El rey Gyanendra, que desde el golpe de Estado de febrero concentra todo el poder en Nepal, anunció que se propone restaurar la democracia para 2008, pero también impuso una férrea censura a la prensa que desmiente su compromiso de conciliación.
Tras desmantelar el gobierno y administrar Nepal a través de un gabinete puesto a dedo, el compromiso de convocar a elecciones parlamentarias para 2007, un año antes de lo previsto, pudo haberse interpretado como una señal alentadora en un país donde parece agotarse la esperanza.
Durante casi 10 años, la población nepalesa ha estado atormentada por una sangrienta guerra entre insurgentes maoístas y fuerzas de seguridad que ha dejado más de 12.000 muertos, la mayoría campesinos inocentes.
La incapacidad del gobierno depuesto para acabar con la guerrilla fue la excusa del golpe de Estado del 1 de febrero. Desde entonces, la situación política en Nepal está polarizada entre el palacio real y los partidos políticos.
La esperanza de que el anuncio de elecciones fuera un paso hacia la reconciliación se evaporó abruptamente, sin embargo, cuando se conocieron las nuevas leyes de prensa impuestas por el rey Gyanendra.
Estas normas prohíben, paradójicamente, referirse de forma negativa a los partidos políticos, pero también al monarca y a cualquier miembro de la familia real.
Además, disponen que una misma empresa se vea incapacitada de operar al mismo tiempo medios de prensa, emisoras de radio y canales de televisión, medida a la que observadores consideran dirigida contra el grupo Kantipur, que se ha manifestado en favor del proceso democrático.
Las nuevas leyes prohíben, además, la difusión de noticias a través de estaciones de frecuencia modulada, tipifica las transgresiones a las normas de prensa como delito penal y multiplica por 10 las penas que se aplicarán a quienes las cometan.
El Consejo de Prensa del gobierno tiene ahora la potestad de cancelar las acreditaciones de los periodistas a los que considere violadores de la ley de prensa.
"Es muy difícil rescatar algo positivo de lo que ha hecho el gobierno, incluso en el anuncio de las elecciones. No se puede hablar de elecciones y al mismo tiempo aprobar este tipo de ordenanzas", dijo el coordinador del Movimiento de Ciudadanos por Democracia y Paz, Devendra Raj Panday.
En los últimos meses, esta organización realizó numerosas manifestaciones pacíficas en Katmandú, y consiguió atraer a miles de personas para protestar contra el golpe de Estado.
Como muchos otros en Nepal, Panday, un ex empleado del Estado, cree que las decisiones del monarca tienen raíces profundas.
"Esto se veía venir. No sólo cuando el 1 de febrero depuso al gobierno que él mismo había nombrado, sino ya en octubre de 2002", cuando disolvió el parlamento electo, dijo Panday a IPS.
"Muchos sentimos que quería seguir el mismo camino que Musharraf", agregó el activista, refiriéndose al general Pervez Musharraf, quien en 1999 encabezó un golpe de Estado en Pakistán y dos años más tarde se autoproclamó presidente de ese país.
El golpe palaciego del rey Gyanendra incluyó en su momento el corte de todas las líneas telefónicas en Nepal, un pequeño país situado en la cordillera del Himalaya, junto a Tibet, rodeado al sur, este y oeste por India y al norte por China.
Tras el golpe sobrevino un estado de emergencia que se extendió por tres meses, durante el cual miles de activistas, periodistas o simples sospechosos de disentir con las autoridades fueron arrojados a prisión o se les impidió viajar al extranjero, e incluso dentro de Nepal.
El levantamiento del estado de emergencia permitió la liberación de muchos presos políticos y abrigar esperanzas de que el monarca estaba dispuesto a devolver el poder a la ciudadanía.
Pero desde entonces, el consejo que asiste al rey aprobó una serie de ordenanzas que suponen un férreo control social.
Del mismo modo, el Consejo de Bienestar Social, constituido para "ayudar" a las organizaciones no gubernamentales, ahora fue autorizado a "supervisar" las actividades de esas instituciones de acuerdo con el código de conducta que él mismo elaboró.
El representante de Nepal en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el día 5 que ese código "impondrá restricciones a la membresía, objetivos y programas de acción, al acceso a la financiación y a la afiliación a otras organizaciones nacionales e internacionales".
Según el funcionario diplomático nepalés, tales afiliaciones son "incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
Las modificaciones de la legislación laboral también fortalecen al gobierno. Entre otras cosas, permiten a las autoridades designar a algunas industrias como "basadas en el orden". En ellas, los trabajadores podrán ser despedidos con apenas 15 días de aviso y aumentará el periodo de prueba de los nuevos empleados.
"No considero en forma aislada ninguna de estas medidas tomadas por el rey, sino como parte de un todo", expresó Panday, quien abandonó el personal del Estado para sumarse a la movilización popular callejera que logró en 1990 imponer la democracia multipartidista.
"Debemos preguntarnos cuáles son sus motivaciones, qué es lo que trata de hacer, que tipo de régimen pretende, y con qué tipo de gente cuenta", sostuvo. "El rey quiere centralizar todo el poder en el palacio real."
La única buena noticia, para Panday, es el cese del fuego por tres meses declarado unilateralmente por los guerrilleros maoístas el 3 de setiembre.
El gobierno, sin embargo, se rehusó a corresponder a la medida dejando de lado él mismo las armas, con el argumento de que desconfía de los rebeldes.
Pero incluso el cese del fuego es un victoria a medias: la cantidad de víctimas ha disminuido pero los maoístas continúan cobrando "impuestos" a los campesinos y secuestrando a estudiantes y docentes para "reeducarlos".
Los soldados aprovechan la tregua para atacar a los rebeldes desarmados y a sospechosos de simpatizar con ellos.
En su anuncio, el rey Gyanendra también fijó la fecha de las elecciones municipales para el 8 de febrero próximo.
Los principales partidos políticos ya han manifestado que boicotearán el llamado a las urnas a menos que el gobierno restaure el parlamento disuelto.
Esta semana, los partidos anunciaron que a la brevedad reanudarán por sí mismos el diálogo de paz con los insurgentes, lo que motivó al gobierno a calificar a los políticos de "terroristas".
El gobierno se rehúsa a aceptar la mediación internacional, ni da señales de que pueda derrotar militarmente a los rebeldes ni de alcanzar un acuerdo con los partidos.
Mientras, el cese del fuego maoísta y las conversaciones de paz entre partidos políticos e insurgentes dan, al menos, un respiro y un poco de esperanza al sufrido pueblo nepalés. (
