Indígenas que defienden sus tierras y el ambiente protestan contra el gobierno de Venezuela, pese a algunas acciones oficiales para materializar derechos constitucionales de una treintena de etnias originarias.
La explotación de carbón en el extremo noroeste fronterizo con Colombia "trajo deforestación, contaminó los ríos y el aire, y enfermó a muchos hermanos. Las compañías mineras deben salir", dijo a IPS la activista wayúu Ángela González.
"No somos mineros, sino sembradores, pastores y pescadores. Las compañías acaban con la cultura de la siembra. Por eso, si nos dan un título de tierras sin sacar a esas empresas, lo rechazaremos", señaló Leonardo Martínez, líder yucpa de El Tokuko.
El Estado venezolano asoció a su empresa Carbozulia a las trasnacionales Vale do Rio Doce (Brasil), Anglo American (Sudáfrica-Gran Bretaña), Shell (Holanda-Gran Bretaña), Ruhrkohle (Alemania) y Chevron-Texaco (Estados Unidos) para explotar desde 2006 minas que triplicarán la producción actual de ocho millones de toneladas anuales.
Por cada tonelada de carbón extraída "se mueven entre cuatro y siete toneladas de escombros, devastación que no sólo amenaza el hábitat de los indígenas del noroeste sino las fuentes de los ríos que llevan agua a Maracaibo", la segunda ciudad del país, advirtió a IPS el antropólogo Lusbi Portillo, de la organización no gubernamental Homo et Natura.
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El gobierno no responde al reclamo indígena, aunque la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría, dijo que prefería dar prioridad a las necesidades de agua de Maracaibo y de los aborígenes de poseer sus tierras.
La empresa Carbozulia había afirmado que las minas a explotar no estaban en terrenos que el Estado adjudicaría a los indígenas.
La defensa del ambiente se yuxtapone a la demanda aborigen de que, con su participación, se demarquen los territorios que les pertenecen como propiedad colectiva, según manda la Constitución de 1999, que dedicó un capítulo completo a los derechos de los pueblos originarios.
"Nuestra mayor conquista ha sido el reconocimiento y visibilidad que nos dio la Constitución", dijo a IPS José Poyo, líder del no gubernamental Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), "y a la vez trae la principal reivindicación que ahora hacemos, como es la entrega en propiedad colectiva de la tierra que habitamos"" agregó.
El Conive reconoce 35 etnias indígenas en Venezuela, que hablan 30 lenguas más algunos dialectos, y reúnen a 580.000 individuos, en 2.500 comunidades, la mayor parte establecidas en estados fronterizos, en este país de 26 millones de habitantes.
Los indígenas eligen tres diputados al parlamento nacional, de 165 escaños, y una decena de parlamentarios regionales en los estados donde habitan.
"Reconocemos en (Hugo) Chávez (promotor de la Constitución de 1999) al presidente que más se ha ocupado de nosotros, que ha entregado ya títulos de propiedad colectiva sobre 800.000 hectáreas", dijo Poyo. "Además, creó la Misión (programa) Guaicaipuro, para la delimitación de tierras, y expulsó a las Nuevas Tribus".
Los misioneros de las Nuevas Tribus, una organización evangélica con sede en Estados Unidos e implantada hace 60 años en el sur de Venezuela, deberán abandonar el país en breve por orden del gobierno, aunque algunos grupos evangélicos y representantes de comunidades indígenas donde han actuado iniciaron querellas contra la medida.
Pero el problema que soportan casi todas las etnias es que "no contamos con respaldo efectivo para desarrollar los proyectos con los cuales incorporarnos a la producción, a la vida económica del país. Hay mucha lentitud y burocracia", dijo Poyo.
El 12 de octubre, rebautizado por el gobierno como "día de la resistencia indígena", Chávez entregó en las llanuras del sur títulos de propiedad colectiva de tierras a varias comunidades, motores para botes, reses, vehículos y créditos.
