La imagen del país devastado por la crisis ha quedado casi sepultada por tres años consecutivos de alto crecimiento económico. Pero esos buenos resultados no logran achicar la desigualdad ampliada a grados extremos por el colapso de 2001, un fracaso atribuido a la regresiva estructura fiscal.
En los nueve primeros meses del año, el producto bruto argentino aumentó nueve por ciento, un indicador que permite a los expertos proyectar un crecimiento para 2005 entre 8,8 y nueve por ciento, similar a los registrados en 2003 y 2004.
Muy atrás quedó la depresión que asoló el país desde fines de la década del 90, cuando concluía el ciclo de dos gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), y que luego derivó en el colapso económico, social y político de diciembre de 2001 con el consecuente levantamiento popular y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa a la mitad de su mandato de cuatro años.
Los indicadores de pobreza, de indigencia y desempleo también se reducen con el crecimiento económico iniciado tras la asunción en mayo de 2003 del centroizquierdista Néstor Kirchner. No obstante, aún hay variables muy resistentes.
En ese marco, los obispos católicos señalaron esta semana el mantenimiento de una "escandalosa desigualdad" y advirtieron del riesgo de "manifestaciones de violencia" por esta causa. Esas expresiones fueron respondidas con dureza por el propio Kirchner, quien recordó la complicidad de la jerarquía de esa Iglesia con la sangrienta dictadura militar (1976-1983).
Un estudio del Instituto de Estudios Económicos de la Central de Trabajadores Argentinos, uno de los dos conglomerados sindicales del país, indicó que antes de la crisis los asalariados obtenían un magro 25,4 por ciento en el reparto de los ingresos totales, y que ahora, con la reactivación productiva, consiguen una porción de apenas 19,8 por ciento.
"Es obvio que el modelo de crecimiento no está contribuyendo a reducir la desigualdad", dijo a IPS Ana Rameri, una de las autoras de la investigación.
La experta considera que los todavía elevados niveles de pobreza y desempleo y la política de ingresos y gastos del gobierno de Kirchner no ayudan a la distribución.
Cerca de 40 por ciento de los 37 millones de argentinos siguen en la pobreza, franja en la que había caído más de 53 por ciento tras el colapso, mientras que el índice de desempleo abierto se ubica en 11 por ciento de los activos, aunque ascendería tres puntos porcentuales si se incluyera en esa condición a los beneficiarios de subsidios del Estado por el plan jefes y jefas de hogar sin trabajo.
Pero hay otro aspecto clave de la economía sobre el cual el gobierno no produjo ninguna modificación ni proyecta hacerlo en el mediano plazo. Se trata de la estructura impositiva, considerada muy regresiva por los especialistas, y que no varía desde antes de la crisis, salvo cambios puntuales en ese entonces.
"No es que el sistema impositivo sea la causa por excelencia de una distribución tan inequitativa del ingreso, pero sí decimos que es una herramienta que podría utilizarse para mejorar el reparto y, sin embargo, el gobierno no tiene previsto ningún cambio en este sentido para 2006", advirtió ante IPS la economista Daniela Dborkin.
Esta especialista es una de las autoras del trabajo titulado "Los recursos en el Presupuesto 2006: Nada nuevo bajo el sol", realizado en el marco del no gubernamental Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
En el informe, los expertos del Cippec alertan que en el proyectado de presupuesto para el año próximo de ingresos y egresos que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso legislativo "se mantiene una estructura tributaria regresiva, basada en impuestos al consumo y una presión tributaria similar a la de este año".
Los autores del estudio observan que, pese a que el gobierno enuncia su voluntad de mejorar la equidad del sistema tributario, no hizo cambios desde que asumió en mayo de 2003 ni tampoco se propone hacerlos durante 2006. Ni siquiera se plantea rever los tributos creados en plena crisis para atender la emergencia, remarcan.
En Argentina, la estructura impositiva se apoya principalmente en las cargas sobre el consumo de bienes y servicios, que aportan 50 por ciento de los ingresos y, en menor medida, sobre los ingresos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerado el "principal responsable de la regresividad", representa 30 por ciento de la recaudación fiscal.
Ese impuesto —21,5 por ciento— se carga sobre todos los productos de consumo y, por lo tanto, se carga en especial a los pobres, que deben gastar para su subsistencia todo los que ganan, a diferencia de los ricos que tiene capacidad de ahorro no tributable.
Las iniciativas de rebajar temporalmente parte de la alícuota para los productos de consumo masivo y de primera necesidad, como el pan, leche y azúcar, entre otros, fracasaron en su aplicación y el gobierno decidió de seguir con esta estrategia.
De acuerdo al estudio de Dborkin, la presión tributaria en Argentina es de 22,5 por ciento, un porcentaje muy inferior al de países más ricos y con mejor balance social, como Suecia, pero más bajo también que el promedio de los países industrializados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que llega a 34 por ciento, según el informe.
"Argentina tiene en su estructura impositiva una excelente herramienta para contribuir a mejorar la distribución de la riqueza", dijo la autora. "Sólo falta que el gobierno de señales de querer cambiar ese sistema", opinó.
