Con cuatro cartas abiertas a cada uno de los actores armados de la guerra colombiana, 47 organizaciones indígenas, negras, campesinas, de mujeres, de pobladores y sindicalistas del selvático departamento del Chocó reclamaron respeto a sus territorios y a su autonomía.
Las misivas, emitidas el lunes por el VII Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), pero publicadas un día después, están dirigidas a la cúpula de las rebeldes Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), de izquierda, al presidente derechista Álvaro Uribe y a los jefes de las milicias ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Cada carta advierte que espera una respuesta pública.
"La guerra no es el camino y las armas no son la solución", afirma el texto de organizaciones del noroccidental Chocó, y exige "a todas las partes involucradas en este conflicto (gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, paramilitares y guerrillas) parar la confrontación, iniciar conversaciones serias de paz y respetar a la población civil".
La guerra civil colombiana se inició más de cuatro décadas atrás, con el alzamiento de guerrillas rurales izquierdistas. En los años 80, los grupos paramilitares comenzaron a actuar contra éstas y, según múltiples denuncias e investigaciones, vinculadas con fuerzas del Estado.
Se mezclan en el conflicto la lucha por la tierra y los intereses del narcotráfico, convertido en principal combustible de la guerra. Estados Unidos brinda apoyo financiero y militar al Estado colombiano en su lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.
El FISCH recuerda a los tres grupos armados irregulares que "tienen la obligación de respetar y observar en nuestros territorios el derecho internacional humanitario, que prohíbe a las partes enfrentadas involucrar a los civiles en el conflicto armado interno".
En la misiva al presidente agregan que policía y ejército están obligados a "respetar y garantizar en nuestros territorios los derechos humanos" y recuerdan a Uribe graves denuncias hechas en 2004 por el Foro Interétnico y la Iglesia Católica "sobre la connivencia de grupos paramilitares y fuerza pública que persiste en la región".
Las organizaciones reafirman su rechazo a la siembra, producción, tráfico o consumo de drogas en sus territorios, y dicen a Uribe que omitió atender sus denuncias en 2003 sobre presiones armadas para sembrar coca, materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial.
Por lo tanto, "no aceptamos que se responsabilice a los pueblos indígenas y comunidades negras por unos cultivos impuestos en forma violenta y que se amenace, con este argumento, la expropiación de nuestros territorios", en alusión a advertencias presidenciales en ese sentido.
La carta dice a las FARC y ELN que "no deben permanecer en los territorios de las comunidades negras ni en los resguardos indígenas", y rechaza que las AUC pretendan concentrar a sus desmovilizados en el Chocó, en el marco de la negociación que jefes paramilitares llevan adelante con el gobierno.
Las organizaciones sociales afirman apoyar "el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los actores armados irregulares", aunque "en un marco de respeto por la verdad, la justicia, la reparación y de no repetición" de los crímenes de la guerra.
La ONU estima que las AUC son responsables de 80 por ciento de tales crímenes.
Los grupos del Chocó se manifiestan en contra de que la reinserción de los paramilitares a la vida civil "se convierta en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales", y expresan preocupación por el surgimiento de nuevas estructuras de las AUC en la región, una advertencia que se repite por estos días en Colombia.
En el mensaje a la dirección de las FARC, las organizaciones rechazan la intromisión de esa guerrilla "en los Consejos Comunitarios y en los Cabildos Indígenas, que compromete nuestra autonomía, nuestra identidad cultural, impide el libre desarrollo de las actividades cotidianas, sirve de pretexto para la ausencia de inversión social que debe hacer el Estado", y "afecta nuestra propia seguridad".
Las comunidades negras selváticas se organizaron hace 20 años en consejos comunitarios para afrontar el abandono estatal en Chocó, que registra uno de los más altos índices de pobreza del país.
"Ustedes señalan y estigmatizan a nuestra gente con acusaciones infundadas que no se pueden contradecir y crean un manto de sospecha sobre quienes van y vienen de las zonas rurales a las cabeceras municipales, como supuestos informantes del Ejército", dijo el FISCH a las FARC.
Desde esa región, considerada la más rica del planeta en diversidad biológica, el Foro Interétnico expresa a los paramilitares que "no aceptamos la explotación irracional de nuestros recursos naturales convertidos en botín de guerra a través de megaproyectos, como ocurre con la extracción de madera, oro, platino y otros recursos mineros, y con la imposición de la ganadería extensiva" que promueven las AUC.
Las comunidades y organizaciones añaden que "no compartimos 'la propuesta de desarrollo'" de las AUC para la región "porque, después de invadir el territorio, asesinar y desplazar a nuestra gente, pretenden imponer un modelo que no responde a nuestra cultura y nuestra concepción de Etno-Desarrollo y Plan de Vida".
Las leyes colombianas reconocen títulos colectivos a los territorios étnicos, que tienen estatus imprescriptible, inalienable e inembargable, y establecen el derecho de las comunidades que los habitan a elegir su propio modelo de desarrollo.
Las organizaciones del Chocó rechazan también el "monocultivo de palma africana (promovido por el gobierno y las AUC) que pone en peligro nuestros títulos colectivos, afecta la fragilidad de nuestro ecosistema", y "agrava la crisis alimentaria e implica un largo proceso de acumulación de capital que sólo beneficiará a los grandes inversionistas, en detrimento de nuestras propias comunidades".
Una reciente resolución gubernamental desconoció a las comunidades negras la titularidad sobre 10.162 hectáreas aledañas a los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, al este del río Atrato, donde matanzas paramilitares causaron desplazamientos. Los territorios abandonados son hoy cultivos de palma aceitera, calificados por el ombudsman (defensor del pueblo) como ilegales.
El gobierno y las AUC, estas últimas en trance de legalizar sus fuentes de ingresos, defienden esta agroindustria con el argumento de que generan "empleo".
La decisión sobre la titularidad de las tierras "sólo beneficia a los monocultivadores de palma africana", y "es una forma de desconocer la propiedad privada", advierte el FISCH al presidente.
El Foro Interétnico rechazó también en sus cartas el proyecto de ley forestal del gobierno, al que sólo resta una votación para ser aprobado, así como la proyectada ley del agua, y alienta al presidente a no sancionar esas normas.
"A pesar de que el agua es pública según la Constitución, (el proyecto) pretende que el Estado pueda entregar en concesión los ríos y las fuentes", dijo a IPS el economista Héctor Mondragón.
El proyecto de ley forestal abre la puerta a la explotación maderera de las selvas. Para la Comisión Colombiana de Juristas, se trata de la "privatización de los bosques colombianos y de los territorios" de indígenas y comunidades negras.
El FISCH advierte al presidente sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en el Chocó, "que se manifiesta en comunidades desplazadas o confinadas y que no pueden retornar a sus territorios" por la guerra.
El desplazamiento afecta a cerca de siete por ciento de los 43,7 millones de habitantes de Colombia. Aunque indígenas y comunidades negras suman 11 por ciento de la población, constituyen la cuarta parte de todos los desplazados.
Se trata de grupos que dependen de su relación con la tierra para su supervivencia física y cultural, subrayó este mes el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (Cohre por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, en un informe sosteniendo que en este país andino se desplaza para expropiar.
En la VII reunión del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, celebrado desde el jueves de la semana pasada hasta el lunes 14, participaron unos 300 líderes de consejos comunitarios y cabildos indígenas de la región..
