidos.

* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).

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