Organizaciones no gubernamentales advierten que la asistencia de Estados Unidos a América Latina se militariza cada vez más, ya que gran parte de ella se canaliza a través del Pentágono con la consecuente pérdida de control del Congreso y del Departamento de Estado.
El informe titulado "Borrando las divisiones", en el que se alerta sobre la situación, forma parte de una serie anual publicada desde 1997 sobre tendencias en los programas militares del gobierno estadounidense de George W. Bush en América Latina.
Las tres organizaciones con sede en Washington responsables de este documento son la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF), y el Centro de Política Internacional (CIP).
En la investigación de estos grupos no gubernamentales se identifican 10 tendencias específicas que, entienden, están reduciendo efectivamente el control civil, tanto en Estados Unidos como en América Latina, sobre las fuerzas militares y de seguridad de la región, y que se han intensificado en el último año.
"El Departamento de Defensa está expandiendo su control sobre programas extranjeros de entrenamiento militar que una vez fueron área exclusiva del Departamento de Estado (cancillería), reduciendo el control del Congreso y debilitando la relación entre la asistencia militar y los objetivos de política exterior", según el informe presentado el 15 de este mes.
Y como más ayuda está siendo canalizada directamente a través del Pentágono (Departamento de Defensa), un número creciente de tendencias económicas y sociales, incluyendo el surgimiento de populismo en parte de la región, están siendo interpretadas como amenazas a la seguridad, según uno de los coautores, Adam Isacson, del CIP.
"Si la principal herramienta que uno tiene es un martillo muy grande, entonces cada problema empieza pareciéndose a un clavo", dijo.
De particular interés, según el informe, es la legislación pendiente —la llamada enmienda Inhofe del senador del meridional estado de Oklahoma James Inhofe por el gobernante Partido Republicano, que daría al Pentágono hasta 750 millones de dólares para entrenar y equipar a fuerzas militares y policiales extranjeras con una mínima vigilancia del Congreso y del Departamento de Estado.
Mientras que la mayor parte de ese dinero sería asignada por áreas, tales como Medio Oriente y Asia, que son consideradas por Washington de mayor estratégico que América Latina, esa ayuda ofrecería un conjunto de medidas de financiación de propósitos generales.
Así, además de la asistencia a la región en el marco de la lucha de Washington antiterrorista y antidrogas, llegaría otra línea de financiación a las fuerzas de seguridad latinoamericanas sin estar sujeta a un propósito o justificación específicos, precisa el documento de las organizaciones no gubernamentales.
"Este es un precedente", dijo el director de WOLA, Joy Olson. "Pensamos que esto tendrá implicaciones duraderas en política exterior, y no sólo en América Latina", agregó.
El fondo propuesto es parte de una tendencia mayor que está fortaleciendo el control del Pentágono sobre el diseño y la distribución de programas de asistencia militar en América Latina. Ya el año pasado, 57 por ciento de todo el entrenamiento militar de Estados Unidos para la región fue financiado a través del Pentágono.
A diferencia del periodo de la llamada guerra fría, cuando Washington suministró mucha más asistencia social y económica que militar a América Latina, desde el fin de los años 90 brindó aproximadamente iguales cantidades de ambas, un total de alrededor de 2.000 millones de dólares por año.
En ese momento, la ayuda militar a la región se disparó debido al lanzamiento del Plan Colombia, de lucha antidrogas y hoy también contrainsurgente, ampliamente financiado por Estados Unidos.
Mientras que, desde entonces, los niveles de asistencia siguieron siendo más o menos los mismos, la proporción de ayuda militar controlada por el Departamento de Estado —y por lo tanto sujeta plantes de derechos humanos y otras condiciones prescritas por el Congreso legislativo en el proyecto anual de asistencia extranjera— decayeron de modo constante.
"Hay cambios (que están) teniendo lugar, sin un debate público, que están sacando al Departamento de Estado del programa de asistencia a la seguridad extranjera y volviendo irrelevantes 40 años de trabajo por una legislación sobre derechos humanos y democracia", según Olson.
Esta tendencia, y la aquiescencia del Departamento de Estado ante ella, no sólo ha alarmado a organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos y en la región, sino también a otros expertos latinoamericanos preocupados por el crecimiento de las presiones populistas y del sentimiento antiestadounidense, así como perspectivas para el control de gobiernos civiles electos sobre sus fuerzas armadas.
"Uno se pregunta si el Departamento de Estado está abdicando de su rol", dijo a IPS Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, una organización hemisférica de expertos liderada por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
"Es duro para (la secretaria de Estado, Condoleezza) Rice hablar sobre su compromiso con la democracia, cuando todo ese dinero está pasando por el Pentágono y el funcionario del gabinete más visible en la región es (el secretario de Defensa, Donald) Rumsfeld. Ese es un problema real, especialmente dado el creciente sentimiento antiestadounidense en la región", señaló el analista.
Igualmente preocupante es el giro de Washington ante temas sociales en la región. Cada vez más el Pentágono describe una amplia gama de fenómenos, desde pandillas juveniles y narcotráfico hasta inmigración o movimientos políticos populistas, como "amenazas a la seguridad" que exigen una respuesta militar, cuando las respuestas más efectivas son desarrollo económico, sistemas judiciales más fuertes y redes de seguridad social, según el informe.
"Cuando uno comienza a llamar a algo 'amenaza a la seguridad', la tentación es usar la fuerza para abordarla", dijo Isacson, quien señaló que el surgimiento del líder de los cultivadores de hoja de coca y ahora presidente electo de Bolivia, Evo Morales, es "esencialmente el producto de la política estadounidense de drogas en ese país".
"Responder a movimientos sociales como el suyo con más ayuda militar, empeoraría mucho el problema", indicó.
Un segundo ejemplo es el desarrollo en América Central, con un apoyo por lo menos tácito de Estados Unidos, de "fuerzas de reacción rápida" nacionales y regionales que combinen sus fuerzas policiales y militares para abordar principalmente la violencia de las pandillas.
Mientras que ese tipo de violencia es un problema serio en la región, es probable que las inversiones en las áreas urbanas, los sistemas policiales y judiciales mejorados y la financiación de programas sociales, educativos y vocacionales para los jóvenes aborden el problema más efectivamente en el mediano a largo plazo, según el informe.
De modo similar, el programa "Enduring Friendship" ("Amistad duradera"), financiado por Estados Unidos y diseñado para mejorar las capacidades regionales para combatir el tráfico de narcóticos, armas y otros contrabandos, podría expandir la participación militar en misiones que ya están cubiertas por agencias civiles.
Finalmente, los esfuerzos de Estados Unidos por proteger a sus soldados de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) debilitan no sólo la causa de los derechos humanos en la región, sino que también dañaron seriamente la autoridad moral de Washington allí, señaló el informe.
El año pasado, legisladores de derecha impulsaron la prohibición de asistencia militar a aquellos gobiernos que se negaron a firmar los "acuerdos de inmunidad bilateral", exonerando al personal estadounidense de la jurisdicción de la CPI, el tribunal con sede en La Haya que juzga delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Como resultado, una docena de países latinoamericanos y caribeños están en riesgo de quedarse sin esa asistencia estadounidense.
"Las naciones latinoamericanas están siendo castigadas por Estados Unidos por adoptar una posición contra la impunidad de los violadores de los derechos humanos", dijo la directora de LAWGEF, Lisa Haugaard.
La activista también señaló que la reanudación, por parte del gobierno de Bush, de la asistencia militar a Guatemala este año, por primera vez desde 1990, marcó otro contratiempo en la consolidación del control civil sobre las Fuerzas Armadas de ese país.
