Treinta años después de que Washington declaró a Colombia primer productor mundial de cocaína, la política de erradicación de cultivos ilícitos colecciona cada vez más argumentos críticos de expertos mundiales.
Más de 40.000 millones de dólares desembolsados por Washington en Colombia en 25 años de combate al narcotráfico, y este país sigue siendo el campeón de la cocaína, es un importante productor de heroína, los precios de las drogas están más bajos que nunca y, para completar el panorama, la asistencia estadounidense se militarizó.
La "guerra contra las drogas", que emergió tras terminar la llamada guerra fría con la disolución en 1991 de la Unión Soviética, más bien debería llamarse la "política de prohibición de las drogas", según Ethan Nadelmann, director de la Alianza para las Políticas sobre Droga, grupo no gubernamental con sede en Nueva York.
Esa estrategia busca atacar la producción de drogas para conseguir bajar la oferta, hacer subir los precios y, con ello, desalentar el consumo entre los estadounidenses, que son los principales consumidores del mundo.
Pero Coletta Youngers, de la no gubernamental Oficina de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) con sede en Washington, mostró "un golpe de realidad" en el seminario "Narcotráfico: relaciones entre América Latina, Europa y Estados Unidos" realizado en la capitalina Universidad de los Andes de Bogotá durante la última semana de octubre, al que también asistió Nadelmann.
"La cantidad y disponibilidad de cocaína y heroína permanecen abundantes en Estados Unidos, donde los precios están a niveles históricamente bajos y el consumo sigue estable, si no es que está incrementándose", puntualizó.
Youngers recordó que en febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que "indicadores claves sobre la disponibilidad doméstica de cocaína muestran una estabilidad o leve incremento en el mercado de drogas en el país".
El giro militarista de la ayuda externa a Bogotá comenzó en 1989, con la llamada Iniciativa Andina Antidrogas de la administración estadounidense de George Bush, padre del actual mandatario de ese país, según Youngers.
El posterior Plan Colombia, puesto en marcha con la asistencia especial del gobierno de Bill Clinton (1993-2001), que sucedió a Bush padre, fue un incremento "dramático de esa militarización", añadió.
A partir de 2000, el Plan Colombia ha provisto de helicópteros de combate, armamento, pertrechos militares y tecnología de inteligencia, así como personal asesor, insumos y aeronaves para fumigación por un monto superior a los 4.000 millones de dólares.
Se destina 80 por ciento de la asistencia estadounidense a Colombia al área militar, al combate antidrogas y, a partir de 2001, directamente a la guerra contrainsurgente, remarcó Youngers.
Hoy "Colombia es la amenaza terrorista principal (en América) para Estados Unidos, según la retórica inflamable que utiliza el Comando Sur" del ejército de ese país del Norte, agregó.
Es que las ganancias de la droga constituyen, para todas las partes que intervienen en el largo conflicto interno colombiano, el combustible estratégico tanto para la guerrilla izquierdista como para los paramilitares de ultraderecha que apoyan a las fuerzas de seguridad del Estado.
Los dos bandos armados ilegales han sido incluidos en su lista de organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense de George W. Bush.
El general John Craddock, jefe del estadounidense Comando Sur, "visita con mayor frecuencia los países latinoamericanos que los funcionarios del Departamento de Estado. Tiene más de tres mil funcionarios, mientras en otras dependencias estatales la tendencia es a reducir personal", dijo Youngers.
Craddock "habla de amenazas terroristas y de desestabilización para justificar la militarización de una serie de temas (como el del narcotráfico), que serían mejor manejados por civiles", aseveró.
Actualmente "no se conoce el rango completo de actividades de las unidades y bases estadounidenses existentes en la región, con entre 8.500 y 10 mil soldados estadounidenses, sin contar los que están en Colombia", oficialmente 800, más 600 de los llamados contratistas, según Youngers.
Para el italiano Sandro Calvani, responsable en este país de la oficina especializada de la ONU, al asunto se le podría poner fin mediante un pacto nacional que establezca como prioridad la solución de las causas del cultivo y producción de drogas en todas y cada una de las políticas del país en el plano nacional y local.
Calvani, representante en Colombia de la Oficina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) contra la Droga y el Delito (UNODC), relaciona la concentración de la propiedad de la tierra como "una de las principales causas" estructurales para la existencia de plantaciones ilegales en Colombia.
El diplomático citó en el seminario que en este país de 43 millones de habitantes sólo "0,4 por ciento de los propietarios poseen 61,2 por ciento del área rural registrada", mientras 85 por ciento de los campesinos viven en la pobreza.
Esta concentración de tierras, contra la cual no se observa hasta ahora una política de Estado, coadyuva para que miles de cabezas de hogar se adentren continuamente más allá de la frontera agrícola, arrasando selvas y bosques para sobrevivir, cada vez más lejos de todos los servicios del Estado.
Mientras el estadounidense Instituto Nacional para el Abuso de Drogas registra que el consumo de cocaína entre los alumnos de la enseñanza secundaria de ese país creció entre 2001 y 2004, el presidente Bush quiere girar millones de dólares adicionales para cooperar con la fumigación aérea de cultivos ilícitos y otras operaciones antidrogas en Colombia.
