Casi dos décadas después de haber ingresado al club de los ricos de la Unión Europea (UE), la pobreza y la exclusión social siguen afectando a buena parte de la población de Portugal.
Contrariando las expectativas de 1986, cuando Portugal ingresó a la entonces todavía denominada Comunidad Económica Europea, la brecha social se acentuó y en la actualidad "los ricos son más ricos y los pobres son más pobres", denunció João Fernándes, presidente del consejo ejecutivo de la organización no gubernamental Oikos-Cooperación y Desarrollo.
Las cifras presentadas por Oikos, más características de los países en desarrollo que del Norte industrializado, indican que las 100 mayores fortunas lusitanas representan 17 por ciento del producto interno bruto del país.
También estos datos, dados a conocer esta semana, registran que el quinto más pudiente de los 10,2 millones de portugueses controla 45,9 por ciento de la riqueza nacional, mientras el quinto del otro extremo vive en estado de pobreza.
Este último segmento de la población, según estadísticas de Euroestat, sube de 20 a 26 por ciento en caso de no considerarse los subsidios a personas en riesgo de pobreza.
Entre los casos más dramáticos, se cuentan 120.000 jubilados de régimen de contribuciones libres, que reciben 201 dólares por mes, otro grupo de más de 272.000 personas del sector agrícola, que cobran 243 dólares, y 708.000 jubilados del régimen general de industria, comercio y servicios, que tienen derecho a 264 dólares mensuales.
Estas cifras sobre el ingreso de más de un millón de jubilados son consideradas de supervivencia mínima si se toma en cuenta que un kilogramo de carne o pescado de mediana calidad cuesta 12 dólares, una factura de electricidad doméstica mensual ronda los 80 dólares, la de gas 40 y de agua 35 dólares.
Sin embargo, estas estadísticas, que parecen mostrar lo más profundo de la injusticia social, en realidad esconden más abajo una suerte de "doble fondo": en agosto de este año, estaban contabilizados 145.263 personas que recibían un ingreso social de inserción de 74,5 dólares mensuales.
En 2001, último año con que se cuenta con estadísticas oficiales, la seguridad social portuguesa gastó en cada ciudadano 56,9 por ciento de lo que habitualmente destinaban a sus habitantes los restantes 14 países miembro de la UE de entonces.
Actualmente, en el conjunto de los 25 países que forman la UE desde el 1 de mayo de 2004 (cuando ingresaron los 10 últimos estados), 72 millones de sus 456 millones de habitantes viven en riesgo de pobreza, que se intenta evitar mediante transferencias sociales con subsidios estatales.
Esos aportes a la franja social en riesgo les hace disponer de un ingreso ligeramente inferior a 60 por ciento del salario mínimo del país donde viven.
Además, la pobreza infantil ha aumentado en general en los países industrializados del Norte y entre los 15 ricos de la UE los peores indicadores al respecto se presentan en Italia, con 16,6 por ciento de los niños en es situación, seguido de Irlanda, con 17,7 , y de Portugal, con 15,6 por ciento.
En cuanto a sueldos, la diferencia entre los más altos y los más bajos en la actualidad entre los 25 estados del bloque europeo en promedio es de cinco veces, mientras Portugal presenta la mayor disparidad de 7,4 veces entre el salario mayor y el menor.
Durante un debate realizado esta semana por la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), que depende de la Iglesia Católica, los participantes coincidieron en que el caso de la pobreza en Portugal no se reduce únicamente a las consecuencias evidentes de dificultad para adquirir bienes materiales, sino también a un problema de ejercicio de ciudadanía..
Invitado a intervenir en el encuentro, el presidente del Consejo Económico y Social de Portugal, Alfredo Bruto da Costa, deploró el hecho de que "nuestras sociedades son libres y consagran el ejercicio de los derechos, pero sin las condiciones necesarias".
Esto se evidencia especialmente en la ciudadanía social, "porque sin que los más pobres tengan acceso a los bienes fundamentales, no es posible que ellos realicen el ejercicio de la ciudadanía política", añadió y calificó el fenómeno de "contradicción entre los derechos proclamados y las condiciones para implementarlos".
La doctrina social de la Iglesia Católica, que consagra el principio del destino universal de los bienes, no logró todavía "influenciar las decisiones de políticos y gobiernos, con las consecuencias nefastas conocidas a nivel de la pobreza", concluyó Bruto da Costa.
La economista Manuela Silva, vicepresidenta de la CNJP, lamentó por su parte la proliferación de lo que calificó de "falsas verdades", en especial en lo que respecta a la contención del déficit, que debería ser "un instrumento y no un objetivo de política económica".
Tras referirse a los progresos alcanzados por Portugal en los últimos años, hizo hincapié en que "no es aceptable que un país que ya logró determinados niveles de ingresos, continúe teniendo tan elevado grado de pobreza", recordando que no sólo es el miembro de la UE con mayor desigualdad entre los 15 países ricos, sino donde este desequilibrio más creció en todo el bloque.
Silva recalcó que ya existen la experiencia y el conocimiento suficientes para desmontar el mito de "crecer primero, repartir después", pero entre la ciudadanía menos informada, aún existe la creencia "que la pobreza es una fatalidad, prácticamente lo mismo que se dice en cuanto a la globalización, que es una fatalidad y no hay nada que hacer".
Las instituciones de la Iglesia Católica deberían "dar una señal más fuerte a favor de otra globalización", sostuvo, a su vez, Isabel Allegro de Magalhães, dirigente del Graal, el movimiento católico de mujeres.
Esta afirmación fue apoyada por el sacerdote jesuita Herminio Rico, al interrogar a los presentes si ¿queremos ser ricos como los más ricos o luchar contra la pobreza en nuestro país y en el mundo? .
Por su parte, el presbítero dominicano Luiz de França lamentó los argumentos de muchos empresarios y administradores católicos, que califican a los análisis de este tipo como "del pasado" o de "tenor marxista".
La solución radical fue propuesta por el padre Francisco Crespo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones de Solidaridad, al proponer que el combate contra la pobreza debería ser coordinado directamente por el primer ministro de Portugal, el socialista José Sócrates.
Sin embargo, para ello sería necesario un abierto reconocimiento del flagelo que cae sobre un quinto de la población portuguesa.
En una nota editorial, el redactor principal del diario Publico de Lisboa, Amílcar Correia, sostuvo que "la pobreza en Portugal es un problema grave y su no reconocimiento se ha revelado últimamente como uno de las mayores trabas a su erradicación".
La pobreza, apuntó Correia, "es encarada aun en la actualidad en la sociedad portuguesa con indiferencia y apatía, tal vez porque se trata de un fenómeno persistente o porque los propios pobres interiorizan el fatalismo de ser pobre, en un país donde el Estado-providencia nunca dejó de ser incipiente".