"Pero eso ya no sirve para los miles y miles de indígenas que han ido a los cinturones de miseria en ciudades como Maracaibo, donde hemos desarrollado unos 90 barrios", dijo Ember Iguarán, dirigente de la organización Tawala (hermandad, en lengua wayunaekee).
Más de la mitad de los indígenas venezolanos son wayúu, etnia que habita la península de la Guajira, compartida por Colombia y Venezuela, y tradicionalmente se han dedicado al pastoreo y el comercio y, en menor medida, a la pesca y la artesanía.
Decenas de miles viven en el norte y noroeste de Maracaibo "y muchos carecen de escuelas, viviendas, servicios de agua y gas. Seguimos siendo una sociedad muy maltratada por el Estado y la llamada sociedad civil", dijo Iguarán.
Si en Maracaibo y en pequeños pueblos del noroeste se ocupan del comercio, la mayoría de las veces informal —en ocasiones también del contrabando y la integración de grupos de vigilancia privada que rayan en la ilegalidad—, en otras ciudades la presencia de los indígenas casi siempre es sinónimo de mendicidad.
Es el caso de Fidelia, una madre warao (etnia que habita el oriental delta del Orinoco) que viaja varias veces al año entre su lugar de origen y Caracas, para pedir limosna instalada junto a una avenida del este residencial. "A veces consigo 10, a veces 15 dólares. Volveré para reunir dinero en Navidad", relata.
Áreas de algunas plazas y parques de Caracas son convertidas en esporádicos campamentos por familias de indígenas warao, dedicadas a la mendicidad. Uno de ellos argumenta que "no hay trabajo en el Delta", zona en cuya vecina plataforma atlántica varias trasnacionales comienzan prospecciones en busca de gas natural.
La explotación de minas o hidrocarburos también es blanco de quejas y protestas en el sudeste venezolano, en cuya Sierra de Imataca el gobierno prevé autorizar explotaciones de oro, diamantes y maderas. Atrás quedó, entretanto, la protesta indígena por el tendido eléctrico que lleva el fluido hasta Brasil.
Pero el flanco más conflictivo está actualmente en el noroeste, por la oposición de los pueblos indígenas a la explotación de carbón, un proyecto largamente acariciado por el gobierno de Chávez dentro de la alianza estratégica que ha tejido con Brasil y la inclusión de Venezuela en el Mercado Común del Sur, Mercosur.
"Los indígenas que hoy reclaman forman parte de la población que le retiró apoyo a los partidos políticos tradicionales y se unió a Chávez desde 1998 (cuando el teniente coronel retirado fue elegido presidente por primera vez), y ahora consideran que no debe haber entrega de sus derechos para beneficiar a trasnacionales", dijo Portillo.
"Al discutir por su hábitat, el tema de la tierra es el más vistoso, pero no el único", sostuvo el antropólogo. "La comunidad añú —etnia de unas 3.000 personas que habitan la laguna de Sinamaica, entre el río Limón y el noroccidental Golfo de Venezuela— ni siquiera quiere discutir la depredación que traerá la construcción de un puerto de aguas profundas en la zona para precisamente exportar el carbón".
Y también se sostienen pleitos por la reivindicación indígena sobre propiedades de ganaderos en lesa zona y que los aborígenes consideran parte de su hábitat.
A la finca Ceilán, ocupada por una comunidad yucpa en la colombo-venezolana Sierra de Perijá, llegaron a mediados de mes a bordo de un camión 20 individuos armados que asaltaron el asentamiento, destruyeron unas 50 chozas e hirieron a siete indígenas.
"El gobierno deberá decidir, buscar salidas. Pero los indígenas van a resistir y a protestar con nuevas marchas en lo que resta del año, en Maracaibo y Machiques (junto a la Sierra), y el próximo enero ante el Foro Social Mundial que se reunirá en Caracas", aseveró Portillo.
