La apelación interpuesta al fallo del tribunal que anuló el juicio y las condenas aplicadas a cinco cubanos presos en Estados Unidos, por supuesto espionaje, puede prolongar indefinidamente el caso, advirtieron abogados vinculados a la defensa.
"Este es un juicio político y no se sabe lo que puede pasar, por dónde vienen las presiones", dijo a IPS Roberto González, abogado cubano y cooperante activo del equipo de la defensa del grupo de detenidos.
Según este profesional, su hermano René González y Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Fernando González fueron sentenciados en 2001 en Miami a severas condenas de cárcel en un proceso "manipulado políticamente" por Washington.
"Estamos ante un caso en que las instituciones legales se han usado para mantener presas a estas personas y se ha violado el derecho al debido proceso", sentenció González, quien nació en Estados Unidos y por tanto tiene doble nacionalidad, igual que su hermano.
El pasado 9 de agosto, un tribunal de apelaciones de la sudoriental ciudad de Atlanta anuló el juicio y las sentencias, tras considerar que el proceso no fue imparcial por los "prejuicios" de la comunidad cubana anticastrista de Miami.
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"Era evidente que estos grupos (de exiliados) podían hacer daño a los jurados si la decisión era desfavorable a sus intereses", afirmaron en su fallo los jueces Stanley Birch, Phyllis Kravitch y James Oakes.
La decisión de estos magistrados agrega que los acusados deberían ser juzgados en un lugar alejado de prejuicios y presiones externas. "Un cambio de sede es el pilar del debido proceso", opinó González.
Sin embargo, la Fiscalía Federal de Miami solicitó a esa Corte el 28 de septiembre reconsiderar el caso en pleno, es decir con sus 12 jueces, porque cree que la decisión contradice otras de la Corte Suprema y del Circuito.
"Los jueces no tienen término (para actuar), aunque lo que dice la práctica es que la revisión de un fallo de la Corte de Apelaciones no se favorece, salvo que se demuestre una causal muy fuerte", comentó González.
Al ser arrestados, el 12 de septiembre de 1998, los cinco cubanos fueron acusados de conspirar para hacer daño a Estados Unidos y de ser agentes de un estado extranjero sin previa notificación al Fiscal General, las únicas imputaciones que siguen pensado hoy sobre René González.
A los demás le agregaron otros cargos más graves aún. A Hernández, Labañino y Guerrero les imputaron conspiración para cometer espionaje, y a los dos primeros más Fernando González el de poseer falsos documentos de identidad.
Siete meses después del arresto, asimismo, se acusó a Hernández también del delito de conspiración para cometer asesinato, que por ello había sido condenado el 12 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión.
La prisión de por vida recayó, asimismo, sobre Labañino y Guerrero, con el añadido de 18 y 10 años de cárcel, respectivamente. René González fue sentenciado a 15 años de prisión y Fernando González a 19.
Mientras, el abogado González aclaró que el fallo de la Corte de Apelaciones Atlanta no anuló, empero, los cargos de espionaje y conspiración para el asesinato, pese a la falta de evidencia para probarlos.
Esto significa que los cubanos presos en Estados Unidos podrán ser juzgados nuevamente por esas mismas acusaciones, pese a que no se les encontró nada que afectara a la defensa o seguridad de ese país del Norte.
Varios militares estadounidenses de alto rango, presentados durante el proceso de Miami como peritos de la defensa, afirmaron que ninguna de las evidencias presentadas probaba el delito de conspiración para espionaje.
Los cinco detenidos admitieron sólo haber sido agentes del gobierno cubano de Fidel Castro, pero dijeron que estaban espiando a grupos de exiliados "terroristas" opositores a La Habana, pero no a Washington.
Fuentes gubernamentales cubanas han alertado que esos sectores de la emigración son responsables de numerosos actos criminales no sólo en Cuba, sino en otros países, causando inclusive la muerte de personas.
Entre esos actos criminados se cuentan 37 cometidos en México, 33 en Puerto Rico, 25 en Canadá, 17 en Perú, 15 en Bahamas, nueve en Jamaica, ocho en Chile y cinco en Argentina, señaló en junio Manuel Hevia, director del Archivo Histórico de la Seguridad del Estado de Cuba.
"Ser agente de un Estado extranjero no es un delito en Estados Unidos. En este caso, ellos violaron la disposición de registrarse ante las autoridades, pero no podían hacerlo por la negativa de ese país a cooperar con Cuba en el tema del terrorismo", indicó González.
En un eventual nuevo juicio, la defensa insistirá en la doctrina del derecho estadounidense de la justificación o necesidad, de acuerdo con la cual se puede violar la ley cuando no existe otra alternativa ante la posibilidad de violencia o daño físico.
"En el proceso que los condenó, la jueza Joan Lenard impidió que el jurado viera el caso bajo la óptica de esa doctrina, porque limitó la evidencia, al no permitir que se hablara de las acciones terroristas cometidas contra Cuba con anterioridad", sostuvo González.
Para el abogado, otra de las "claves" está en que este caso daba a Estados Unidos la posibilidad de demostrar que Cuba es una amenaza para ellos, sin embargo "lo silenciaron porque no tuvieron evidencia".
"Lo que se constituye como espionaje es aquello que el gobierno de Estados Unidos protege especialmente y afecta la defensa nacional del país.. Lo dice la Ley. Todo lo que los acusados buscaron está en fuente pública", comentó.
Washington intentó, sin éxito, negociar con los detenidos para que reconocieran los cargos de conspiración para cometer espionaje y conspiración contra Estados Unidos, según las respectivas acusaciones.
"De haber aceptado la propuesta es casi seguro que ya estarían en la calle", acotó González. Entre el momento de la detención y la condena, los cinco acusados estuvieron 33 meses en prisión preventiva, e incomunicados durante 18 de ellos.
El 14 de julio, un panel de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias concluyó que el encarcelamiento de estas personas es arbitrario y viola el derecho internacional e instó a Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para remediar ese hecho.
Tras el fallo de Atlanta, Cuba incrementó su campaña por la liberación del grupo, reclamada también por centenares de intelectuales de todo el mundo en carta abierta al Fiscal General de Estados Unidos, que circula desde agosto.
"La situación ha cambiado en comparación a dos años atrás, el caso se conoce en todo el mundo", remató González.
