Los más de un millón de personas radicadas en ciudades de Colombia tras ser expulsados de sus poblados por paramilitares de derecha, guerrilleros izquierdistas y el ejército, reciben escaso apoyo del gobierno, según funcionarios de la ONU y activistas.
"Ésta es, por lejos, la mayor catástrofe humanitaria del Hemisferio Occidental (América), y gran parte del sufrimiento de estas personas sigue siendo desconocida", dijo Jan Egeland, subsecretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para asuntos humanitarios.
En un foro sobre los desplazados en Colombia, Egeland urgió a "arrojar luz sobre esta emergencia olvidada". "No estamos haciendo lo suficiente. Debemos hacer más."
Observadores advierten que, al contrario que su antecesor Andrés Pastrana, el presidente Álvaro Vélez parece más dedicado en derrotar a la insurgencia izquierdista a través de las armas que a la negociación pacífica.
Esa estrategia empuja a miles de personas a países vecinos como Panamá y Ecuador, así como a regiones colombianas lejos de sus hogares, aseguran.
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"La nueva estrategia sumergió a más civiles dentro del conflicto" armado, dijo Víctor Arango, experto en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"En 2004, los grupos armados 'desplazaron' a un promedio de 863 personas por día", según Arango, para quien las empobrecidas comunidades negras e indígenas son las más afectadas por el conflicto.
Según estadísticas del gobierno, más de un millón de desplazados buscan seguridad, acceso a servicios públicos y empleo en 16 de las principales ciudades de Colombia.
"El ejército ha recuperado el control de vastas áreas del territorio nacional, pero eso ha afectado las vidas y libertades de los civiles", sostuvo Arango, quien atribuyó la mayor parte de los desplazamientos a la lucha de las fuerzas armadas contra insurgentes y narcotraficantes.
La misionera franciscana Albastella Barreto, directora de la Fundación Paz y Bien de la ciudad de Cali, consideró que "hay desalojos y desplazamiento porque ciertas personas quieren ocupar territorios de pueblos indígenas".
La mayoría de los desplazados son pequeños hacendados y, después de huir, sus predios son utilizados para realizar cultivos ilegales, según la activista.
"Muchas familias también debieron irse de sus hogares por las fumigaciones. Cuando sus campos son rociados, el suelo termina destruido por los pesticidas. El cultivo es imposible durante mucho tiempo. Deben irse. Ese motivo de desplazamiento no es reconocido por el gobierno colombiano", agregó.
Barreto sostuvo que, en muchos casos, el ejército acusaron a familias de campesinos de ayudar a los guerrilleros y, por lo tanto, los amenazaron, obligándolos a abandonar sus haciendas.
"Roban nuestro territorio, matan a nuestra gente y nos desplazan", dijo el legislador colombiano Ventura Díaz, quien urgió a la ONU a tomar medidas contra las tomas de campos.
Aquellos que logran refugio en otros países obtienen, de acuerdo con el derecho internacional, ayuda alimentaria y techo, pero los desplazados internos dependen por lo general de la ayuda del Estado colombiano, explicó Arango.
Según organizaciones internacionales de derechos humanos, algunos programas gubernamentales dirigidos a los desplazados carecen de soluciones de largo plazo, como medidas destinadas a la reinserción de los afectados en la comunidad.
"El gobierno se limita a mantener una actitud militar concentrada en reducir a los guerrilleros. Y el enemigo del Estado es la guerrilla, no los paramilitares", dijo Barreto, quien ha ayudado a miles de desplazados.
"Todos los recursos se canalizan hacia los programas militares, de modo de presionar y reprimir a los insurgentes", agregó la religiosa.
La ofensiva del gobierno logró reducir los secuestros, pero "la guerra aún persiste y la mayoría de la gente carece de seguridad, muchos tienen temor y huyen" a grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde quedan abandonados a su suerte.
"Muchas veces, los funcionarios dicen: 'No, usted no parece un desplazado', y la gente le contesta: '¿A qué se parece un desplazado?'", explicó Barreto. "Muchos temen hacer declaraciones en oficinas gubernamentales, por temor a la persecución, la intimidación, los insultos y la represión."
Por lo tanto, las estadísticas son incompletas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que el gobierno ha registrado en los últimos 10 años a 1,6 millones de desplazados, pero la cifra real puede superar los dos millones.
"Demasiados se niegan a registrarse, en particular aquellos obligados a huir por la fumigación de cultivos de coca y los desplazados dentro de sus propias ciudades. Sin el registro, con frecuencia se les niega la ya limitada ayuda del Estado", sostuvo Arango.
El sistema público de salud también ha demostrado incapacidad para afrontar el problema, y la mayoría de los desplazados son mujeres, niños y niñas.
Algunos programas, como Familias en Acción, suministran unos 75 dólares mensuales a cada familia de desplazados durante seis meses. Otros solventan la educación de los niños.
"Pero no es suficiente para las familias que perdieron todo lo que tenían. Ni con todo el dinero del Plan Colombia podríamos cambiar la vida de tres millones de desplazados", según Barreto.
Colombia es el tercer receptor de asistencia de Estados Unidos al extranjero, detrás de Israel y Egipto. La mayor parte de esa ayuda se concentra en el Plan Colombia, al que Washington ha asignado 1.300 millones de dólares.
Sus metas son la revitalización económica y social a través del fin de la lucha armada, así como la implementación de una estrategia antidrogas basada sobre la fumigación.
