Mientras el gobierno de Sudán e insurgentes de la región de Darfur abren su séptima ronda de negociaciones de paz, activistas reclaman a la ONU sanciones efectivas contra el régimen árabe e islámico de ese país.
Las conversaciones en la ciudad nigeriana de Abuja fueron postergadas hasta el martes para dirimir una disputa por el liderazgo entre dos dirigentes del principal grupo insurgente, el Ejército Sudanés de Liberación (SLA), quienes acordaron participar juntos en las deliberaciones.
Las seis rondas anteriores patrocinadas por la Unión Africana (UA) concluyeron con escasos acuerdos entre el gobierno, de carácter islámico y dominado por árabes, y los insurgentes, también musulmanes, pertenecientes a la mayoría negra de Darfur.
Observadores perciben escasas posibilidades de acuerdo en esta ocasión, dada la fractura del SLA a comienzos de este mes. Pero la UA no pierde las esperanzas.
El Consejo de Paz y Seguridad de la UA afirmó que el bloque "considerará futuras medidas, incluidas sanciones, a tomar contra cualquiera de las partes que socave o obstaculice el proceso de paz en Darfur".
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La semana pasada, el representante del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Kofi Annan para Sudán, Jan Pronk, visitó el país para entrevistarse con representantes de diversos grupos involucrados en el conflicto.
La prioridad es alcanzar un acuerdo firmado "que signifique algo", según Pronk, quien advirtió en un mensaje a los dos bandos hoy adversarios del SLA que "deben unirse para negociar por el bien de su pueblo".
Pero activistas aseguraron que la situación humanitaria en Darfur no ha mejorado en el último mes, y urgieron a la ONU a sancionar al gobierno islámico de Sudán, que no desarmó a las milicias árabes que hostigan a la población negra de Darfur, no puso fin a la impunidad ni protegió a los civiles.
"La protección de los civiles no mejoró ni una pizca, a pesar de las muchas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad", dijo la subdirectora de la División África de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Georgette Gagnon.
Gagnon recordó que, a la luz de los acontecimientos, Jartum no debería hacerse cargo en enero de la presidencia rotativa de la UA, como está previsto.
"Eso no debería suceder. Pero la decisión corresponde a la UA", agregó Gagnon, en una conferencia de prensa que brindó en la sede neoyorquina de la ONU junto con Salí Mahmoud Osman, abogado de la Organización Sudán contra la Tortura.
La situación en Darfur no ha mejorado porque las resoluciones de la ONU no se implementaron, dijo Osman a IPS. Por lo tanto, agregó, "la comunidad internacional no es seria al respecto".
Según Osman, Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían intervenir para poner fin al "bloqueo" de las sanciones, del que el abogado responsabilizó a tres miembros del organismo, Argelia, China y Rusia.
A estos países "no les importa mucho la situación humanitaria de Darfur", se lamentó el activista.
A comienzos de mes, los directores de la División África y de la oficina en Washington de Human Rights Watch publicaron una carta abierta al subsecretario de Estado (vicecanciller) de Estados Unidos, Robert Zoellick, quien se reunió en Kenia con representantes de varias partes en el conflicto.
En su carta, la organización urgió a Zoellick que reclame al gobierno sudanés cooperación plena con las agencias de asistencia y de observación de la crisis.
"Le exhortamos a jugar un papel de liderazgo en el Consejo de Seguridad de la ONU, produciendo una resolución a tales efectos", indica la misiva.
La crisis en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzó en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros, ambos de fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron al hostigamiento de los Janjaweed ("hombres a caballo", en árabe), milicias que cuentan con el apoyo del régimen islámico.
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras Ejército para la Liberación de Sudán y Movimiento por la Justicia y la Igualdad.
La violencia en Darfur desplazó a unos dos millones de personas de sus hogares y se cobró 400.000 vidas desde comienzos de 2003. Cientos de miles de personas debieron refugiarse en el vecino Chad.
La Unión Africana, creada en julio de 2002, ha jugado un papel clave en los esfuerzos por poner fin al conflicto sudanés, tomando el liderazgo en las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes y desplegando 3.144 soldados para vigilar el cumplimiento del cese del fuego.
