Considerable oposición soporta una propuesta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), para que las empresas de telecomunicaciones retengan datos personales de los usuarios.
De aprobarse, la directiva obligaría a estas compañías a almacenar datos sobre todas las llamadas de telefonía fija y móvil durante un año, incluyendo las efectuadas pero no contestadas, los faxes y los mensajes de correo electrónico (por seis meses), dentro del bloque de 25 países, con el fin de que sirvan para un eventual rastreo de sospechosos de terrorismo.
Los proveedores de servicios de conexión a Internet tendrán que almacenar información como fecha, hora, duración y tipo de comunicación (mensajes de voz, de texto y otros). Y en el caso de los teléfonos celulares, se incluiría la ubicación al comenzar y al finalizar la llamada.
La propuesta, presentada el 21 de este mes, no abarca el contenido de la comunicación.
La Comisión no argumentó sobre la necesidad de implementar estos controles. Simplemente anunció que se necesitaban "reglas que garanticen la disponibilidad del tráfico de datos para propósitos antiterroristas a través de los 25 estados miembros".
Algunos países de la UE han presionado por estas medidas desde los ataques contra cuatro trenes que el 11 de marzo de 2004 dejaron casi 200 muertos en Madrid.
Finlandia, Austria y Alemania se opusieron a un proyecto anterior, preparado por Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Suecia, y presentado a los ministros de Justicia y del Interior, preocupados por los costos que implicaría para los operadores de telecomunicaciones.
El texto de los ministros también fue criticado por el Parlamento Europeo —el único organismo democráticamente elegido de las instituciones de la UE— y por organizaciones defensoras de las libertades civiles.
"La retención de datos es una herramienta invasiva que interfiere con las vidas privadas de todos en Europa", dijeron en una carta abierta al Parlamento Europeo en junio las organizaciones European Digital Rights (Derechos Digitales Europeos), Privacy International (Privacidad Internacional) y Statewatch (Control de los Estados), que defienden los derechos civiles.
Allí declararon que "retener datos personales de todos es una práctica ilegal en términos del artículo ocho de la Convención Europea sobre Derechos Humanos".
Varios miembros del Parlamento Europeo también se opusieron a la propuesta. "¿Hasta qué punto el sistema es compatible con el derecho a la vida privada y familiar tal como está definido en el artículo ocho de la Convención Europea?", se preguntó Alexander Nuno Alvaro, el relator alemán durante el debate parlamentario.
"¿Hasta qué punto es compatible con las garantías fundamentales consagrados en nuestras constituciones nacionales, tales como el derecho a determinar la apertura y el uso de los datos personales y el derecho a la privacidad telefónica?", agregó.
Muchos legisladores afirmaron que el registro y retención de datos sería una medida desproporcionada y cuestionaron su necesidad y eficacia, y los altos costos para la industria y los usuarios de las telecomunicaciones.
Un problema considerable del primer proyecto fue el papel estrictamente consultivo dado al Parlamento Europeo, pues los legisladores intentaron obtener poderes equiparables a los del Consejo Europeo (de ministros de los 25 países) sobre el texto.
La nueva propuesta de la Comisión apunta exactamente a eso. También propone periodos de retención más cortos que el texto inicial. Pero esto no significa que haya consenso sobre el contenido.
"Rechazamos la propuesta de la Comisión tanto como el proyecto de los ministros de Justicia e Interior", dijo a IPS un portavoz de European Digital Rights. "Ambos son muy similares. La propuesta de la Comisión sólo difiere en un periodo de retención más corto".
European Digital Rights y Transparencia Internacional se oponen a cualquier forma de retención sistemática, y han emitido una petición en Internet bajo la consigna "la retención de datos no es la solución", que aseguran ya ha sido firmada por más de 47.600 personas.
Pero el relator Alexander Alvaro, señaló en un comunicado que "haber logrado un poder de decisión conjunto (de ministros y legisladores) en esta área importante es un éxito para las prerrogativas del Parlamento". A primera vista, el proyecto de la Comisión parece estar "en la dirección correcta", añadió, pero se rehusó a hacer más comentarios sobre su contenido.
Además, no es seguro que el proyecto de los ministros sea retirado. Gran Bretaña, que ocupa la presidencia del Consejo Europeo hasta fin de año, aspira a adoptar un acuerdo antes del fin de su período.
"Si la presidencia (del Consejo) puede obtener garantías del Parlamento de que la propuesta de la Comisión será adoptada antes de fin de año, probablemente estará de acuerdo con retirar la propuesta ministerial", dijo a IPS un funcionario de la Comisión.