En este país andino, proveedor de 90 por ciento de la cocaína y de 50 por ciento de la heroína que se comercializan en Estados Unidos, los cultivos fumigados "cambian" de lugar, registrando disminuciones globales irrelevantes para muchos expertos.
Las estadísticas del Departamento de Estado estadounidense muestran que se han fumigado hasta ahora 6.825 kilómetros cuadrados en Colombia desde 1996, año en que los cultivos ilegales llegaban a sólo 672 kilómetros cuadrados. Para 1999, esa superficie había crecido al doble, y en 2001 se llegó al récord de 1.698 kilómetros cuadrados.
Tras las intensificadas campañas de fumigación dispuestas por el gobierno derechista de Álvaro Uribe, que asumió en agosto de 2002, la superficie sembrada ilegalmente bajó a 1.140 en 2003.
Según Uribe, los cultivos de droga han destruido en Colombia 17.000 kilómetros cuadrados de selva y bosque de niebla en zonas clasificadas como de la más alta biodiversidad del mundo.
Pero a esa destrucción —adobada con la contaminación de aguas por el uso de químicos de alta toxicidad para producir la pasta base de la cocaína— se suma la causada por el propio Estado mediante las fumigaciones en el marco del Plan Colombia.
Este programa antidrogas ha aumentado paulatinamente la concentración de químicos para la defoliación, al punto de que en 2003 se aplicaba una dosis casi 500 veces mayor a la recomendada por el productor transnacional Monsanto, según el Grupo Interdisciplinario Política y Ambiente.
Las operaciones de fumigación son altamente imprecisas. Según Ricardo Vargas, sociólogo director de Acción Andina, "para erradicar efectivamente una hectárea de coca fue necesario (en 2003) fumigar 11,33 hectáreas". La proporción tiende a aumentar debido a que los cultivos son cada vez más pequeños y se mimetizan.
Entre 2001 y 2004 pasó de 49,1 millones de dólares a 441,8 millones la ayuda estadounidense para el Programa de Erradicación Aérea.
Cinco o seis helicópteros artillados escoltan cada operación de fumigación, además de uno adicional de rescate para desanimar a los vigías armados de las plantaciones ilegales. El 60 por ciento de los servicios militares alternos del Plan Colombia son provistos por la firma privada Dyncorp, protagonista también en la invasión estadounidense a Iraq.
Pero los campesinos y colonos cocaleros colombianos "no se desaniman", según un análisis conjunto de Adam Isacson, del Center for International Policy, de Washington, y John Myers, Becario Fulbright en Colombia.
"De hecho, están sembrando coca más que nunca. (…) La producción estimada en Colombia, definida como coca erradicada más coca sin erradicar, ha aumentado en 36 por ciento desde 2000", advierten ambos expertos.
Unas 100.0000 familias se dedican al cultivo de hoja de coca en Colombia, según UNODC.
Siembran semillas, instalan viveros, cosechan las hojas de la planta de coca y les aplican un primer procesamiento rudimentario hasta obtener la base de la droga.
Los propios cocaleros no se consideran a sí mismos narcotraficantes, aunque son conscientes de que su trabajo es ilegal. En muchas regiones buscan, con angustia infructuosa, otras fuentes para sobrevivir.
Hoy, como hace 30 años, estos pequeños productores enfrentan el aislamiento geográfico que les impide comercializar exitosamente otros productos y siguen sin disfrutar de derechos sociales y laborales básicos.
Anne Patterson, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos como nueva subsecretaria de Estado para asuntos de narcóticos internacionales, anunció el 26 de octubre que su país fortalecerá el programa de fumigación, aunque estudia su "nacionalización" para que lo asuma Colombia.
Según Patterson, en el marco del Plan Colombia se fumigaron el año pasado 1.300 kilómetros cuadrados de cultivos y hasta mediados de octubre se había cubierto el récord de 1.220 kilómetros cuadrados.
Patterson, quien fue embajadora de Washington en Bogotá entre 2000 y 2003, y el presidente colombiano entre 1998 y 2002 Andrés Pastrana son los actores principales en la gestión de la intervención estadounidense mediante el Plan Colombia.
Ahora Pastrana, recién nombrado embajador ante la Casa Blanca, anunció que gestionaría el "Plan Colombia II", pues el inicial culmina en 2005, mientras que Uribe expresa que su país tiene que "ser el líder en la derrota mundial de las drogas".
"Podemos seguir tirando el dinero en una política fracasada o podemos enfocarnos seriamente en reducir la demanda antidrogas en Estados Unidos y la producción en América Latina, apoyando programas sustentables de desarrollo económico y promoviendo el fortalecimiento del estado de derecho" en los países donde las mafias traficantes corrompen y amenazan gobiernos e instituciones, dijo la representante de Wola.
(*) /Atención editores/: Esta versión corrige el primer párrafo de la nota transmitida el 28 de octubre a la hora GMT 17.09, pues contenía una cita tomada de un medio local cuya veracidad IPS no pudo corroborar. (FIN/IPS/cv/dm/dcl/ip cb sl/05)
