Algunas de las 180 empresas francesas acusadas de obtener ganancias ilegítimas por el programa humanitario Petróleo por Alimentos en Iraq desacreditan el informe oficial de la ONU al respecto. Otras lanzan investigaciones internas.
El Banco Nacional de París (BNP Paribas), la petrolera Total y la automotora Peugeot negaron las acusaciones de la comisión investigadora de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) dirigida por Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
BNP Paribas consideró incierto que sus servicios "estuvieran marcados por una falta de transparencia o por un conflicto de intereses", tal como asegura el informe Volcker.
"No nos sentimos preocupados por el informe Volcker", dijo a IPS un portavoz de Peugeot. "En nuestras operaciones en Iraq siempre respetamos el marco legal. El informe Volcker no da ninguna prueba en contrario."
También Total negó durante meses cualquier acción corrupta en sus operaciones en Iraq, pese a que las propias autoridades francesas afirmaron que la petrolera pagó hasta cinco millones de dólares en comisiones ilegales a funcionarios iraquíes.
El gobierno francés también advirtió que Total estuvo "profundamente involucrada en numerosas infracciones" a las reglas del programa Petróleo por Alimento.
Este programa, implementado por ONU 1995, abrió un canal para que Iraq vendiera petróleo sorteando el embargo comercial internacional que sufría tras la invasión a Kuwait de 1990, con el fin de obtener dinero para importar alimentos y medicinas.
El programa de la ONU permitió a Iraq vender 3.400 millones de barriles de crudo por 65.000 millones de dólares, entre diciembre de 1996 y marzo de 2003. Las compras de material humanitario con ese dinero fueron fundamentales para aliviar los efectos del embargo en la población.
Pero, según los hallazgos divulgados en octubre por la comisión presidida por Volcker, el régimen de Saddam Hussein transformó el programa en un esquema de corrupción, a través del cual desvió hasta 1.800 millones de dólares.
Selectas empresas privadas participantes en el programa pagaron comisiones ilegales a los más altos funcionarios de Saddam Hussein, depuesto por la invasión estadounidense de marzo de 2003, en procura de jugosos contratos, señaló el informe.
El informe advierte que 2.200 compañías en 66 países operaron ilegalmente con el gobierno iraquí y pagaron comisiones ilegales al régimen para beneficiarse del programa de la ONU.
BNP Paribas administró líneas de crédito y cuentas en custodia para Iraq por valor de 64.200 millones de dólares, y autorizó transacciones relativas a la importación de bienes humanitarios al país por 34.500 millones de dólares.
Según el informe Volcker, el banco no realizó un adecuado control de las cuentas ni cooperó plenamente con los investigadores.
El informe indica que Renault VI, la división de vehículos industriales de la compañía automotora francesa, pagó 6,8 millones de dólares en comisiones ilegales para un contrato por 73,3 millones.
Renault VI ahora es propiedad de la compañía sueca Volvo, cuyo presidente, Leif Johansson, anunció una investigación interna "para determinar qué sucedió realmente".
"Nos tomamos muy en serio que el nombre de Volvo sea mencionado en el informe Volcker", expresó en una declaración. "Si las acusaciones son verificadas y se cometieron actos ilegales, tomaremos medidas."
Según la investigación de la ONU, las empresas francesas fueron favorecidas por el régimen de Saddam Hussein porque Francia, junto con China y Rusia, entre otros países, fueron considerados amigos de Iraq.
Entre las 180 firmas francesas mencionadas en el informe Volcker figuran las subsidiarias de varias compañías estadounidenses y británicas que procuraban beneficiarse del vínculo "amistoso" entre París y Bagdad, indicó el informe.
Los magistrados franceses investigaron a varios políticos, funcionarios del gobierno y empresas locales en torno de las acusaciones de complicidad con el esquema de corrupción iraquí.
El juez Philippe Courroye, fiscal a cargo de estas investigaciones, procesó a dos ex altos diplomáticos franceses y a varios dirigentes políticos.
Jean-Bernard Mérimée, embajador francés en la ONU a comienzos de los años 90, fue formalmente acusado de "tráfico de influencias" y "corrupción de funcionarios extranjeros" por su incidencia en el programa Petróleo por Alimentos.
Mérimée fue acusado de recibir vales por dos millones de barriles de petróleo y de venderlos entre 2001 y 2003 a dos empresas francesas que operaban en Iraq.
La lista de personalidades francesas que supuestamente recibieron comisiones ilegales del régimen iraquí es casi tan larga como la de empresas. Figuran en la nómina el ex ministro del Interior Charles Pasqua, varios empresarios e importantes políticos cercanos al presidente Jacques Chirac.
