El régimen militar de Birmania anunció que abandonaría la Organización Internacional del Trabajo (OIT), molesto por la ayuda prestada por el organismo a víctimas de trabajos forzados.
Representantes del Ministerio de Trabajo de Birmania informaron al consejero especial de la OIT, Francis Maupain, durante su visita a Rangún a comienzos de este mes, que la junta militar tenía preparada una nota oficial en la que se informaba la medida.
"Desde el punto de vista de la OIT, siempre es lamentable que un miembro decida retirarse, no importa cuáles sean las circunstancias", indicó Maupain a IPS.
"Sin embargo, debe recordarse que tales decisiones sólo se convierten en irreversibles cuando expira el periodo de preaviso de dos años, durante el cual las autoridades del país pueden cambiar de opinión", añadió.
Maupain explicó que, durante ese lapso, "el país sigue siendo miembro con todos los derechos y obligaciones"
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"Es por esto que la misión a Rangún —que preside Maupain— tiene la esperanza de que, pese a la decisión, pueda mantenerse la cooperación de una forma adecuada durante ese espacio de tiempo y que las autoridades mantengan su compromiso de erradicar el trabajo forzado", señaló.
El periodo de preaviso comienza desde el momento en que el director general de la OIT, Juan Somavia, recibe la carta oficial de renuncia de la nación en cuestión, según explicó un portavoz del organismo.
Sin embargo, la oficina central de la OIT, en Ginebra, aún no ha recibido la carta prometida de Birmania.
No obstante, el anuncio verbal del régimen militar birmano pone en duda el futuro de las relaciones con el organismo, justo en momentos en que Somavia aseguraba no tener intenciones de cerrar la oficina de la OIT en Rangún.
"Ahora todo dependerá de si el régimen birmano decide dejar la puerta abierta para resolver los problemas con la OIT durante el periodo de preaviso de dos años", dijo una fuente del organismo.
Las Fuerzas Armadas que gobiernan Birmania desde el golpe de Estado de 1962 han mostrado escaso respeto por las libertades políticas y civiles y por los derechos humanos. El disenso y las proclamas de libertad suelen chocar con la fuerza bruta, en forma de bastones y balas.
El trabajo esclavo es uno de los problemas más persistentes en este país.
En 1990, la Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi, ganó las elecciones, pero los generales se negaron a entregarle el poder y ella permaneció desde entonces casi continuamente en detención domiciliaria.
Sólo tres países tomaron en su momento la decisión de abandonar la OIT: Sudáfrica durante el apartheid —régimen de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra— Estados Unidos a fines de los 70, y Vietnam en 1985.
Maupain, un renombrado abogado francés con larga experiencia dentro del organismo, visitó Rangún "con una mente abierta" para intentar solucionar las diferencias con el régimen militar, aseguraron portavoces de la OIT.
El hecho de que fuera recibido por el gobierno birmano fue visto como una buena señal, considerando los constantes ataques que Rangún lanzó contra la OIT durante la mayor parte de este año y las restricciones de movimiento que impuso al representante permanente del organismo.
La de Maupain fue la primera misión de la OIT a Birmania desde el fracaso de una enviada en febrero. El organismo esperaba entonces que Rangún se comprometiera a combatir el trabajo forzado y le permitiera a su representante permanente viajar con libertad por todo el territorio.
Pero Birmania rechazó la creación de un mecanismo por el cual la OIT ayudaría a las víctimas de trabajo forzado, por considerarlo una violación a su soberanía.
La misión de Maupain tenía el objetivo de aclarar esta situación antes de la próxima reunión del organismo el mes próximo en Ginebra.
En los últimos meses hubo una activa campaña pública en contra de la OIT. Grupos pro gubernamentales birmanos, como la Organización de Soldados Veteranos y la Asociación de Mujeres, realizaron marchas callejeras pidiendo la expulsión de los representantes del organismo internacional.
El representante de la OIT en Rangún recibió más de 20 amenazas de muerte. "Amenazaron con cortar su cabeza y envenenarlo", dijo un portavoz del organismo.
Estas amenazas han cesado, pero las autoridades no han hecho nada para detener a los responsables.
En cambio, el régimen militar endureció su actitud hacia los trabajadores en los últimos meses, en especial con aquellos que tuvieron contacto con la OIT. A inicios de este año, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal reportar al organismo casos de trabajo forzado.
Diez trabajadores fueron sentenciados a comienzos de este mes a varios años de prisión por haber presentado evidencias de trabajos forzados ante la OIT, señaló Ko Ko Naing, de la Federación de Sindicatos de Birmania.
Pocos días después, el dirigente opositor Su Su Nway, de la Liga Nacional por la Democracia, fue sentenciado a 18 meses de prisión por supuestamente haber insultado y amenazado a autoridades locales.
A comienzos de este año, Su Su Nway había denunciado a las mismas autoridades por casos de trabajo forzado.
El dirigente "no tuvo un juicio justo y fue sentenciado arbitrariamente", dijo a IPS el secretario de la Asociación para los Presos Políticos, Ko Tate Naing.
"Claramente, las autoridades quisieron castigar a Su Su Nway por su valentía e intimidar a otros para que no denuncien el trabajo forzado", señaló.
Ante esta atmósfera de intimidación y acoso, muchos activistas en Birmania creen que la presencia de la OIT en Rangún es esencial para su protección.
"Ya hay cientos de activistas y trabajadores encerrados en prisiones militares en todo el país", dijo Ko Ko Naing.
